Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Pese al incremento de las denuncias del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas se niegan a investigar los decesos.
Durante el desarrollo de un juicio masivo en contra de centenares de cabecillas de la MS-13, la Fiscalía presentó pruebas y alegatos que ponen en entredicho la versión oficial de que se había controlado totalmente el flujo de información y órdenes a miembros de estas estructuras con el exterior.
Decenas de ciudadanos han salido de emergencia del país ante el incremento de la persecución de Nayib Bukele por sus posturas críticas a su administración.
En el marco de la celebración del día de la madre, un grupo de mujeres, familiares de capturados durante el estado de emergencia, lanzaron frente a Catedral de San Salvador un movimiento de solidaridad ante la violaciones a derechos humanos.
La institución encargada de proteger los derechos humanos en El Salvador ha recibido miles de denuncias que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y capturas arbitrarias presuntamente cometidas por agentes del Estado durante el régimen de excepción de Bukele, pero ha guardado silencio.
La petición fue realizada durante el 195 periodo de sesiones de CIDH para evaluar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción.
Un estudio elaborado por abogados internacionales señala que existen bases razonables para creer que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad durante el estado de emergencia para combatir a las pandillas.
Usuarios de Facebook aprovecharon las publicaciones oficiales sobre indicadores de seguridad para cuestionar al Gabinete de Seguridad por señalamientos de corrupción, liberaciones irregulares de pandilleros, desapariciones y muertes en cárceles que las autoridades no abordaron públicamente.
Un amplio operativo de capturas sorprendió a los habitantes del distrito de El Congo a finales de mayo. El caso, que se desarrolla en un tribunal con reserva total, mantiene en vilo a los familiares que temen por condenas de sus parientes y por ellos mismos, ya que también podrían ser objeto de detención.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financió la cena de Estado -con un costo de $30 mil- ofrecida por el presidente Rodrigo Chaves como “fina cortesía” para Nayib Bukele, presidente de El Salvador, a la que asistieron financistas, empresarios e invitados especiales del chavismo.
Human Rights Watch (HRW) denunció que 238 venezolanos deportados por EE. UU. y detenidos en El Salvador en CECOT desde mediados de marzo están en condición de desaparición forzada y detención arbitraria.
En casi tres años de vigencia del régimen de excepción para contrarrestar a las pandillas, unos 3.000 menores de edad han sido detenidos por las autoridades, casi la mitad fueron condenados y podrían ser trasladados hacia prisiones de adultos aunque en áreas separadas.
