En casi tres años de vigencia del régimen de excepción para contrarrestar a las pandillas, unos 3.000 menores de edad han sido detenidos por las autoridades, casi la mitad fueron condenados y podrían ser trasladados hacia prisiones de adultos aunque en áreas separadas.
La congresista republicana María Elvira Salazar afirmó que, si Venezuela no acepta la repatriación de presuntos integrantes de la banda del Tren de Aragua, el presidente Nayib Bukele los recibiría en El Salvador.
A pesar de que la Asamblea Legislativa endureció las leyes de tránsito, la detención de personas que conducen bajo los efectos del alcohol disminuyó un 12% en la primera quincena de enero.
El Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista y sus aliados, aprobaron dos leyes que podrían provocar censura y presiones sobre los medios de comunicación, sobre todo en casos que sean críticos del gobierno de Bukele.
El régimen de excepción en El Salvador, aplicado para combatir la delincuencia, ha reducido los índices de violencia según el gobierno, pero también ha desencadenado denuncias de detenciones arbitrarias, vulneraciones a derechos humanos y traumas psicológicos a inocentes detenidos y a sus familiares.
Los feminicidios registraron una baja del 42.85% entre 2022 y 2024, según el Observatorio de violencia contra las mujeres de ORMUSA. Pero organizaciones feministas denuncian falta de acceso a la información y temen un subregistro de parte de las autoridades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará una audiencia pública el próximo martes 12 de noviembre para examinar las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y su impacto en la democracia y los derechos humanos.
Óscar Alexis Arévalo, un joven de 19 años, fue encontrado recientemente en una fosa clandestina. Organizaciones sociales denuncian reserva de información y falta de voluntad política en casos de personas desaparecidas.
Durante su reciente visita a Argentina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, abordó públicamente temas de seguridad, economía y empleo. Sin embargo, su discurso presentó afirmaciones engañosas.
Los afectados piden a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que retome el estudio y resuelva procesos de amparos presentados desde hace más de un año sobre cinco personas desaparecidas entre los años 2011 y 2015.
