Un Tribunal contra el Crimen Organizado negó el arresto domiciliario al representante de la Alianza El Salvador en Paz, mientras la defensa alega un deterioro en su estado de salud.
Por Lissette Lemus
La condición de salud del excombatiente José Santos Melara Yanes continúa siendo grave mientras permanece en prisión, según reiteró su abogado defensor, Guillermo García, tras haber conversado con él de forma virtual durante una audiencia de revisión de medidas realizada esta semana.
La diligencia judicial se desarrolló de manera virtual el 22 de diciembre de 2025, ante el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 3, en la que la defensa solicitó la sustitución de la detención provisional por arresto domiciliario.
“Está vivo, pero en condiciones de salud deplorables, en condiciones inhumanas. De alguna manera argumentó que no sabe si va a aguantar, pero esperamos en Dios que pronto podamos tener resultados positivos”, expresó García al finalizar la audiencia.
El abogado explicó que su defendido, conocido como Pepe Melara, padece hipertensión y diabetes, enfermedades crónicas que, según afirmó, se han agravado durante su permanencia en prisión.
Asimismo, indicó que evaluaciones médicas realizadas en noviembre por el Instituto de Medicina Legal (IML) reflejan nuevos padecimientos y una pérdida aproximada de 28 libras de peso.
“Es cierto que se han desaparecido las úlceras en los pies, pero ahora se le están durmiendo las manos y no tiene movilidad en ellas”, detalló el defensor.
Pese a los arraigos y argumentos presentados por la defensa, la jueza resolvió mantener la detención provisional de Melara.
“La señora jueza ha sostenido que la salud de Pepe está mejor atendida dentro del centro penal, en su condición de privado de libertad”, manifestó García.
No obstante, la defensa señaló que el tribunal está a la espera de un informe médico del Hospital Nacional Rosales, correspondiente a exámenes practicados a Melara en octubre, por lo que esperan que se programe una nueva audiencia.
En este mismo caso, a inicios de diciembre la Fiscalía General de la República solicitó una ampliación del plazo de instrucción por dos años, petición que fue parcialmente aceptada por el tribunal, que autorizó únicamente seis meses adicionales. Ante esa resolución, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación ante una instancia superior.
Durante la audiencia, organizaciones sociales acompañaron en las afueras del Centro Judicial a la familia de Melara y expresaron su rechazo a la decisión de la jueza.
Ángel Claudio, representante del sector de los veteranos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), manifestó que el proceso contra Pepe Melara y otros miembros de la Alianza El Salvador en Paz ha sido “amañado”.
“La Fiscalía no ha podido hasta este momento dar certeza de las acusaciones y está pidiendo más tiempo para que nuestros compañeros sigan detenidos injustamente”, dijo.
Asimismo, Lourdes Palacios, integrante del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Coffapes), expresó su rechazo tras la decisión judicial.
“Condenamos la resolución emitida por la jueza, porque el compañero Pepe se encuentra en un estado de salud que requiere atención especializada”, declaró.
Melara fue detenido el 30 de junio de 2024, junto a otros dirigentes de veteranos de guerra y excombatientes, por presuntamente planificar atentados con explosivos en varios puntos del país, que serían cometidos el 1 de junio, día de la investidura para un segundo mandato del presidente Nayib Bukele.
