El 2 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Fact Checking y este año desde la red latinoamericana de chequeadores, LatamChequea, queremos aprovechar este día para salir a decir algo muy claramente: el fact checking sirve. Y no lo decimos nosotros, lo muestra la evidencia.
Un grupo de religiosos acudió a la Asamblea Legislativa para pedir la derogatoria de la nueva ley de la minería metálica, pero el oficialismo los acusa de no pronunciarse en otros temas, como el de la inseguridad en el pasado.
Óscar Alexis Arévalo, un joven de 19 años, fue encontrado recientemente en una fosa clandestina. Organizaciones sociales denuncian reserva de información y falta de voluntad política en casos de personas desaparecidas.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se negó a proporcionar los índices de información reservada, argumentando que estos se pueden consultar a través de los Portales de Transparencia de cada entidad obligada, lo que es falso.
El acuerdo entre la empresa turca Yilport Holding y el Gobierno de El Salvador, que establece una inversión de $1,615 millones para la modernización de los puertos de Acajutla y La Unión para su cesión por 50 años, fue puesto bajo reserva por CEPA, que no entregó ni versión pública.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que no ha existido una reserva de información relacionada con los gastos y contrataciones de dicho órgano, una afirmación desmentida por documentos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y de la misma Asamblea.
Infodemia solicitó información sobre personas desaparecidas, pero las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) respondieron que mantienen la información bajo reserva.
Infodemia solicitó la información relacionada con las solicitudes y entrega de pasaportes para inversionistas de bitcóin, pero las autoridades de Migración y Extranjería negaron su existencia.
El Ministerio de Hacienda de El Salvador declaró la reserva de la propuesta presentada por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) para convertir la deuda de corto plazo en deuda de mediano plazo argumentando que hacerlo público generaría una “ventaja indebida”.
