La propaganda y la falta de claridad ante la ausencia de los derechos suprimidos respondería al alto nivel de popularidad del que goza la polémica medida, señala la última encuesta de IUDOP.
En resumen:
- Los salvadoreños dan una buena calificación al régimen de excepción, pero al explicarles los detalles, cambian de opinión.
- El régimen de excepción implica la suspensión de tres derechos constitucionales.
- La cantidad de fondos invertidos desde el primer año del régimen de excepción también es desconocida por un porcentaje de los salvadoreños.
Por Andrea Escobar
La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) señaló que la mayoría de los salvadoreños mantiene su respaldo al régimen de excepción en el país, pese a que desconocen las garantías constitucionales y derechos que están suspendidos desde hace 24 meses.
IUDOP presentó los resultados sobre el segundo año de vigencia del estado de emergencia en el cual consultaron a los ciudadanos el nivel de información sobre algunos puntos legales de la medida, que en general, continúa siendo “positiva” entre la población.
Buena medida de los encuestados manifestaron desconfiar en los cuerpos de seguridad, en la Fiscalía y en el Órgano Judicial en caso de que un familiar sea detenido. Además, dijeron temer dar su opinión libremente por posibles represalias y rechazaron la detención de personas sin vínculos con las pandillas.
Los salvadoreños calificaron la medida, que suma 25 ampliaciones desde marzo de 2022, con una nota de 8.13 sobre 10, la nota más alta en las mediciones hechas por la casa encuestadora.
“Más del 75% de la población salvadoreña desconoce en qué consiste el derecho de defensa, la garantía constitucional del plazo de detención administrativa y el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, suspendidos desde hace dos años”, destacó la evaluación.
| Derecho suspendido | Artículo de la Constitución |
| La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca. | Artículo 12, inciso segundo. |
| La detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiere practicado. | Artículo 13, inciso segundo. |
| La correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra. Se prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas. | Artículo 24. |
Los datos de la encuesta indican que el 78.9% dijo desconocer en qué consiste el derecho a la defensa de las personas detenidas, frente a 21.1% que manifestó conocerlo, además, un 78.8% señaló que no sabía sobre la ampliación del plazo de la detención administrativa a 15 días, en contraste a un 21.2% que respondió afirmativamente.
Y finalmente, un 76.7% expresó que tampoco conoce las implicaciones de suspender la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, contra un 22% que sí. Un 1.3% no respondió a ninguna de las tres interrogantes anteriores.
Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana (UCA), manifestó durante la presentación del sondeo que la gran mayoría de los salvadoreños no conoce y no comprende a cabalidad en qué consisten las suspensiones de los derechos, pero al explicarle a los encuestados en qué consisten, cambiaron su calificación al régimen.
“La buena imagen del régimen de excepción se nutre, en gran medida, del desconocimiento sobre las garantías suspendidas”, explicó Serrano.
De hecho, al ser consultados sobre el principal fracaso del régimen de excepción, un 41.6% no logró identificar alguno, un 36.6% identificó la detención de personas inocentes y apenas el 1.5% señaló que la pérdida de derechos, mencionó Laura Andrade, directora del IUDOP.
El estudio se realizó entre el 16 y 24 de marzo, con 1,270 entrevistas personales. Tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2.75.
Otros de los cuestionamientos que los ciudadanos señalaron fueron el abuso de autoridad de parte de policías y militares, la pérdida y violación de derechos humanos y las capturas arbitrarias.
El 61.9% manifestaron desconfiar en los cuerpos de seguridad en caso de que un familiar sea detenido. Un 57.1% confía poco o nada en que la Fiscalía y Órgano Judicial presentaría pruebas de descargo y el 54.8% confía poco o nada en que el juez del caso dejaría libre al familiar detenido.
Para quienes contestaron que sí están teniendo más cuidado cuando comparten su
opinión con otras personas sobre cualquier asunto relacionado con la implementación del
régimen de excepción, un 15.2% dijo temer dar su opinión libremente por temor a ser detenidos y un 12.4% por posibles represalias y amenazas.
Sin embargo, el principal logro que la población salvadoreña identifica sobre la medida está relacionado con la mejora de la seguridad con un 30.2%, un 18% atribuye al logro que se puede transitar libremente y un 10% que ya no ven pandilleros en los lugares de residencia, agregó Andrade.
Luego de un repunte de homicidios a finales de marzo de 2022, el oficialismo de Nayib Bukele, aprobó un polémico régimen de excepción para combatir a las pandillas. Desde entonces, se han reportado más de 79,200 detenciones.
En el estudio, un 69.1% de los encuestados piensa que la medida debe prorrogarse por más tiempo; 29% dicen que deben buscarse otras alternativas y un 2% no sabe no responde.
“Las personas están conscientes del modo en el que se aplica el régimen de excepción, pero valoran más la libertad que sienten ahora en cuanto a la movilidad”, concluyó el vicerrector, Serrano.
