La petición fue realizada durante el 195 periodo de sesiones de CIDH para evaluar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la CIDH el abandono estatal de los casos de violencia sexual en contra de mujeres en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
Un estudio elaborado por abogados internacionales señala que existen bases razonables para creer que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad durante el estado de emergencia para combatir a las pandillas.
Usuarios de Facebook aprovecharon las publicaciones oficiales sobre indicadores de seguridad para cuestionar al Gabinete de Seguridad por señalamientos de corrupción, liberaciones irregulares de pandilleros, desapariciones y muertes en cárceles que las autoridades no abordaron públicamente.
En este caso son procesados el exministros de Defensa, Guillermo García, y 11 oficiales de la Fuerza Armada, acusados de masacrar a unos 1.000 civiles en 1981.
Un Tribunal contra el Crimen Organizado negó el arresto domiciliario al representante de la Alianza El Salvador en Paz, mientras la defensa alega un deterioro en su estado de salud.
La información pública da cuenta de un gasto por $227,536,46. El gasto se divide en octubre y diciembre de 2022 ($42,576.65), enero y junio de 2023 ( $50,096.65) y 2025 ($134,863.16).
En un proceso de acceso a información pública la PDDH informó que los datos relacionados con los viajes de la procuradora Caballero y otros funcionarios está reservada por razones de seguridad.
Un amplio operativo de capturas sorprendió a los habitantes del distrito de El Congo a finales de mayo. El caso, que se desarrolla en un tribunal con reserva total, mantiene en vilo a los familiares que temen por condenas de sus parientes y por ellos mismos, ya que también podrían ser objeto de detención.
