Especialistas señalan que la falta de acceso a la información y el manejo arbitrario de las estadísticas no permiten una confiabilidad del fenómeno de la violencia contra la mujer en el país.
La propaganda y la falta de claridad ante la ausencia de los derechos suprimidos respondería al alto nivel de popularidad del que goza la polémica medida, señala la última encuesta de IUDOP.
Durante la campaña electoral para los comicios generales, los partidos opositores en contienda denunciaron la falta del pago del adelanto de la deuda política y una desventaja frente al oficialismo que contaba con recursos y el aparato del Estado para realizar sus actividades.
Un diagnóstico sobre las causas de la migración señala que el número de solicitudes de refugio y asilo de salvadoreños en diferentes partes del mundo continúan siendo altas. Entre 2019 y los primeros seis meses de 2023, creció un 49%
El Salvador ha registrado mejoras de seguridad y reducción de violencia relacionada a las pandillas debido al polémico régimen de excepción; no obstante, cientos de salvadoreños siguen migrando irregularmente por razones de seguridad, según cifras oficiales.
Más allá de la decisión catalogada como conservadora, activistas de derechos humanos ven violaciones constitucionales de acceso a la educación y a la salud que podrían tener un impacto en toda la población.
Pese a que algunos casos de expresiones de violencia contra la mujer han sido judicializados, especialmente en el caso de figuras públicas, no todas las condenas son contundentes cuando se trata de víctimas de partidos de oposición o son inexistentes.
Dirigentes de diferentes partidos políticos como Arena y FMLN plantearon una posible solicitud de nulidad de las elecciones celebradas el 4 de febrero por las irregularidades denunciadas. Sin embargo, esto no sería posible por los plazos.
