Más de 300 mil personas han firmado la petición de conservación del bosque El Espino en la plataforma Change.org a la que se han unido influencers, activistas, ambientalistas y ciudadanos preocupados por la preservación de este pulmón ecológico.
El patrimonio líquido del presidente Bukele y su núcleo familiar casi se duplicó entre 2018 y su gestión actual en la Presidencia, al pasar de 2.25 a 4.46 millones de dólares, según declaraciones ante la Sección de Probidad de la CSJ y el Ministerio de Hacienda.
La institución encargada de proteger los derechos humanos en El Salvador ha recibido miles de denuncias que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y capturas arbitrarias presuntamente cometidas por agentes del Estado durante el régimen de excepción de Bukele, pero ha guardado silencio.
La petición fue realizada durante el 195 periodo de sesiones de CIDH para evaluar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción.
Un estudio elaborado por abogados internacionales señala que existen bases razonables para creer que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad durante el estado de emergencia para combatir a las pandillas.
Usuarios de Facebook aprovecharon las publicaciones oficiales sobre indicadores de seguridad para cuestionar al Gabinete de Seguridad por señalamientos de corrupción, liberaciones irregulares de pandilleros, desapariciones y muertes en cárceles que las autoridades no abordaron públicamente.
Un amplio operativo de capturas sorprendió a los habitantes del distrito de El Congo a finales de mayo. El caso, que se desarrolla en un tribunal con reserva total, mantiene en vilo a los familiares que temen por condenas de sus parientes y por ellos mismos, ya que también podrían ser objeto de detención.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financió la cena de Estado -con un costo de $30 mil- ofrecida por el presidente Rodrigo Chaves como “fina cortesía” para Nayib Bukele, presidente de El Salvador, a la que asistieron financistas, empresarios e invitados especiales del chavismo.
Human Rights Watch (HRW) denunció que 238 venezolanos deportados por EE. UU. y detenidos en El Salvador en CECOT desde mediados de marzo están en condición de desaparición forzada y detención arbitraria.
En casi tres años de vigencia del régimen de excepción para contrarrestar a las pandillas, unos 3.000 menores de edad han sido detenidos por las autoridades, casi la mitad fueron condenados y podrían ser trasladados hacia prisiones de adultos aunque en áreas separadas.
Las labores de rescate y remozado del centro histórico de San Salvador han desplazado negocios y centenares de personas que se dedican al comercio informal, un segmento de ellos pertenecen a la población trans, un grupo tradicionalmente marginado de los empleos formales.
El régimen de excepción en El Salvador, aplicado para combatir la delincuencia, ha reducido los índices de violencia según el gobierno, pero también ha desencadenado denuncias de detenciones arbitrarias, vulneraciones a derechos humanos y traumas psicológicos a inocentes detenidos y a sus familiares.
No hay evidencia estatal que sostenga que el estado de excepción hondureño, decretado hace casi dos años, haya tenido éxito en acabar con las extorsiones pandilleras y reducir la violencia. Lejos de eso, los casos de abusos policiales cometidos bajo estos “súper poderes” otorgados a los uniformados van desde tortura, agresiones sexuales, desapariciones e incluso asesinato.
