Los registros periodísticos e informes dan cuenta de que diversos organismos internacionales y salvadoreños se pronunciaron a favor de la población en los años más violentos del país.
De acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el país “no hay” homicidios, ni violaciones, ni robos, pero las estadísticas oficiales lo contradicen.
En siete años, el Gobierno de Bukele ha destinado al menos $76.61 millones de fondos públicos a publicidad y propaganda, un gasto creciente y opaco que supera con creces al de gobiernos anteriores.
Durante cuatro años, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido combatir a las pandillas, reducir los homicidios y los delitos en el país. La medida también ha provocado una serie de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales han sido negadas por las autoridades.
Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
En poco más de dos años, tres empresas creadas por socios y amigos de la familia de Nayib Bukele compraron casi mil manzanas de tierra, la mayor parte de ellas en zonas de relevancia ambiental y otra buena parte con protecciones conservacionistas que el gobierno levantó meses antes de las transacciones.
Durante el desarrollo de un juicio masivo en contra de centenares de cabecillas de la MS-13, la Fiscalía presentó pruebas y alegatos que ponen en entredicho la versión oficial de que se había controlado totalmente el flujo de información y órdenes a miembros de estas estructuras con el exterior.
El patrimonio líquido del presidente Bukele y su núcleo familiar casi se duplicó entre 2018 y su gestión actual en la Presidencia, al pasar de 2.25 a 4.46 millones de dólares, según declaraciones ante la Sección de Probidad de la CSJ y el Ministerio de Hacienda.
Durante las administraciones de Nayib Bukele en la alcaldía de San Salvador y en la Presidencia de la República, dos empresas vinculadas a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y a su esposo, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, obtuvieron al menos 14 contratos con instituciones del Estado.
Decenas de ciudadanos han salido de emergencia del país ante el incremento de la persecución de Nayib Bukele por sus posturas críticas a su administración.
La reconocida abogada, experta en corrupción y derechos humanos, fue detenida hace un año por las autoridades y todos los detalles sobre su caso se mantienen bajo reserva en el tribunal.
En el marco de la celebración del día de la madre, un grupo de mujeres, familiares de capturados durante el estado de emergencia, lanzaron frente a Catedral de San Salvador un movimiento de solidaridad ante la violaciones a derechos humanos.
El gobierno salvadoreño acusa al periódico de evasión de impuestos, aunque sus representantes rechazan las acusaciones y apuntan a represalia por sus investigaciones que exponen sus pactos con pandillas y casos de corrupción.
