Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2023, más de 1.9 millones de salvadoreños vivieron en pobreza el año pasado, 55,097 más que en 2022. Desde la llegada de Bukele al poder en 2019, la pobreza aumentó un 4.4%.
El oficialismo venezolano difundió recientemente una supuesta carta de una exdiplomática colombiana que señala al candidato presidencial de oposición Edmundo González Urrutia de estar vinculado a masacres y violaciones a derechos humanos en El Salvador a inicios de la década de los años ochenta. También se ha dicho, en videos virales, que estaría relacionado con la masacre de unos mil civiles en El Mozote y zonas aledañas, en el remoto departamento de Morazán.
Según un reciente informe, desde marzo de 2022 hasta abril de 2024, más de 3.000 menores de edad han sido detenidos, muchos de ellos sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas.
El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que un grupo empleadores de El Salvador intentaron atraer la atención de un organismo internacional de las Naciones Unidas para generar publicaciones y una agenda mediática contra el Gobierno.
La afirmación de la diputada del bukelismo Alexia Rivas se da en momentos en los que el Gobierno de Nayib Bukele ha despedido a cientos de empleados gubernamentales por supuestamente ser contrarios a sus “valores”.
Los pocos datos oficiales disponibles sugieren que las condiciones sociales y de seguridad siguen siendo adversas para las niñas, niños y adolescentes, con la problemática de la violencia sexual con cifras a nivel de pandemia.
Según en el reciente reporte sobre la trata de personas 2024, el Gobierno de El Salvador no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.
Presidenta de la APES aclara que no calificó como “hechos por IA” los audios presentados por la PNC como supuesta evidencia contra veteranos de guerra, tal como afirmó el sitio gubernamental Diario El Salvador y El Blog.
En 2019, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador, recetó una "medicina amarga" para curar los males que presentaba el país. Cinco años después, la prescripción ha provocado autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y medidas económicas polémicas.
