Decenas de ciudadanos han salido de emergencia del país ante el incremento de la persecución del Gobierno de Nayib Bukele por sus posturas críticas a su administración.
En resumen:
- La Mesa del Exilio Salvadoreño busca unir diferentes voces de refugiados en el exterior para exigir sus derechos
- Entre los exiliados se encuentran abogados, defensores de derechos humanos y periodistas
- Muchos críticos de Bukele han sido detenidos durante el régimen de excepción
Redacción Infodemia
Un grupo de salvadoreños exiliados en México por la persecución del Gobierno de Nayib Bukele anunciaron la creación de una mesa de diálogo que buscará articular los esfuerzos en el exterior para denunciar la deriva autoritaria, la liberación de presos políticos y el rescate de valores democráticos.
De acuerdo con la Mesa del Exilio Salvadoreño, más de 100 de sus compatriotas, entre periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y activistas, salieron del país hacia diferentes naciones por las inminentes capturas en su contra por sus posturas críticas a la administración.
Entre los miembros figuran el músico Atilio Montalvo y las abogadas Bertha Deleón e Ingrid Escobar.
Los integrantes dijeron que entre sus objetivos buscan respaldar a las organizaciones y personas que continúen denunciando dentro de El Salvador las violaciones a derechos humanos y arbitrariedades del gobierno. Además, fungirán como voceros de las personas en el exilio y convertirse en actores clave para pedir el regreso de la institucionalidad democrática.
“Su función principal es la de facilitar que las voces del exilio fluyan, se articulen, se amplifiquen y se conviertan en una acción conjunta para la construcción de una nueva y verdadera democracia”, dijo en una conferencia de prensa en Ciudad de México, Montalvo.
Diversas organizaciones internacionales alertaron sobre el perfil “autoritario” de Bukele cuando en febrero de 2020 ingresó con soldados y policías armados al Salón Azul de la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados de entonces por la aprobación de un préstamo para un plan de seguridad.
Afirman que un año después, con la mayoría absoluta en el Congreso, Bukele inició la concentración de poder al destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General en un proceso irregular.
Los meses siguientes, le siguió la cooptación de instituciones independientes del Estado, el rompimiento del balance de poderes, la limitación del espacio cívico, reformas a la constitución para habilitar la reelección y la persecución de voces críticas a su gobierno.
Los expertos sostienen que la situación en el país centroamericano se agravó luego de la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022 y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en 2025 para organizaciones no gubernamentales que grava con 30% las donaciones provenientes del exterior.
“(Con el régimen de excepción hay) pérdida de derechos humanos y pérdida de la democracia, que creo que es la factura más alta que como país hemos pagado en estos ya siete años de este gobierno dictatorial”, dijo la abogada Ingrid Escobar, también integrante de la mesa.
Escobar denunció que durante el estado de emergencia, los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a más de 91.000 personas, de las cuales unas 30.000 serían inocentes, entre ellos, sindicalistas, defensores de derechos humanos y activistas.
Un total de 526 personas han muerto bajo custodia estatal, según han confirmado organizaciones de derechos humanos.
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