La administración de Nayib Bukele ha sido cuestionada por la oposición y organismos internacionales de violar la Constitución para consolidar su proyecto político, al que señalan de autoritario y para su defensa Bukele emplea desinformación.
La mañana del 1 de junio se realizó la ceremonia de investidura inconstitucional de Nayib Bukele como presidente para un período de cinco años, en medio de cuestionamientos sobre su legalidad.
En 2019, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador, recetó una "medicina amarga" para curar los males que presentaba el país. Cinco años después, la prescripción ha provocado autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y medidas económicas polémicas.
Para la creación de la Constitución vigente se realizó una elección para que los salvadoreños eligieran a los integrantes de la Asamblea Constituyente y no hubo una autoproclamación como afirmó el vicemandatario electo.
La cooperativa financiera está siendo intervenida por la Fiscalía debido a investigaciones por presunta defraudación a la economía pública por un monto de $35 millones, un informe de Acción Ciudadana, con datos del Ministerio de Hacienda, indica que esta fue donante del partido gobernante al menos en el año 2020.
Durante la legislación 2021-2024, el oficialismo prácticamente no tenía oposición para desarrollar su agenda, sin embargo el número de propuestas y dictámenes fue inferior que el periodo previo.
Expertos señalan que las acciones de los diputados ignoran sentencias de la Sala de lo Constitucional y que la misma Constitución prohíbe reformar ciertos artículos.
Durante la campaña electoral para los comicios generales, los partidos opositores en contienda denunciaron la falta del pago del adelanto de la deuda política y una desventaja frente al oficialismo que contaba con recursos y el aparato del Estado para realizar sus actividades.
Mientras el vicepresidente Félix Ulloa dice que se está en el momento propicio para impulsar una reforma de la Carta Magna, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, señala que no lo están evaluando aún.
El magistrado Noel Orellana aseguró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene la facultad de exigir al Ministerio de Hacienda el pago de la deuda política a los partidos contendientes en las elecciones. Señala que la única capacidad que poseen es brindar una certificación del resultado de las elecciones. Esto es engañoso
