Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Pese al incremento de las denuncias del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas se niegan a investigar los decesos.
En poco más de dos años, tres empresas creadas por socios y amigos de la familia de Nayib Bukele compraron casi mil manzanas de tierra, la mayor parte de ellas en zonas de relevancia ambiental y otra buena parte con protecciones conservacionistas que el gobierno levantó meses antes de las transacciones.
Tuvo una complicación por diabetes mientras estaba encarcelado, pero las autoridades penitenciarias le negaron una atención oportuna, denuncian organizaciones de derechos humanos. El caso será llevado ante la CIDH por presuntas violaciones al derecho a la vida y al debido proceso.
Durante el desarrollo de un juicio masivo en contra de centenares de cabecillas de la MS-13, la Fiscalía presentó pruebas y alegatos que ponen en entredicho la versión oficial de que se había controlado totalmente el flujo de información y órdenes a miembros de estas estructuras con el exterior.
El presidente Nayib Bukele, acusó a sus opositores de rechazar la representación de diputados en el Congreso para salvadoreños en el exterior “porque 'no viven en el país'” en el contexto de una expedita modificación a la Carta Magna y reformas al Código Electoral.
El patrimonio líquido del presidente Bukele y su núcleo familiar casi se duplicó entre 2018 y su gestión actual en la Presidencia, al pasar de 2.25 a 4.46 millones de dólares, según declaraciones ante la Sección de Probidad de la CSJ y el Ministerio de Hacienda.
Durante las administraciones de Nayib Bukele en la alcaldía de San Salvador y en la Presidencia de la República, dos empresas vinculadas a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y a su esposo, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, obtuvieron al menos 14 contratos con instituciones del Estado.
Decenas de ciudadanos han salido de emergencia del país ante el incremento de la persecución de Nayib Bukele por sus posturas críticas a su administración.
La reconocida abogada, experta en corrupción y derechos humanos, fue detenida hace un año por las autoridades y todos los detalles sobre su caso se mantienen bajo reserva en el tribunal.
En el marco de la celebración del día de la madre, un grupo de mujeres, familiares de capturados durante el estado de emergencia, lanzaron frente a Catedral de San Salvador un movimiento de solidaridad ante la violaciones a derechos humanos.
El gobierno salvadoreño acusa al periódico de evasión de impuestos, aunque sus representantes rechazan las acusaciones y apuntan a represalia por sus investigaciones que exponen sus pactos con pandillas y casos de corrupción.
Analistas cuestionan la decisión del Congreso salvadoreño que realizó una nueva reforma exprés a la Constitución para permitir que la diáspora cuente con diputados para su representación y despartidizar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
