La entrante administración de Donald Trump ha prometido la campaña de deportación de migrantes más grande en la historia de Estados Unidos. En su primer período presidencial (2017-2021) su gobierno deportó 1,5 millones de inmigrantes.
El 22 de noviembre de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en contra del Estado de El Salvador por violencia obstétrica en el caso Beatriz ocurrido en 2013.
El Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista y sus aliados, aprobaron dos leyes que podrían provocar censura y presiones sobre los medios de comunicación, sobre todo en casos que sean críticos del gobierno de Bukele.
En el distrito de Ayutuxtepeque existen dos comunidades semirurales conectadas a penas por tuberías de agua que la gente utiliza para transitar. En el lugar todavía se observan grafitis de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios como testigos visibles de un pasado marcado por la violencia y el dominio de estos.
Los feminicidios registraron una baja del 42.85% entre 2022 y 2024, según el Observatorio de violencia contra las mujeres de ORMUSA. Pero organizaciones feministas denuncian falta de acceso a la información y temen un subregistro de parte de las autoridades.
Instituciones de gobierno indican que el país centroamericano recibió 3,4 millones de turistas el año pasado, sin embargo, esta cifra tiene una discrepancia con las estadísticas de ONU Turismo, pero esto se debe a la inclusión de una variable adicional que según los expertos es correcta.
Se registra un aumento de 10.1% de las jefaturas femeninas en 17 años. Según expertas consultadas, este fenómeno está vinculado a la violencia, pero, además, a las actuales políticas de seguridad, principalmente el régimen de excepción.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará una audiencia pública el próximo martes 12 de noviembre para examinar las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y su impacto en la democracia y los derechos humanos.
Óscar Alexis Arévalo, un joven de 19 años, fue encontrado recientemente en una fosa clandestina. Organizaciones sociales denuncian reserva de información y falta de voluntad política en casos de personas desaparecidas.
Luego de 17 años, el Gobierno de El Salvador presentó los resultados de un censo de población y vivienda en el cual registró un aumento de las personas que se autodefinen como indígenas y afrodescendientes, grupos étnicos tradicionalmente discriminados.
