La gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador señaló una supuesta falta de credibilidad de la CIDH en su reciente informe sobre el régimen de excepción ya que asegura comparte financistas con organizaciones civiles citadas en el documento, pero esta afirmación es falsa ya que hay publicaciones que detallan el destino de los fondos y sus cooperantes.
- CIDH presentó su informe relacionado al estado de excepción aprobado en marzo de 2022.
- El estado salvadoreño cuestionó la falta de transparencia en el manejo de fondos de donantes que CIDH compartiría con organizaciones civiles.
- Comisionados de la CIDH urgen que se derogue el régimen de excepción ya que no existen las condiciones de inseguridad que llevaron a implementarlo.
Por Johana Peña y Nelson Rentería
Es Falso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no sea transparente con el manejo de fondos de sus donantes como afirmó la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión luego de la publicación de un informe sobre el régimen de excepción.
El miércoles 4 de septiembre, la CIDH presentó el Informe sobre el Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador en el que urgió al Estado derogar el régimen y finalizar la suspensión de derechos ya que no existen las condiciones de inseguridad que llevaron a implementarlo.
Además, pidió a las autoridades investigar denuncias de presuntas detenciones arbitrarias y abusos en el sistema judicial y penitenciario, algunas de esas denuncias son retomadas por informes de la organización Cristosal.
Horas más tarde, la Comisión de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Presidencia, encabezada por el colombiano Andrés Guzmán Caballero, publicó un escrito afirmando que revisarán las recomendaciones “de manera exhaustiva para evaluar cada observación en su contexto”.
Además, hicieron eco del voto razonado de los comisionados Carlos Bernal y Stuardo Ralón, quienes cuestionaron el rigor del documento y señalaron la falta de imparcialidad y transparencia en la financiación de la CIDH.
Agregó: “Como se ha revelado, tanto la CIDH como Cristosal, una de las principales fuentes del informe, reciben financiación de las mismas entidades, como son la Open Society Foundation y la Ford Foundation. Esta relación financiera, que no ha sido adecuadamente explicada ni justificada en el informe, plantea un claro conflicto de interés que socava la credibilidad de la Comisión”.
Sin embargo, esta afirmación es Falsa ya que en el Informe Anual 2023 de la CIDH, el organismo explica la distribución del presupuesto regular que recibe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y esclarece los apoyos de financistas externos.
Entre ellos menciona contribuciones a diciembre de 2023 de parte de la Fundación Ford de 378.160 dólares, que solo representa el 1.7% del total. En este informe, a diferencia de lo señalado por la Comisión salvadoreña, no se indica que ha recibido fondos de la Open Society Foundation.
El segundo vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero, dijo a Infodemia que “esos financiamientos llegan a la Comisión, se ejecutan con absoluta transparencia, se ejecutan para cumplir con el mandato de la Comisión”.
“No hay conflicto de interés porque la comisión está trabajando con la misma coherencia con la que realiza todos sus informes de país, en circunstancias particulares o en visitas de país y los informes temáticos. Es la misma coherencia con la que la Comisión emite todos sus productos en su tarea de monitoreo y supervisión”, dijo Caballero.
Asimismo, el Informe indica que durante el 2023, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH preparó y entregó 35 informes narrativos intermedios o finales, correspondientes a 19 Acuerdos de donación para financiar 19 proyectos.
En él presentaron un listado de los proyectos ejecutados y en ejecución durante el 2023 con sus respectivos donantes, allí aparece nuevamente la Fundación Ford con una donación de 1 millón de dólares que fue implementado para el Fortalecimiento de las capacidades de la organización para atender la situación de los derechos humanos en la región. Ninguno de estos proyectos, según lo publicado en el documento, tiene como aliado a Cristosal.
En la lista de financistas de CIDH no aparece Open Society Foundation.
Se considera una afirmación Falsa cuando los datos verificados no tienen un fundamento real o es incongruente frente a otras informaciones y fuentes.
“Si esos financiadores también realizan trabajo con organizaciones de la sociedad civil acreditadas, conocidas por la Organización de los Estados Americanos, que es lo que los instrumentos convencionales mandatan, pues eso es una cuestión que tiene que mirarse desde esa tesitura”, afirmó Caballero.
Añadió: “No podemos hacer un sesgo, digamos, del trabajo sin tener los puentes que tendemos con la sociedad civil. La CIDH se nutre de lo que miramos en diálogo abierto, franco con la sociedad civil”.
En dicho informe presenta a sus donantes, proyectos y montos ejecutados entre ellos destaca el gobierno de EEUU, España, Irlanda, Suiza, Noruega, Canadá, la Comisión Europea entre otros.
Por su parte, la organización de derechos humanos Cristosal dijo a Infodemia que en su reporte público de donantes de 2022 solo aparece la Fundación Ford, mientras que Open Society Foundation no aparece.
“Somos una organización que promueve la transparencia, también transparentamos nuestros fondos”, respondió el área financiera de la organización regional.
Mientras tanto, en la página pública de Open Society Foundation aparece Cristosal como receptor de fondos con una cantidad total de 200.000 dólares en el año 2020, cuando el estado de excepción no había sido declarado.
Del desembolso de los fondos 50.000 dólares para “contrarrestar el autoritarismo y la securitización en El Salvador a través de la investigación participativa, la educación en derechos humanos, las comunicaciones y el litigio estrátegico”.
150.000 dólares fueron destinados para “promover la protección y reintegración de las personas desplazadas internamente y repatriadas en El Salvador, Honduras y Guatemala”.
