El Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista y sus aliados, aprobaron dos leyes que podrían provocar censura y presiones sobre los medios de comunicación, sobre todo en casos que sean críticos del gobierno de Bukele.
En resumen:
- La Asamblea Legislativa aprobó en noviembre leyes de ciberseguridad y protección de datos que otorgan amplios poderes a una nueva Agencia de Ciberseguridad estatal supervisada por un designado presidencial.
- Human Rights Watch advierte que esta disposición podría ser usada para eliminar contenido crítico en Internet, amenazando la libertad de expresión y el acceso a la información.
- Las leyes contemplan sanciones económicas para medios y motores de búsqueda por incumplimientos, mientras que excepciones amplias sobre seguridad nacional podrían comprometer la privacidad de los ciudadanos.
Por Diego Rosales
La organización Human Rights Watch (HRW) emitió una alerta sobre los riesgos que representan las nuevas leyes de ciberseguridad y protección de datos aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por Nuevas Ideas y sus aliados.
Las dos legislaciones aprobadas por los diputados a mediados de noviembre buscan regular la información en el ciberespacio y proteger los datos personales recopilados por entidades públicas y privadas.
El paquete legislativo tiene como objetivo principal garantizar la seguridad digital y la privacidad de los ciudadanos. Para supervisar su aplicación, se creará la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), un ente centralizado dirigido por un designado presidencial, quien ejercerá el cargo durante un período renovable de tres años.
La ACE tendrá facultades como la definición de políticas nacionales, la gestión de amenazas cibernéticas, la resolución de disputas y la imposición de sanciones por incumplimientos.
Además, la Ley de Protección de Datos introduce el “derecho al olvido”, que permitirá a los ciudadanos solicitar la eliminación de información personal de Internet si se considera “inadecuada, inexacta, irrelevante, obsoleta o excesiva”.
Esta eliminación no aplicará cuando la información sea necesaria para el ejercicio de derechos como la libre expresión, siempre y cuando los datos sean “precisos”.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, señaló que “estas nuevas leyes podrían ser utilizadas como herramientas para amenazar, silenciar u obstaculizar la libertad de expresión y el acceso a la información, bajo el pretexto de la protección de datos”.
“Estas leyes son una fórmula ideal para aumentar la censura y la opacidad”, agregó.
Los medios de comunicación y los motores de búsqueda podrían enfrentar multas de hasta 40 salarios mínimos mensuales si incumplen con las disposiciones de las leyes. Según HRW, esta normativa permite que se exija a los medios retirar contenido considerado inexacto o irrelevante.
La ley también excluye de su alcance actividades relacionadas con la seguridad pública, la defensa estatal y la prevención de delitos. Esto permite la publicación de información personal en ciertos casos, siempre que se respeten el debido proceso y los derechos humanos.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha señalado que los “derechos al olvido” deben ser regulados cuidadosamente para evitar conflictos con la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
Los Principios Globales sobre la Protección de la Libertad de Expresión y la Privacidad, elaborados por la organización ARTICLE 19, sugieren que este tipo de derechos debe limitarse estrictamente a la eliminación de resultados en motores de búsqueda, sin incluir la eliminación de contenido directamente publicado en medios de comunicación.
El Gobierno salvadoreño ha sido señalado de ocultar y poner bajo reserva información pública, espiar y acosar a periodistas y opositores del bukelismo.
“En el contexto actual de opacidad y acoso a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, existe un grave riesgo de que estas leyes puedan ser utilizadas como un instrumento para amenazar, silenciar o obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión e información”, señaló Goebertus.
