La reconocida abogada, experta en corrupción y derechos humanos, fue detenida hace un año por las autoridades y todos los detalles sobre su caso se mantienen bajo reserva en el tribunal.
- El 4 de junio se vence la ampliación del plazo de investigación solicitado por la Fiscalía.
- La ONU y la CIDH han cuestionado la reserva total del proceso y la legalidad de la detención.
- Movimientos sociales sostienen que la acusación es una represalia por las investigaciones anticorrupción que lideró.
Por Lissette Lemus
Organismos internacionales, oenegés y movimientos sociales exigieron un juicio público y sin reserva en el caso de la reconocida abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, en el marco del primer año de su detención.
López, quien se desempeñaba en el cargo de jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, fue capturada por agentes policiales en su residencia la noche del 18 de mayo de 2025.
La noche que López fue capturada, la Fiscalía informó que sería acusada por el supuesto delito de peculado, en relación a su cargo como asesora del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, en el período de 2009 al 2014.
La Fiscalía presentó 15 días después la acusación formal por presunto enriquecimiento ilícito ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador. López y su familia aseguran que es inocente de los cargos que le imputan.
Al respecto, la Relatora Especial de Libertad de Asociación de la ONU, Gina Romero, manifestó, a través de sus redes sociales, que López tiene derecho a un juicio público y justo.
“Ruth López pidió un juicio público. Tiene derecho a uno”, afirmó Romero durante una protesta digital en la que participaron varios organismos y agrupaciones.
Para Romero el caso de López no es aislado, sino que forma parte de un patrón que busca “criminalizar a quienes denuncian la corrupción y el abuso de poder”. “Insto al gobierno a garantizar su libertad, un juicio justo y un entorno seguro para las personas defensoras”, expresó.
Por su parte, Human Rights Watch expresó que las autoridades salvadoreñas deben garantizar a López un juicio pronto, público y justo, levantar la reserva judicial del caso, y permitir contacto regular con su familia y sus abogados.
HRW aseguró que la detención de la abogada salvadoreña marcó el inicio de una escalada represiva contra críticos del gobierno, incluyendo defensores de derechos humanos y periodistas.
“Ruth López pasó años advirtiendo que el presidente Bukele estaba desmantelando las instituciones que protegen a los salvadoreños frente al abuso de poder”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch en un comunicado.
Goebertus agregó que el caso es una prueba de la “deriva autoritaria de El Salvador”.
“Las autoridades deben levantar la reserva sobre su caso, presentar sus evidencias, si las tienen, en una audiencia pública, y permitirle acceso efectivo a sus abogados”, manifestó.
Además, el Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy de Estados Unidos, denunció que el caso evidencia un patrón de encarcelamiento por motivos políticos y criminalización de las personas que alzan la voz y exigió que el juzgamiento sea público.
“En El Salvador se criminaliza a quienes alzan la voz. Cristosal ha documentado al menos 245 casos de persecución política desde 2019. El caso de Ruth López refleja ese patrón: hoy es una presa política. Exigimos su libertad inmediata y un juicio público con garantías”, expuso esa organización a través de X.
López, que ha sido galardonada internacionalmente por su labor como defensora de los derechos humanos, realizó varias investigaciones de supuestos casos de corrupción del Gobierno salvadoreño, entre ellos las irregularidades en la implementación de la ley bitcóin.
Como jefe de la unidad anticorrupción de Cristosal, realizó 51 investigaciones sobre actos de corrupción cometidos por funcionarios salvadoreños. Además, presentó 11 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra leyes que regulan el uso de fondos y compras públicas por favorecer la corrupción.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en Inglés) también aseguró que el encarcelamiento de López refleja el uso de la prisión político para silenciar a voces críticas y defensores de los derechos humanos y se sumó a la petición de un juicio público.
“Su caso refleja un preocupante patrón de silenciamiento de la disidencia en El Salvador”, publicó en redes.
En julio de 2025, grupos y relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitaron al Estado salvadoreño información detallada sobre la base legal de la detención, el cargo imputado y la imposición de la reserva total sobre el proceso jurídico, cuestionando cómo estas medidas se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión.
Por su parte, el Estado salvadoreño aseguró ante la CIDH que la acusación contra López no está relacionada a sus actividades como defensora de derechos humanos, sino que estaría estrictamente vinculada a “manejos financieros irregulares en perjuicio patrimonial para el Estado”.
Aseguró que luego, los elementos recabados por la fiscalía fueron calificados como enriquecimiento ilícito por la autoridad judicial.
En la audiencia inicial del 4 de junio de 2025, el juzgado ordenó el encarcelamiento de López y la reserva del proceso penal. Seis meses después, el 4 de diciembre, el Juzgado Cuarto de Instrucción amplió el plazo de investigación por seis meses a solicitud de la Fiscalía, que concluirá el próximo 4 de junio.
Fotografía de Lissette Lemus
Te puede interesar:
https://infodemia.com.sv/la-cidh-pide-a-el-salvador-canal-de-dialogo-con-la-abogada-anticorrupcion-ruth-lopez
