En resumen:
Entre octubre de 2020 y enero de 2024, instituciones y empresas públicas otorgaron 361 contratos por $1.36 millones a Diario El Salvador, según registros de compras públicas.
La Corte Suprema de Justicia fue el principal contratante,...
Los registros periodísticos e informes dan cuenta de que diversos organismos internacionales y salvadoreños se pronunciaron a favor de la población en los años más violentos del país.
De acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el país “no hay” homicidios, ni violaciones, ni robos, pero las estadísticas oficiales lo contradicen.
El ministerio de Salud otorgó un proyecto a la agencia publicitaria OBERMET, vinculada a la familia presidencial, en un proceso marcado por la opacidad. En el pasado el clan Bukele fue cuestionado por presunto favoritismo en adjudicaciones de proyectos durante el gobierno del FMLN.
En siete años, el Gobierno de Bukele ha destinado al menos $76.61 millones de fondos públicos a publicidad y propaganda, un gasto creciente y opaco que supera con creces al de gobiernos anteriores.
El Gobierno de Nayib Bukele y las instituciones bajo control oficialista adjudicaron al menos $76.61 millones en publicidad y consultorías entre 2019 y 2026. Entre los beneficiarios hay una empresa de la familia presidencial, agencias señaladas en el caso de corrupción del expresidente Saca, un medio que difunde desinformación y operadores afines al oficialismo. Todo esto mientras Casa Presidencial mantiene en reserva su gasto en publicidad.
Durante cuatro años, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido combatir a las pandillas, reducir los homicidios y los delitos en el país. La medida también ha provocado una serie de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales han sido negadas por las autoridades.
Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Pese al incremento de las denuncias del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas se niegan a investigar los decesos.
En poco más de dos años, tres empresas creadas por socios y amigos de la familia de Nayib Bukele compraron casi mil manzanas de tierra, la mayor parte de ellas en zonas de relevancia ambiental y otra buena parte con protecciones conservacionistas que el gobierno levantó meses antes de las transacciones.
Tuvo una complicación por diabetes mientras estaba encarcelado, pero las autoridades penitenciarias le negaron una atención oportuna, denuncian organizaciones de derechos humanos. El caso será llevado ante la CIDH por presuntas violaciones al derecho a la vida y al debido proceso.
Durante el desarrollo de un juicio masivo en contra de centenares de cabecillas de la MS-13, la Fiscalía presentó pruebas y alegatos que ponen en entredicho la versión oficial de que se había controlado totalmente el flujo de información y órdenes a miembros de estas estructuras con el exterior.
