Al menos ocho funcionarios del gobierno de Nayib Bukle han sido señalados en la Lista Engel elaborada por el gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento, ninguno ha sido investigado y procesado por los actos que se les acusan.
El Gobierno salvadoreño dice que está buscando convertir al país en un centro tecnológico para desarrollo de software, inteligencia artificial y bitcóin, pero dice no tener los documentos relacionados con el reciente nombramiento como asesor presidencial de un supuesto experto.
Según un reciente análisis de una organización regional, la Sala de lo Constitucional ha implementado un rechazo sistemático y masivo de las demandas de habeas corpus por detenciones ilegales y arbitrarias bajo el marco del régimen de excepción.
Según en el reciente reporte sobre la trata de personas 2024, el Gobierno de El Salvador no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.
La administración de Nayib Bukele ha sido cuestionada por la oposición y organismos internacionales de violar la Constitución para consolidar su proyecto político, al que señalan de autoritario y para su defensa Bukele emplea desinformación.
La mañana del 1 de junio se realizó la ceremonia de investidura inconstitucional de Nayib Bukele como presidente para un período de cinco años, en medio de cuestionamientos sobre su legalidad.
En 2019, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador, recetó una "medicina amarga" para curar los males que presentaba el país. Cinco años después, la prescripción ha provocado autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y medidas económicas polémicas.
Para la creación de la Constitución vigente se realizó una elección para que los salvadoreños eligieran a los integrantes de la Asamblea Constituyente y no hubo una autoproclamación como afirmó el vicemandatario electo.
La cooperativa financiera está siendo intervenida por la Fiscalía debido a investigaciones por presunta defraudación a la economía pública por un monto de $35 millones, un informe de Acción Ciudadana, con datos del Ministerio de Hacienda, indica que esta fue donante del partido gobernante al menos en el año 2020.
Durante la legislación 2021-2024, el oficialismo prácticamente no tenía oposición para desarrollar su agenda, sin embargo el número de propuestas y dictámenes fue inferior que el periodo previo.
