Decenas de familias de personas desaparecidas reclaman al Estado salvadoreño una ley que establezca mecanismos claros para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas,...
Pese al incremento de las denuncias del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas se niegan a investigar los decesos.
Tuvo una complicación por diabetes mientras estaba encarcelado, pero las autoridades penitenciarias le negaron una atención oportuna, denuncian organizaciones de derechos humanos. El caso será llevado ante la CIDH por presuntas violaciones al derecho a la vida y al debido proceso.
El patrimonio líquido del presidente Bukele y su núcleo familiar casi se duplicó entre 2018 y su gestión actual en la Presidencia, al pasar de 2.25 a 4.46 millones de dólares, según declaraciones ante la Sección de Probidad de la CSJ y el Ministerio de Hacienda.
Un Tribunal contra el Crimen Organizado negó el arresto domiciliario al representante de la Alianza El Salvador en Paz, mientras la defensa alega un deterioro en su estado de salud.
Decenas de familias de personas desaparecidas reclaman al Estado salvadoreño una ley que establezca mecanismos claros para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas,...
Durante cuatro años, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido combatir a las pandillas, reducir los homicidios y los delitos en el país. La medida también ha provocado una serie de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales han sido negadas por las autoridades.
Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Pese al incremento de las denuncias del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas se niegan a investigar los decesos.
En poco más de dos años, tres empresas creadas por socios y amigos de la familia de Nayib Bukele compraron casi mil manzanas de tierra, la mayor parte de ellas en zonas de relevancia ambiental y otra buena parte con protecciones conservacionistas que el gobierno levantó meses antes de las transacciones.
La información de transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador registró un deterioro entre julio de 2025 y julio de 2026, pese a las próximas elecciones en febrero de 2027.
Tuvo una complicación por diabetes mientras estaba encarcelado, pero las autoridades penitenciarias le negaron una atención oportuna, denuncian organizaciones de derechos humanos. El caso será llevado ante la CIDH por presuntas violaciones al derecho a la vida y al debido proceso.
En julio de 1969, los ejércitos de El Salvador y Honduras protagonizaron una guerra que dejó un saldo de 300 militares muertos, centenares de heridos y desplazados. Aunque mediáticamente se conoce como la “guerra del fútbol” sus causas fueron mucho más profundas.
Durante el desarrollo de un juicio masivo en contra de centenares de cabecillas de la MS-13, la Fiscalía presentó pruebas y alegatos que ponen en entredicho la versión oficial de que se había controlado totalmente el flujo de información y órdenes a miembros de estas estructuras con el exterior.
Su papel decisivo en la defensa de la democracia en 2023 dio a los movimientos indígenas un reconocimiento que se les negó históricamente, pero también los puso en el punto de mira de la criminalización.
Un par de expresiones violentas en unos chats de excompañeros de colegio son toda la evidencia que el Ministerio Público tuvo para acusar a unos hombres, que no se conocían entre sí, de conspiración terrorista e intento de magnicidio en un caso con un evidente trasfondo político.
Cinco cartas escritas desde cárceles de El Salvador entre 2022 y 2025 revelan cómo algunas familias reciben las únicas noticias de sus parientes detenidos bajo el régimen de excepción.
