Infodemia elaboró un recuento no oficial de 35 feminicidios ocurridos en El Salvador durante el año 2024, cuando las autoridades aseguraron en su propaganda que el país centroamericano se convirtió en la nación más segura del hemisferio occidental.
En resumen:
- De los 114 asesinatos contabilizados al cierre de 2024, un total de 35 fueron tipificados como feminicidios, es decir el 31% del total.
- La mayoría de los feminicidios fueron cometidos en ámbitos familiares, en relaciones de poder y dominación de sus victimarios.
- Las autoridades señalan que el 98.2% del total de los asesinatos fueron resueltos por lo que se ha reducido el nivel de impunidad en el país.
Por Andrea Escobar, Johana Peña y Nelson Rentería
Este reporte busca eludir el bloqueo de información gubernamental sobre hechos de violencia que suceden en El Salvador.
Pese a que al cierre del año 2024, las autoridades reportaron 114 asesinatos en todo el país, una cifra menor en 26% al año previo, el detalle de las estadísticas oficiales permanecen bajo reserva, ya que divulgarlas afectaría la imagen de una nación que ha controlado la violencia homicida.
De acuerdo a un conteo alternativo realizado por este medio, del total de las víctimas, 35 fueron mujeres, entre ellas, tres niñas. Para el presente artículo solo se incluyen casos que por sus características se consideran feminicidios, según la ley vigente. Infodemia revisó publicaciones de medios de comunicación, entrevistas con familiares, datos de organizaciones no gubernamentales y pocos documentos oficiales para recrear una reseña de las muertes.
Las víctimas fueron asesinadas por golpizas, lesiones con armas blancas y armas de fuego, otras fueron estranguladas, lapidadas y una de ellas, enterrada viva. La mayoría de los verdugos son parejas o exparejas, algunos con antecedentes de violencia hacia las mujeres asesinadas y con orden de alejamiento. Después de cometer los crímenes, unos de ellos se suicidaron, mientras que otros no pudieron consumarlo y son procesados judicialmente.
Los casos han sido organizados cronológicamente y separados por bloques individuales.
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La noche del 3 de enero de 2024, los habitantes del barrio El Molino en el departamento de Usulután todavía no salían del júbilo de las fiestas de inicio de año. Al interior de un mesón de la localidad se corrió la voz de que un hombre identificado como René Rivera les propinó una golpiza a sus hijastras gemelas. Luego, Rivera huyó del lugar. A sus tres años de edad, ambas niñas padecían desnutrición y eran víctimas de violencia física y violación. Su madre, Patricia García era espectadora de los hechos por lo que fue detenida en vías de investigación. Por consecuencia de la paliza, las dos niñas fueron llevadas desde el oriental departamento hasta la capital del país para ser atendidas en el hospital Benjamin Bloom, donde una de ellas murió un día después. Rivera fue detenido por la policía el 5 de enero. Un año después, un tribunal lo condenó a 50 años de prisión por el delito de feminicidio agravado, 25 años por feminicidio agravado tentado y 16 años por el delito agresión sexual en menor e incapaz agravada, para un total de 91 años de cárcel. La madre de la víctima, fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, 16 años por el delito de homicidio agravado imperfecto, para un total de 46 años de cárcel. Además, debe pagar una responsabilidad civil.
El cuerpo de Gloria Torres García de 23 años fue encontrado el 20 de enero a un costado de la carretera Longitudinal del Norte, en la zona central del país. Las autoridades la hallaron con varios golpes en el rostro por lo que fue difícil reconocerla. El reporte policial indicó que Torres fue atacada luego de salir de un baile en la localidad de Guacotecti. Dos hombres que, habrían estado compartiendo con ella horas antes, forcejearon para llevarla a un callejón donde la agredieron sexualmente y le quitaron la vida. Allegados a la víctima mencionaron que el momento fue captado por una cámara de seguridad. Los responsables, Jaime Flores y Arnoldo Fuentes fueron capturados horas más tarde.
A Neftalí Martínez no le agradaba que su hija de siete años fuera inquieta o “rebelde” como decían sus parientes. Por esa razón, la noche del sábado 20 de enero, su padre la golpeó con brutalidad. Y. E. murió al día siguiente en su casa en el cantón Los Magueyes, Ahuachapán. El reporte policial mencionó que el cuerpo de la menor presentaba golpes en el rostro y en el cuello. Neftalí es un hombre violento, dijeron a la prensa local quienes lo conocían. Hace tres años, su entonces pareja -y madre de la niña víctima- se suicidó para poner fin a los maltratos que le daba. Él volvió a tener una nueva relación con Erika Sánchez, de 24 años, a quien las autoridades también detuvieron por supuesta complicidad en la muerte de la niña. Ambos fueron enviados a juicio por el Tribunal Especializado de Instrucción para una Vida libre de Violencia y Discrimación para las Mujeres, de Santa Ana. Además, a la pareja le imputan cargos de maltrato infantil en la modalidad de delito continuado en perjuicio de tres hermanos de Y.E, quienes actualmente se encuentran en resguardo del Estado.
La mañana del 7 de febrero, Jenny Maritza Fuentes Galdámez, de 41 años, recibió varios machetazos de parte de su compañero de vida, Juan Francisco Bermudez, cuando ella llegó a su residencia en la localidad de Apastepeque para recoger a un hijo que tenían en común. Tras una discusión, el hombre sacó el arma blanca, la atacó hasta darle muerte y escapó. Fue detenido horas más tarde por la policía cuando intentaba salir del país. Le decomisaron una mochila, dos teléfonos celulares y el machete enfundado con el que cometió el crimen. Las autoridades mencionaron que Bermúdez tenía un historial por violencia doméstica. En el 2019, también fue detenido por otros delitos como amenazas y lesiones, así como por tenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego.
Los cuerpos sin vida de Yuri Liseth Martínez y su pareja Rogelio Portillo fueron encontrados por agentes policiales al interior de su casa, luego de recibir una denuncia a través del sistema de llamadas 911. Por la madrugada, el sonido de disparos alertaron a los vecinos del cantón El Cerro, departamento de La Paz. Tras una acalorada discusión, Yuri Liseth, propietaria de una pupusería de 41 años de edad, recibió disparos de Portillo, quien era vigilante de seguridad privada. Tras asesinar a su compañera, él también se quitó la vida a primeras horas del miércoles 6 de marzo.
Brenda Leonardo tenía 25 años. Le gustaba ir a la iglesia y trabajaba en el centro histórico de San Salvador vendiendo ropa. La madrugada del 10 de marzo, su expareja, William Morales, de 39 años de edad, la esperó escondido en un predio cercano a la vivienda de la joven. Cuando ella se dirigía a su trabajo, le disparó dos veces en el abdomen con una escopeta calibre 12, la cual utilizaba en su ocupación como vigilante de seguridad privada. Después, William se disparó a sí mismo. La pareja se había separado en diciembre de 2023 por los constantes abusos físicos y psicológicos que William hacía en contra de ella. Desde la colonia San Carlos, Cuscatancingo, lugar donde Brenda fue asesinada, salió una caravana de tres vehículos tipo sedán, un bus, un microbús y personas montando motocicletas con dirección al cementerio general donde la joven fue sepultada.
Horas más tarde de ese mismo domingo 10 de marzo, en el kilómetro 2 de la carretera que de Sonsonate conduce a Acajutla, fue abandonado el cuerpo sin vida de Alma Lizeth Campos, de 40 años. Según el reporte policial, la mujer habría sido asesinada por su supuesta pareja, Edilson Zometa, a causa de una discusión “por celos” cuando ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. La corporación detalló que Alma murió presuntamente asfixiada por el hombre ya que al momento del arresto le encontraron laceraciones en su cuerpo que coincidían con los restos de piel hallados en las uñas de la víctima. Campos fue sepultada el 12 de marzo en el cementerio municipal de Turín, en Ahuachapán, de donde ella era originaria.
Rosa Elvira Flores era una integrante activa del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), creado en la década de los ochenta para asistir a víctimas de los cuerpos de seguridad del Estado en la guerra civil que duró 12 años. Con la llegada de la paz la institución cambió su enfoque para promocionar los derechos de la mujer y la eliminación de la violencia. Flores, madre de seis hijos y de 47 años de edad, desapareció el 19 de marzo cuando se dirigía a su residencia desde San Julián, al occidente del país. Un día después, su familia puso la denuncia ante la policía. El 27 de marzo, su cuerpo fue encontrado semienterrado en un cañal cerca del lugar donde se le perdió la pista. El fiscal a cargo de la investigación informó que la víctima tenía un golpe contuso en el cráneo. El ministerio público acusó en ausencia a Edwin Ramírez, pareja de la defensora de derechos humanos, como el responsable de su asesinato, después de robarle 2.500 dólares de una remesa de dinero que le había enviado uno de sus hijos en Estados Unidos. Cuatro personas más fueron procesadas por el supuesto delito de encubrimiento y ayudar a Edwin Ramírez a huir del país.
Una niña de cinco años murió la mañana del 25 de abril tras recibir una golpiza en su casa. Según el informe policial, su madre Jacqueline Carolina Cruz la habría golpeado luego de que la menor se negara a ayudar en el aseo de la residencia. Inicialmente la fiscalía presentó cargos en su contra por homicidio agravado, maltrato infantil, abandono y desamparo de personas. El caso fue declarado bajo reserva. Por el mismo hecho también fue procesado el padre de la niña, Carlos Sosa, por los supuestos delitos de abandono y desamparo de personas, así como maltrato infantil bajo la modalidad de comisión por omisión.
Kelly Bonilla fue asesinada por su pareja en su casa situada en el cantón El Zamorano, San Miguel. La noche del 27 de abril, Jorge Cañas le disparó a Kelly en medio de una discusión. Luego de acribillarla, se dio un tiro para quitarse la vida. Sin embargo, fue trasladado a un hospital público, bajo custodia policial por ser el principal sospechoso del feminicidio. El hombre falleció en el nosocomio. Vecinos manifestaron a las autoridades que escucharon una fuerte discusión en la casa de la pareja y luego los disparos, agregando que la mujer era víctima de violencia intrafamiliar constantemente.
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El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental, repite con insistencia el discurso oficial, liderado por el autoritario presidente Nayib Bukele. Y es que casi una década atrás, el país centroamericano reportó en 2015 un total de 6.656 homicidios, que significó una tasa de 106 por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo.
Pero al cierre del año pasado, el país contabilizó un total de 114, una cifra inferior en 40 casos a los reportados en el año previo. De los asesinatos cometidos, 112 ya fueron resueltos, es decir el 98.2%, según las autoridades.
“El Salvador cierra el 2024 con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, consolidándose, indiscutiblemente, como el país más seguro del Hemisferio Occidental, después de haber sido el país más inseguro del mundo”, celebró Bukele en su red social de X el primer día de enero.
El gobierno atribuye el éxito al Plan Control Territorial y a un polémico régimen de excepción para combatir a las pandillas que a finales de marzo cumple tres años de vigencia y ha permitido la detención de más de 84.000 personas.
Las mujeres son víctimas de múltiples formas de violencia, pero en el caso particular de las pandillas se les consideraba parte del “botín” en la lucha entre las estructuras. Se asesinaban a las mujeres como una forma de dañar simbólicamente a la pandilla contraria. Los cuerpos femeninos fueron convertidos en mensajes de venganza, dijo a Infodemia Silvia Juárez de la no gubernamental Organización de Mujeres salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
Pero ahora, la mayoría de los 35 feminicidios fueron cometidos en ámbitos familiares. En algunos casos, los hechos fueron realizados por dos o más personas, frente a familiares de la víctima, existen víctimas menores de dieciocho años de edad y adultas mayores, donde el autor sacó ventaja de la superioridad originada por relaciones de confianza, como la amistad, de pareja, doméstica y de trabajo.
Desde 2015 hasta 2021 se contabilizaron 2.045 feminicidios en El Salvador.
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Teresa de Jesús Medina fue la segunda mujer asesinada en el departamento de San Miguel en el año. Al mediodía del sábado 4 de mayo fue encontrada sin vida en la colonia El Tesoro. En su reporte, la policía mencionó que la mujer fue asesinada por su pareja Óscar Martínez. El crímen fue cometido con un machete luego de una discusión entre ambos. Óscar se quitó la vida luego de cometer el feminicidio.
El papá de Kenny Juárez se alarmó por los gritos y disparos que llegaron desde un área forestal hasta su humilde vivienda en la finca El Rosario, distrito de Jayaque. La mañana del miércoles 8 de mayo, a eso de las 10:30, el hombre angustiado se dirigió al lugar desde donde sospechó provenían los sonidos. La vereda lo condujo a la orilla de un arroyo, allí encontró el cuerpo tendido de su hija de 22 años de edad, quien al momento del ataque se encontraba lavando ropa. El cuerpo presentaba dos impactos de bala y un hilo de sangre empapaba el suelo. La joven vestía pantalones cortos, una camiseta verde e iba descalza. Según el reporte policial, el presunto responsable, Saúl Alvarado, fue detenido un día después. Al momento de su captura, los agentes le encontraron un bolso con un revólver. Kenny Juárez dejó en orfandad a una niña de cuatro años.
En la víspera de la celebración del día de la madre, una mujer de la tercera edad fue asesinada luego de recibir una golpiza de parte de su hija, su yerno y dos hombres más. El jueves 9 de mayo, a las 7:30 de la noche, los cuatro amigos se encontraban festejando dentro de un apartamento en el populoso distrito de Soyapango, cuando la mujer de 70 años de edad, que también vivía en el lugar, les reclamó por el ruido. En represalia, su hija y los acompañantes decidieron atacarla hasta quitarle la vida. La policía detuvo a los responsables, Raquel Valdés, su pareja, Juan Carlos Ramírez y sus amigos, German García y Pedro Arias.
Antes del amanecer del 19 de mayo, Enrique Portillo de 60 años de edad y su pareja identificada únicamente como María, fueron asesinados al interior de su vivienda en una colonia de la capital. Sus cuerpos fueron encontrados hasta el 23 de mayo.
Las investigaciones señalaron a Irán Naxcit Portillo, hijo de Enrique, como el principal sospechoso. Según la fiscalía, tras una discusión con su padre, Irán atacó a los esposos con un arma blanca, causándoles la muerte. Posteriormente intentó ocultar los cuerpos quemándolos y enterrándolos en el patio de la vivienda en la que residían los tres.
El primero de junio, una mujer fue asesinada en San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán. La víctima fue atacada con un arma de fuego y lo poco que se sabe de ella es que era alcohólica. Cinco días después, los agentes policiales detuvieron a José Alfaro como responsable del feminicidio. El Ministerio de Justicia y Seguridad señaló que el hombre ya contaba con una orden de captura por varios delitos como: privación de libertad, violación en menor e incapaz, lesiones agravadas, amenazas, agresión sexual en menor e incapaz agravada y maltrato infantil.
Los días 6 y 8 de junio, las autoridades reportaron, respectivamente, el asesinato en diferentes lugares de una anciana de 69 años y una mujer de 32 años, aunque no revelaron sus identidades. La primera víctima fue degollada con arma blanca en el cantón Natividad, en Santa Ana. La policía detuvo a Samuel Rivas como presunto responsable. Sin embargo, la policía todavía investigaba los detalles de la segunda víctima, su verdugo y sus motivos.
El 4 de julio, agentes de seguridad del Estado encontraron el cadáver de Wendy Funes Díaz de 31 años de edad. Su cuerpo fue hallado en la localidad Palo Galán, Usulután. La mujer vestía una licra con rosas rojas estampadas, estaba descalza y tenía golpes en la cabeza, presuntamente realizados con piedra. La noche previa, la mujer había salido de su vivienda luego de recibir una llamada telefónica. Funes dejó en la orfandad a dos niños.
Los restos de Katherin Julissa Flores, de 21 años de edad y su bebé con siete meses de gestación fueron encontrados en una bolsa negra y una maleta que fueron abandonados en una quebrada cercana a la vivienda donde las víctimas habitaban junto a su pareja y padre, Óscar Aguirre. El hombre habría asesinado a Flores y a su hijo no nacido con arma blanca al interior de su casa en el distrito de Chalchuapa y luego intentó deshacerse de la evidencia, lanzándola bajo un puente. El 24 de julio, las autoridades dieron con el paquete que contenía los restos en descomposición. Su familia sepultó a las víctimas cuatro días después. Al responsable fue detenido y se le acusa por feminicidio agravado, homicidio agravado del bebé no nacido y fraude procesal por intentar borrar evidencias.
El 30 de julio, Ana Miriam Cabrera Vides, de 47 años, fue asesinada con arma blanca en su vivienda en un caserío del distrito de Jujutla. En el mismo hecho, su compañero de vida, Apolinario Adonay Martínez Eguizábal, también resultó gravemente herido y falleció días después en el Hospital de la red pública. Un mes después, la policía capturó a los tres presuntos responsables del hecho, identificados como Víctor Velásquez, José Zarpate y Melcer Rivas, aunque se desconoce el motivo del crimen de la pareja.
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La ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, vigente desde el año 2010, tiene por objeto proteger el derecho a la vida, la integridad física y moral de este sector de la población, que según el último censo de población alcanza los 3,1 millones de un total de 6,02 millones de habitantes.
Sin embargo, organizaciones feministas afirman que en la actualidad es difícil evaluar el desempeño del Estado en materia de prevención de violencia contra las mujeres, ya que no hay acceso a detalles presupuestarios. Además, ha habido remoción de funcionarios en instituciones claves y territoriales que trabajaban en el área.
“No podemos negar que ha habido una caída del número de feminicidios. Desde el año 2018 ha venido descendiendo y ha sido bastante alta en los últimos años, pero lo que siempre hemos llamado la atención es que las políticas de seguridad no alcanzan a comprender o a desagregar que las inseguridades de las mujeres están principalmente en el ámbito de la familia”, expresó Silvia Juárez de ORMUSA.
Para la especialista, las muertes que se cometen cada año en ámbitos familiares se mantienen casi que en una “meseta”, es decir, que no bajan ni a aumentan significativamente, por lo que consideran que toda esta narrativa de una política de seguridad en el país no logra impactar puntualmente lo doméstico, como sí lo hizo en la violencia social.
El gubernamental Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) no respondió a una solicitud de comentario sobre la reducción de los feminicidios, las políticas estatales encaminadas a reducir la violencia contra las mujeres y la reserva de información sobre las estadísticas oficiales sobre hechos de violencia.
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Dinora Osorio de 70 años de edad era propietaria de una modesta tienda en el cantón Hato Nuevo, en el departamento de San Miguel. Vivía sola y a veces comerciaba ropa usada en el mercado central de la ciudad oriental. La mañana del 1 de agosto, la anciana fue asesinada a puñaladas al interior de su casa. La policía detuvo horas después al vecino Selvin Rivas, de 18 años, como el principal sospechoso de cometer el feminicidio, pero no reveló el motivo.
Familiares de Lorena Marcela López presentaron un aviso de desaparición a las autoridades la noche del sábado 3 de agosto porque la joven de 19 años de edad no llegó a casa, a pesar de que así lo había anunciado. A la mañana siguiente su cadáver fue encontrado en el pasaje Montero, distrito de Ayutuxtepeque. Según la policía, la joven fue estrangulada supuestamente por su pareja Reynaldo Figueroa en un arranque de “celos”. La misma noche del 3 de agosto, otra mujer fue hallada muerta en la calle Mataderos, en el distrito de Nejapa. Según los reportes oficiales, se trataba de una mujer de 28 años aunque su identidad, el responsable y la causa de muerte no fueron revelados.
Los gritos de auxilio desde el interior de una casa en la colonia la Floresta, Soyapango, estremecieron a los vecinos el día 20 de agosto. Una mujer, cuya identidad se desconoce, fue asesinada con un arma blanca después de una discusión con su expareja. Milton Rivas fue llevado al hospital bajo custodia policial debido a las heridas que sufrió cuando la víctima intentó defenderse. La fiscalía presentó un requerimiento en su contra el 3 de septiembre, acusándolo de feminicidio agravado. Según las investigaciones, la relación de 14 años entre ambos estuvo marcada por constantes episodios de violencia física, emocional y psicológica.
La nicaragüense Yoselin de 23 años de edad fue asesinada en el caserío Los Ranchos del cantón Mogotillo, en La Unión, luego de una discusión con su compañero de vida y compatriota, Yony Vallejos, de 37 años de edad. El hombre en estado de ebriedad arremetió con cuchillo contra la mujer al interior de la vivienda. Al momento de su captura, el hombre vestía una gorra de béisbol de los Yankees de Nueva York y ropa interior de color negra. En la parte del muslo izquierdo y su panza llevaba manchas de sangre de la víctima que dejó en la orfandad a tres hijos.
La noche del 25 de agosto, una mujer cuya identidad es desconocida regresaba a su casa en la ciudad de Santa Tecla luego de una reunión con familiares. Su expareja, Carlos Henríquez, comenzó a golpearla en diferentes partes del cuerpo hasta provocarle la muerte. El Ministerio Público señaló que Henríquez es procesado por el delito de feminicidio agravado.
Ana Luz Montano era una mujer de campo a la que le gustaban las flores. Sus actividades cotidianas, ordeñar las vacas y alimentar a las gallinas, las alternaba con su participación en la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de la Taura, distrito de Tecoluca, en la que era tesorera. Junto con su familia y otras compañeras de la localidad estaban desarrollando un proyecto para crear un huerto. Estaba readecuando un espacio para hacer una nueva bodega. La noche del domingo 25 de agosto, Montano llamó por teléfono a un trabajador eventual para que ayudara al día siguiente con algunas labores, ya que ella y uno de sus hijos no podía realizarlas. En ese momento, la mujer, se encontraba en su casa junto a su nuera, quien poco después se marchó. A la mañana siguiente, su hijo encontró tendido el cuerpo de su madre de 52 años en la zona donde remodelarían la bodega. Tenía heridas con arma blanca en la espalda, en el cuello y el pecho. La noche anterior nadie vio ni escuchó nada. Los hijos de Luz dijeron a la policía que sospechaban del trabajador llamado Manuel Ávalos ya que era insistente con su madre y algunas veces le había “insinuado cosas”, además de que no llegó a trabajar tal como se había comprometido. Los agentes lo detuvieron y él mismo confirmó que había cometido el crimen a petición de uno de los hijos de Ana Luz por motivos de herencia así que fue capturado. Luego de una investigación, su hijo fue liberado sin cargos, pero lamenta que no pudo estar en la vela y funeral de su madre. La familia considera que Ávalos, quien le informó a las autoridades que enterró su ropa empapada con la sangre de la víctima, asesinó a Ana Luz por cuestión de celos, aunque ella siempre le dejó claro que tenían una relación laboral.
La noche del miércoles 11 de septiembre, Melissa Aurora Santos Vásquez, de 37 años, fue asesinada con arma blanca en su casa en la colonia Jardines de Guadalupe, Antiguo Cuscatlán. Los agentes policiales que llegaron a la escena descubrieron a su compañero de vida, Vladimir Aragón, con cortes en las muñecas. Supuestamente se había mutilado para suicidarse. Los oficiales lo llevaron a un hospital para que recibiera atención. Aragón es procesado por el delito de feminicidio agravado y el caso fue declarado en reserva.
Al mediodía del sábado 14 de septiembre, Alisson Natalia Genovés, de 19 años de edad, fue víctima de una tunda al interior de su casa en la colonia Divina Providencia, en Soyapango. Luego del alboroto derivado de la riña, el vecindario se quedó en silencio. Oficiales llegaron a la casa y encontraron el cadáver de la joven. El principal sospechoso del crimen es su pareja, quien fue apresado en la residencia, pero su identidad no fue divulgada.
Después de haber recibido varias amenazas, una mujer de 66 años de edad fue embestida por un vehículo en una de las calles del distrito de Jocoro, departamento de Morazán. Grave fue llevada al hospital para recibir atención, pero finalmente falleció el 12 de octubre. Las investigaciones condujeron hacia Mauro Bernabé Quintanilla, expareja de la mujer, quien fue detenido a varios kilómetros del lugar donde la atropelló. Las autoridades sostienen que la acción fue premeditada.
Rosa Angélica Díaz era una empleada administrativa de la Policía Nacional Civil y además estaba asociada a la empresa cooperativa ACACYC PNC de RL. La mujer de 40 años de edad fue encontrada sin vida en su vivienda en el cantón Zapote Alto, en un punto fronterizo entre dos distritos del Gran San Salvador. Tenía múltiples heridas de arma blanca en su cuello y cabeza cuando sus compañeros de la corporación policial la hallaron. A varios metros de distancia, en una vivienda abandonada, los agentes encontraron el cadáver tendido de Santos Ventura de 46 años de edad y expareja de Díaz. El hombre, que tenía orden de alejamiento a favor de la víctima, se suicidó bebiendo veneno.
El 10 de octubre, luego de dos días de búsqueda, las autoridades dieron con el cuerpo semienterrado de una anciana de 76 años de edad en una área rural del cantón San José Las Mesitas, en el departamento norteño de Chalatenango. El hecho fue atribuido a una de sus hijas y dos nietos, quienes habrían engañado a la víctima para sacarla de su casa en estado de ebriedad. Sacando ventaja del estado de la mujer, su hija y nietos la enterraron viva en represalia por una disputa de terreno en la no fueron favorecidos, expresó la fiscalía luego de las investigaciones preliminares. Los detenidos fueron identificados como Sonia Ibáñez y sus hijos. José Ibáñez y una menor de edad.
El 22 de octubre, agentes policiales trasladaron de emergencia a Kenia Antonia Zaldaña Castaneda hasta un hospital de la ciudad de Ahuachapán, luego de ser atacada con arma blanca por su expareja Santos Elías Sarceño al interior de su casa en el caserío Los Horcones, cantón El Tigre. Sarceño tenía un récord de violencia doméstica contra Zaldaña, por lo que días antes había sido capturado por esa razón. Sin embargo fue puesto en libertad con medidas sustitutivas a la detención y con una orden de alejamiento. Pese a la restricción, el hombre la seguía acosando hasta que la atacó con un machete. Por la gravedad de las heridas, Kenia de 39 años de edad fue trasladada de emergencia hasta el hospital y luego fue llevada a otro en la zona occidental del país, donde permaneció en cuidados intensivos durante casi un mes. Finalmente murió el 14 de noviembre. Su expareja quiso suicidarse tomando veneno luego de cometer el atentado, pero sobrevivió y ahora es procesado por feminicidio agravado.
En una cervecería de una zona roja del centro de San Salvador fue vista una mujer no identificada de 28 años de edad, quien según las pesquisas de las autoridades, fue sacada inconsciente del local por Bryan Rivera y Ruth Ramos. Afuera del establecimiento, el hombre abusó sexualmente de la mujer. Después, la víctima fue arrastrada por la calle hasta dejarla depositada debajo de un camión que estaba estacionado en el lugar, donde fue encontrada el 24 de noviembre. Diez días después, la policía detuvo a los presuntos hechores del feminicidio.
El último feminicidio registrado en el año fue el de Claudia Consuelo Nevares, de 32 años de edad, de nacionalidad mexicana. Su asesinato ocurrió el miércoles 4 de diciembre en un hotel de playa en la Costa del Sol, departamento de La Paz. Este feminicidio no fue contabilizado por la policía en su publicación diaria en la red social X, tampoco hubo detalles del crimen y el asesino.
