En el marco de la celebración del día de la madre, un grupo de mujeres, familiares de capturados durante el estado de emergencia, lanzaron frente a Catedral de San Salvador un movimiento de solidaridad ante la violaciones a derechos humanos.
En redes sociales, numerosos perfiles de la sociedad civil denuncian la reciente captura de una maestra en el marco del Régimen de Excepción, pero el caso no es nuevo.
La petición fue realizada durante el 195 periodo de sesiones de CIDH para evaluar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción.
Un estudio elaborado por abogados internacionales señala que existen bases razonables para creer que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad durante el estado de emergencia para combatir a las pandillas.
Usuarios de Facebook aprovecharon las publicaciones oficiales sobre indicadores de seguridad para cuestionar al Gabinete de Seguridad por señalamientos de corrupción, liberaciones irregulares de pandilleros, desapariciones y muertes en cárceles que las autoridades no abordaron públicamente.
Un amplio operativo de capturas sorprendió a los habitantes del distrito de El Congo a finales de mayo. El caso, que se desarrolla en un tribunal con reserva total, mantiene en vilo a los familiares que temen por condenas de sus parientes y por ellos mismos, ya que también podrían ser objeto de detención.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financió la cena de Estado -con un costo de $30 mil- ofrecida por el presidente Rodrigo Chaves como “fina cortesía” para Nayib Bukele, presidente de El Salvador, a la que asistieron financistas, empresarios e invitados especiales del chavismo.
Human Rights Watch (HRW) denunció que 238 venezolanos deportados por EE. UU. y detenidos en El Salvador en CECOT desde mediados de marzo están en condición de desaparición forzada y detención arbitraria.
En casi tres años de vigencia del régimen de excepción para contrarrestar a las pandillas, unos 3.000 menores de edad han sido detenidos por las autoridades, casi la mitad fueron condenados y podrían ser trasladados hacia prisiones de adultos aunque en áreas separadas.
Las labores de rescate y remozado del centro histórico de San Salvador han desplazado negocios y centenares de personas que se dedican al comercio informal, un segmento de ellos pertenecen a la población trans, un grupo tradicionalmente marginado de los empleos formales.
El régimen de excepción en El Salvador, aplicado para combatir la delincuencia, ha reducido los índices de violencia según el gobierno, pero también ha desencadenado denuncias de detenciones arbitrarias, vulneraciones a derechos humanos y traumas psicológicos a inocentes detenidos y a sus familiares.
No hay evidencia estatal que sostenga que el estado de excepción hondureño, decretado hace casi dos años, haya tenido éxito en acabar con las extorsiones pandilleras y reducir la violencia. Lejos de eso, los casos de abusos policiales cometidos bajo estos “súper poderes” otorgados a los uniformados van desde tortura, agresiones sexuales, desapariciones e incluso asesinato.
Nayib Bukele afirmó en las Naciones Unidas que en El Salvador las personas viven “con su libertad y derechos humanos totalmente respetados". Está afirmación es falsa, dado que desde la implementación del régimen de excepción, diversas organizaciones han registrado atropellos a los derechos humanos.
