Algunos medios internacionales han afirmado recientemente que la crisis financiera de El Salvador se debe casi exclusivamente a la apuesta del Gobierno por el bitcóin, pero el deterioro económico actual se ha desarrollado en más de una década.
Oscar González
Infodemia conversó con Romel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), sobre la crisis fiscal en El Salvador para comprender de mejor manera la coyuntura actual, que se ven acentuada por la tendencia a la baja del bitcóin. Para el economista, aunque los temas están estrechamente relacionados, es importante diferenciarlos.
Rodríguez explicó que la situación fiscal del país es de “un patrón de deterioro que se viene dando desde hace muchos años”.
“No es algo nuevo. Es un proceso gradual en el cual las finanzas públicas van registrando déficits fiscales altos, es decir, que los ingresos tributarios o fiscales no son suficientes para cubrir los gastos, y por lo tanto se requiere financiamiento”, agregó.
Ese financiamiento se obtiene a través de la deuda pública la cual, según el Portal de Transparencia Fiscal, son las obligaciones monetarias que, de ser directas, son contraídas por el Estado. Esta deuda puede ser interna (sistema financiero, personas naturales o jurídicas) o externa (organismos internacionales).
Para el economista, en relación a la crisis actual hubo dos momentos importantes en los últimos 14 años. El primero es la crisis financiera internacional que estalló en 2008 y, más reciente, la pandemia por Covid 19.
Con la crisis de 2008 y 2009 —debido a que esta se extendió tras su estallido—, “hubo una gran contracción en la economía nacional y los ingresos tributarios cayeron bastante”, dijo Rodríguez y agregó: “El proceso de recuperación fue lento. Para el año 2013, terminamos con una deuda pública que había incrementado”.
Para tratar de “palear esa brecha —explicó Rodríguez—, el Gobierno realizó reformas tributarias para generar más recursos, “pero ni aún así fue suficiente para cerrar la brecha fiscal”.
Otro tema que va generando “presión” en relación a la situación fiscal son las pensiones: “Hacia el año 2017, esa presión era muy alta ( y por ello) que se hace una reforma al sistema de pensiones”, explicó Rodríguez.
Cuando se da la transición de Gobierno entre Salvador Sánchez Cerén y Nayib Bukele, en 2019, continuaba el deterioro de las finanzas públicas, dijo el especialista, pero no se contaba, en ese momento, con lo que sucedió un año después: el impacto de la pandemia por Covid-19 en la economía.
“La pandemia fue un cierre que tuvo la economía. El gobierno de turno tuvo planes de estímulo que lo que buscaban era reactivar la economía y hacer que la población al menos llevara más fácilmente la situación de encierro”, comentó.
En ese momento, además del presupuesto aprobado en 2020, la Asamblea Legislativa dio luz verde a que el Gobierno se pudiera endeudar con 3,000 millones de dólares para supuestamente hacer frente a la crisis generada por el coronavirus.
“Esto genera una gran cantidad de liquidez. Pero, ya a partir del año 2021 es cuando comienza este ciclo en el que esa deuda que contrajimos hay que comenzar a pagarla. Y esta se suma a la deuda que ya traíamos anteriormente, la cual ya era alta”, acotó el economista. De hecho, en los próximos años, El Salvador debe saldar deudas de millones de dólares: en 2023, debe pagar una deuda de $800 millones y en 2025 una de de $1,000 millones.
“Estamos en una situación fiscal de impredictibilidad”, apuntó Rodríguez.
La “alternativa práctica” era la de aceptar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por alrededor de $1,300 millones. Sin embargo, el FMI instó al Gobierno salvadoreño a eliminar Bitcoin como moneda de curso legal porque “puede traer riesgos significativos”.
Sin embargo, Bukele ha hecho caso omiso del mensaje del FMI, a pesar de la necesidad que tiene el país de ese acuerdo para hacer frente a la crisis fiscal. No solo eso. Bukele continúa insistiendo en apostar por el bitcóin a pesar de la tendencia a la baja de la criptomoneda y las pérdidas que ha generado la caída en el precio del Bitcoin —las pérdidas acumuladas se calculan en $36.1 millones—.
Por otra parte, la calificadora de riesgo Moody’s bajó la calificación de El Salvador a Caa3, que significa “muy alto riesgo de crédito“.
Si bien esta es la peor calificación recibida por el país en los últimos 20 años, la tendencia ha sido a la baja, salvo en 2018 cuando el país pasó de la categoría Caa1, que obtuvo en 2017, a B3.
También Fitch Ratings, agencia calificadora de riesgo crediticio, en febrero de este año bajó la calificación de El Salvador de un B- a un CCC. La calificación significa que el incumplimiento del pago de la deuda es una “posibilidad real”.
