Su papel decisivo en la defensa de la democracia en 2023 dio a los movimientos indígenas un reconocimiento que se les negó históricamente, pero también los puso en el punto de mira de la criminalización.
Un par de expresiones violentas en unos chats de excompañeros de colegio son toda la evidencia que el Ministerio Público tuvo para acusar a unos hombres, que no se conocían entre sí, de conspiración terrorista e intento de magnicidio en un caso con un evidente trasfondo político.
El patrimonio líquido del presidente Bukele y su núcleo familiar casi se duplicó entre 2018 y su gestión actual en la Presidencia, al pasar de 2.25 a 4.46 millones de dólares, según declaraciones ante la Sección de Probidad de la CSJ y el Ministerio de Hacienda.
Durante las administraciones de Nayib Bukele en la alcaldía de San Salvador y en la Presidencia de la República, dos empresas vinculadas a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y a su esposo, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, obtuvieron al menos 14 contratos con instituciones del Estado.
Decenas de ciudadanos han salido de emergencia del país ante el incremento de la persecución de Nayib Bukele por sus posturas críticas a su administración.
La reconocida abogada, experta en corrupción y derechos humanos, fue detenida hace un año por las autoridades y todos los detalles sobre su caso se mantienen bajo reserva en el tribunal.
En el marco de la celebración del día de la madre, un grupo de mujeres, familiares de capturados durante el estado de emergencia, lanzaron frente a Catedral de San Salvador un movimiento de solidaridad ante la violaciones a derechos humanos.
El gobierno salvadoreño acusa al periódico de evasión de impuestos, aunque sus representantes rechazan las acusaciones y apuntan a represalia por sus investigaciones que exponen sus pactos con pandillas y casos de corrupción.
Analistas cuestionan la decisión del Congreso salvadoreño que realizó una nueva reforma exprés a la Constitución para permitir que la diáspora cuente con diputados para su representación y despartidizar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La institución encargada de proteger los derechos humanos en El Salvador ha recibido miles de denuncias que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y capturas arbitrarias presuntamente cometidas por agentes del Estado durante el régimen de excepción de Bukele, pero ha guardado silencio.
Al menos 80 familias de pescadores y campesinos enfrentan el riesgo de perder su hogar debido a la falta de programas estatales de conservación frente a la crisis climática.
La Asamblea Legislativa aprobó de forma exprés una reforma a la Constitución para avalar la cadena perpetua en casos de homicidios, violaciones y terrorismo, para ello se alista una modificación del Código Penal. ¿Los cambios podrían alcanzar a funcionarios del actual Gobierno, sancionados por EEUU por supuestas negociaciones con las pandillas?
Las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la CIDH el abandono estatal de los casos de violencia sexual en contra de mujeres en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
Un estudio elaborado por abogados internacionales señala que existen bases razonables para creer que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad durante el estado de emergencia para combatir a las pandillas.
