Decenas de familias de personas desaparecidas reclaman al Estado salvadoreño una ley que establezca mecanismos claros para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, pero hasta el momento han encontrado eco a su petición.
El Bloque está conformado por familiares de 56 personas desaparecidas. Foto/ Bloque de Búsqueda
En resumen:
- Familiares de personas desaparecidas presentaron al Congreso una iniciativa para facilitar los mecanismos de búsqueda.
- El proyecto plantea crear un Banco de Datos Genéticos, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y un Sistema Nacional de Búsqueda (SNB).
- Integrantes del Bloque de Búsqueda dijeron que la bancada oficialista Nuevas Ideas se negó a recibir la propuesta en dos ocasiones.
Lissette Lemus
Carmen Argueta lleva cinco años buscando insistentemente a su hijo desaparecido. Durante todo este tiempo ha tocado las puertas de varias instituciones contando su caso y exigiendo a las autoridades que activen los procedimientos establecidos para resolverlo, sin embargo, el resultado desfavorable sigue siendo el mismo.
Argueta, una integrante del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas de El Salvador, comentó a Infodemia que tuvieron la iniciativa de presentar una ley para la búsqueda de personas ante la necesidad de las familias de contar con un sistema especializado y coordinado, con responsabilidades definidas y recursos suficientes para funcionar.
“Cuando desaparece una persona tenemos a la familia yendo de una institución a otra y tiene que contar la misma historia una y otra vez”, señaló.
Argueta habla desde su experiencia. Su hijo Herbert Antonio Argueta Armero desapareció el 4 de agosto de 2021, cuando salió de su casa a comprar golosinas a una tienda cercana, localizada en la residencial El Bambú, en Mejicanos.
Herbert era estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador y, según su madre, hablaba cuatro idiomas. La lucha de Carmen ha ido de la esperanza a la angustia y viceversa, cuando en vez de recibir información sobre el avance de las investigaciones, son las autoridades quienes le preguntan si ella tiene datos nuevos sobre el caso.
Ante la falta de respuestas de las instituciones del Estado, el grupo de familiares de desaparecidos presentaron el 26 de agosto a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para la búsqueda de sus víctimas.
Sin embargo, del total de 60 legisladores, solo la diputada Claudia Ortiz de la fracción de VAMOS recibió la petición.
“Nos sentimos defraudadas por el Estado, abandonadas, solas, porque desde un inicio nos ha tocado como familiares buscar solas”, dijo Esmeralda Rosales, quien busca a su hermano Fernando Andrés Rosales, desaparecido desde marzo de 2022.
La propuesta de ley plantea crear una Política Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un Banco de Datos Genéticos, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y un Sistema Nacional de Búsqueda (SNB).
Las familias proponen que el SNB esté integrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Policía Nacional Civil (PNC), los juzgados de paz, el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Cruz Roja.
El objetivo es establecer un marco legal e institucional que permita al Estado buscar, localizar e identificar a las personas desaparecidas, explicó Rosales.
Carmen Argueta, busca a su hijo Herbert Antonio Argueta Armero desde el 4 de agosto de 2021. Foto/ Lissette Lemus
Rechazo institucional
Antes de presentar públicamente la iniciativa, el Bloque visitó instituciones estatales que tienen competencias relacionadas con la atención de estos casos. Las familias entregaron copias de la propuesta y solicitaron reuniones para explicar su contenido y plantear sus necesidades, pero ninguna de esas instituciones les ha concedido las reuniones solicitadas.
Las familias también buscaron acercamientos con las distintas fracciones legislativas. La bancada de Nuevas Ideas, que tiene la mayoría de escaños, se negó a recibir la propuesta en dos ocasiones, comentó Rosales. Ante ello, las familias optaron por enviarla por vía electrónica, pero tampoco obtuvieron respuesta.
“Realmente para nosotros es duro, es difícil porque lo que estamos pidiendo no es un favor, un lujo o un privilegio, sino un deber que el Estado tiene para con nosotros”, manifestó.
El 27 de agosto, la diputada Ortiz intentó incorporar la propuesta en la agenda del pleno en la Asamblea Legislativa, sin embargo, la solicitud no consiguió el respaldo del resto de los diputados.
“En nombre de las víctimas, de sus familiares, de las madres que han venido este día y todas las miles de familias que tienen un familiar desaparecido que no han encontrado justicia, esto no es un favor, es una obligación del Estado salvadoreño”, manifestó la legisladora.
Ley del banco de ADN es “letra muerta”
El Salvador aprobó en enero de 2021 la Ley del Banco Nacional de Datos de ADN, que establece un sistema para organizar información genética que facilite la identificación de personas desaparecidas.
Sin embargo, para Carmen Argueta la normativa no está funcionando como se esperaba. A finales de 2023, ella solicitó a la Fiscalía que le tomaran una muestra de ADN para que pudiera ser comparada en caso de que los restos de su hijo fueran localizados en un cementerio o una fosa clandestina.
Según relató, la respuesta que recibió fue que la muestra solo se toma si existen indicios de que su familiar haya sido localizado en el lugar. También le dijeron que, de tomarse sin una búsqueda concreta, la muestra podría quedar sin utilizar y que no cuentan con los recursos necesarios.
“Eso demuestra que no está funcionando el banco de ADN, por eso yo digo que esa ley es letra muerta”, afirmó.
CICR llama a Estados a fortalecer marcos normativos
El 28 de agosto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llamó a los Estados de América a fortalecer sus marcos normativos para prevenir y responder a las desapariciones y a dotarlos de recursos humanos, técnicos y presupuestarios.
El objetivo, según el organismo humanitario, es garantizar procesos efectivos de búsqueda e identificación que permitan encontrar a la persona desaparecida o entregar dignamente sus restos a sus familiares.
“Contar con una ley es un paso histórico, pero es el punto de partida, no el fin”, afirmó Mariano Griva, coordinador de Protección de Vínculos Familiares del CICR. Advirtió que, sin activación inmediata, presupuesto protegido y capacidad forense, un marco legal corre el riesgo de quedarse en el papel.
Argentina, Colombia, Perú, Brasil y México cuentan hoy con leyes específicas sobre desaparición de personas, de acuerdo con el CICR. En 2026, Colombia incorporó además una Política Integral de Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas.
En Centroamérica, Guatemala anunció recientemente la creación de un mecanismo de búsqueda humanitaria, mientras Honduras discute en el Congreso una ley de búsqueda.
El Salvador, en cambio, no cuenta con una ley especializada, aunque en diciembre de 2018 la Fiscalía puso en marcha un Protocolo de Acción Urgente y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas (PAU).
Durante su lanzamiento, la Fiscalía informó que el PAU elimina el plazo que las instituciones requerían para recibir una denuncia por desaparición y que su objetivo era encontrar a la víctima, no únicamente al responsable del delito.
Obstáculos y temor a represalias
Además de la falta de un marco legal, las familias agrupadas en el Bloque de Búsqueda denuncian abandono institucional, estigmatización, criminalización, falta de recursos y riesgos de seguridad.
Estos factores las han llevado a trasladar algunas de sus actividades a espacios privados, explicó Rosales.
Liberación de globos en el Monumento a la Constitución por motivos del cumpleaños de Fernando Andrés Rosales. Foto/ Cortesía Familia Rosales
La última actividad pública del Bloque fue el 12 de septiembre de 2025, cuando realizaron una liberación de globos frente al monumento a la Constitución para conmemorar el cumpleaños número 39 de Fernando Andrés Rosales, desaparecido el 5 de marzo de 2022.
“Por la situación actual del país nos hemos mantenido un poco más al margen, ya no hacemos actividades como públicas”, manifestó.
Este año, la familia conmemoró su cumpleaños en privado, con una oración junto a familiares y amigos cercanos.
Fernando Rosales fue visto por última vez el 5 de marzo de 2022 en el mercado de Santa Ana, donde entregaba productos de primera necesidad.
Según el relato de su hermana, un grupo de hombres comenzó a seguirlo y, después de refugiarse durante unos minutos en un negocio, fue interceptado por dos hombres y una mujer al salir. Desde entonces, su familia continúa sin conocer su paradero.
Por la desaparición de Fernando,tres personas enfrentan un proceso judicial.
Es el único de los casos de familiares agrupados en el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas que ha llegado a la vía judicial, según las familias.
