Los expertos de la ONU señalaron que la reserva total del caso judicial impide el derecho a defensa y que el caso refleja un patrón de control social para silenciar a las mujeres en la esfera pública.
En resumen:
- La abogada Ruth López se encuentra en prisión desde hace un año
- Familia y abogados aseguran que está incomunicada y temen por su seguridad
- Organizaciones internacionales piden un juicio público y sin reservas
Por Lissette Lemus
Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron al Estado salvadoreño a liberar de inmediato a la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, bajo medidas alternas a la prisión.
López, que se encuentra encarcelada e incomunicada desde hace un año, es acusada por la Fiscalía de supuesto enriquecimiento ilícito en relación con su cargo como asesora del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, entre 2009 y 2014.
La abogada fungía como jefa de la unidad Anticorrupción de Cristosal y era una de las voces más críticas del gobierno de Nayib Bukele.
Un grupo conformado por nueve especialistas de ONU cuestionaron la legalidad de la detención prolongada, ya que en ausencia de una complejidad extraordinaria, resulta “irrazonable y desproporcionada” y convierte la medida cautelar en una “pena anticipada’’.
“Las personas expertas instaron al Estado a liberar a Ruth López Alfaro de inmediato y considerar la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad”, señala un comunicado del organismo internacional.
Asimismo, solicitaron a las autoridades fiscales y judiciales salvadoreñas levantar la reserva total del proceso penal, cesar todo acto de hostigamiento en su contra y garantizar que pueda ejercer su labor como defensora de derechos humanos sin temor a represalias.
“El mantenimiento de la reserva total impide el acceso público a las audiencias y limita el acceso de la defensa al expediente penal, vulnerando el principio de igualdad de armas y el derecho a una defensa adecuada”, enfatizaron los expertos.
Por otra parte, señalaron que “las circunstancias de la detención y las irregularidades en el proceso” sugieren que López está siendo objeto de represalias por sus actividades legítimas como abogada y defensora de derechos humanos.
Al frente de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, López realizó 51 investigaciones sobre presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios salvadoreños. Además, presentó 11 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra leyes que regulan el uso de fondos y compras públicas por favorecer la corrupción.
Los especialistas también destacaron que el caso refleja un patrón de control social que busca silenciar a las mujeres líderes en la esfera pública, mediante la estigmatización, la negación de garantías procesales básicas para deslegitimar su autoridad y disuadir a otras mujeres de ejercer su derecho a la defensa de los derechos humanos.
Tras el encarcelamiento de López, al menos unas 10 mujeres defensoras de derechos humanos abandonaron el país por temor a ser detenidas por su trabajo, según datos de organizaciones y movimientos sociales.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) envió una carta a la presidencia de El Salvador para pedir la liberación inmediata de la defensora de derechos humanos.
La organización denunció que durante el año de encarcelamiento, a López se le ha negado el contacto con su familia y con la defensa, no hay información sobre el proceso judicial, ni sobre su condición actual de salud.
Amnistía pidió al presidente Nayib Bukele poner en libertad a la defensora de derechos humanos de manera inmediata, garantizar un juicio justo y público y velar para que El Salvador respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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