El 2 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Fact Checking y este año desde la red latinoamericana de chequeadores, LatamChequea, queremos aprovechar este día para salir a decir algo muy claramente: el fact checking sirve. Y no lo decimos nosotros, lo muestra la evidencia.
A cinco años del inicio de la cuarentena obligatoria en El Salvador, revivo en este relato la experiencia de un soñado viaje que se convirtió en una pesadilla después que los vecinos me señalaron de ser la primera portadora de COVID-19 en el país, desatando una ola de amenazas y ataques.
Infodemia elaboró un recuento no oficial de 35 feminicidios ocurridos en El Salvador durante el año 2024, cuando las autoridades aseguraron en su propaganda que el país centroamericano se convirtió en la nación más segura del hemisferio occidental.
Las labores de rescate y remozado del centro histórico de San Salvador han desplazado negocios y centenares de personas que se dedican al comercio informal, un segmento de ellos pertenecen a la población trans, un grupo tradicionalmente marginado de los empleos formales.
En el distrito de Ayutuxtepeque existen dos comunidades semirurales conectadas a penas por tuberías de agua que la gente utiliza para transitar. En el lugar todavía se observan grafitis de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios como testigos visibles de un pasado marcado por la violencia y el dominio de estos.
El Gobierno de El Salvador suscribió un acuerdo con la compañía de origen chino a través de la Secretaría de Innovación para promover la formación en las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, sin embargo, la presidencia dice no identificar el documento.
Hay un régimen de terror contra los empleados de gobierno que osan revelar las deficiencias en los sistemas de salud y educación, o simplemente ejercer el derecho a la libertad de expresión y contradecir de paso la propaganda gubernamental. Todo aquello que ponga en duda la eficacia o la imagen de la administración entra en el campo minado del crimen y del consecuente castigo. Espionaje, humillaciones y chantajes son algunos de los mecanismos de los que se vale el gobierno de Bukele para intentar reprimir reclamos de derechos laborales o señalamientos hacia todo aquello que controvierta el discurso oficial.
Los representantes legales y fundadores de estas empresas enfrentaron a la justicia por pagos de sobornos, malos manejos de fondos o contrataciones opacas. Sin embargo, eso no impidió que el Estado durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammatei siguieran requiriendo sus servicios y les inyectaran recursos con millonarios contratos de obra pública o adquisición de medicinas. Algunos de estos contratos sobreviven hasta el año 2024 cuando gobierna Bernardo Arévalo. Estas son las empresas que resistieron una embestida anticorrupción sin parangón en el país y que en conjunto han firmado contratos con el Estado de Guatemala por US$1.8 millardos (Q14 millardos).
No hay evidencia estatal que sostenga que el estado de excepción hondureño, decretado hace casi dos años, haya tenido éxito en acabar con las extorsiones pandilleras y reducir la violencia. Lejos de eso, los casos de abusos policiales cometidos bajo estos “súper poderes” otorgados a los uniformados van desde tortura, agresiones sexuales, desapariciones e incluso asesinato.
