Un estudio elaborado por abogados internacionales señala que existen bases razonables para creer que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad durante el estado de emergencia para combatir a las pandillas.
En resumen:
- Un informe indica que se estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad durante la implementación del régimen de excepción en El Salvador, que a finales de marzo cumple 4 años de vigencia.
- Los crímenes van encarcelamientos arbitrarios, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución.
- Los casos documentados indican la existencia de una política de actuación policial y militar, conocida y promovida por el gobierno de Nayib Bukele.
Redacción Infodemia
Un grupo de juristas internacionales denunció hoy que existen evidencias para afirmar que las autoridades de El Salvador están cometiendo crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción, que está próximo a cumplir cuatro años de vigencia.
Para los expertos, en 48 meses de aplicación del estado de emergencia, en el país se están cometiendo sistemáticamente encarcelamientos arbitrarios, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución.
Para elaborar el informe que analiza el impacto del régimen de excepción en la democracia y el Estado de derecho en El Salvador, los investigadores revisaron investigaciones periodísticas, documentación oficial, informes nacionales e internacionales y se reunieron con víctimas, sociedad civil, academia, abogados y periodistas.
“Existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)”, señaló el estudio llamado El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública.
El informe fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) y se dio a conocer en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Guatemala.
Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, según el diccionario panhispánico del español jurídico.
El polémico régimen de excepción fue aprobado por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa en la madrugada del 27 de marzo de 2022, luego que las pandillas asesinaron a 87 personas en un fin de semana.
Desde entonces, los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a más de 90.000 personas de forma arbitraria o sin el debido proceso, según diversas renuncias de organizaciones de derechos humanos. Además, diferentes organizaciones han documentado más de 403 muertes en cárceles, incluidos cuatro niños, y 540 casos de desaparición forzada.
“Respecto a los señalamientos sobre supuestas violaciones graves a derechos humanos en el marco del régimen de excepción, el Estado rechaza cualquier intento de atribuirle una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia u omisión de actos como la desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias”, dijo el Procurador General, René Escobar, ante la CIDH.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, calificó recientemente de “leyenda” los señalamientos de muertes durante el estado de emergencia, en su intervención en la Tribuna de la agencia española de noticias EFE a mediados de febrero.
Captura de pantalla del evento de la agencia EFE en el que participó el vicepresidente Félix Ulloa.
“Los casos documentados indican la existencia de una política de actuación policial y militar, conocida y promovida incluso por los más altos mandos del gobierno del presidente Nayib Bukele”, agregó el informe.
El GIPES está conformado por cinco juristas de reconocimiento internacional: Susana SáCouto, Claudia Martin, Gino Costa, José Guevara y Santiago Canton.
Los juristas internacionales instaron al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a crear una misión internacional de determinación de hechos violatorios de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas.
También recomiendan al Estado salvadoreño establecer una comisión independiente de revisión de casos con apoyo internacional; así como poner fin al régimen de excepción y a las reformas penales, violatorias del derecho internacional, que lo acompañan.
