En casi tres años de vigencia del régimen de excepción para contrarrestar a las pandillas, unos 3.000 menores de edad han sido detenidos por las autoridades, casi la mitad fueron condenados y podrían ser trasladados hacia prisiones de adultos aunque en áreas separadas.
En resumen:
- La Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley Penal Juvenil para establecer un tratamiento penal diferenciado entre jóvenes vinculados con pandillas y aquellos que cometieron delitos menores o actuaron de forma aislada.
- Más de 3.000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos desde que las autoridades declararon el régimen de excepción en marzo de 2022, muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas, dijo HRW.
- Hasta febrero de 2024, un total de 1.065 niños habían sido condenados durante el régimen de excepción, en muchos casos por el delito de “agrupaciones ilícitas”.
Por Andrea Escobar
La organización Human Rights Watch (HRW) señaló que las reformas a la ley que ordenan traslados de menores a cárceles para adultos es una medida que vulnera los estándares internacionales de justicia juvenil y expone a niños, niñas y adolescentes a mayores riesgo de abuso.
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó una serie de reformas a la Ley Penal Juvenil para trasladar a cárceles de adultos a menores de 18 años que tengan vínculos con pandillas y que hayan sido acusados por delitos graves como homicidios, secuestros y tráfico ilegal de armas.
Sin embargo, HRW, con sede en Washington, dijo que transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aún en áreas separadas, los exponen a mayores riesgos de abusos, representando un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador.
“Estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos de El Salvador, que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, según un comunicado.
En el informe ‘Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador, HRW documentó graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años de edad.
El Salvador mantiene vigente desde hace casi tres años un estado de emergencia para combatir a las pandillas y que ha permitido la captura de más de 84.200 personas señaladas de pertenecer o colaborar con las estructuras.
La organización señala que más de 3.000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos desde que el presidente Bukele declaró un régimen de excepción en marzo de 2022, muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas.
Hasta febrero de 2024, 1.065 niños habían sido condenados durante el régimen de excepción, en muchos casos por el delito excesivamente amplio de “agrupaciones ilícitas”, detalló HRW.
Ante esta situación, la organización también documentó que, en un gran número de casos, los fiscales presentaron pruebas poco creíbles o no corroboradas y que coaccionan a los niños para que se declaren culpables de delitos que ellos decían no haber cometido.
“Los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos. Bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí”, afirmó Goebertus.
HRW también ha denunciado que las personas detenidas en cárceles para adultos permanecen incomunicadas, sin acceso a recursos legales efectivos para su defensa y en condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia. Según organizaciones locales, 368 personas han muerto en las cárceles durante el régimen de excepción, con evidencias que sugieren responsabilidad de las autoridades en varios casos.
Estas reformas a la Ley Penal Juvenil se suman a cambios previos introducidos en marzo de 2022, que aumentaron las penas máximas de prisión hasta 10 años para menores entre 12 y 15 años, y hasta 20 años para mayores de 16, acusados de delitos como pertenencia a “agrupaciones ilícitas”.
Tales medidas contradicen los estándares promovidos por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que recomiendan no reducir la edad mínima de responsabilidad penal y elevarla al menos hasta los 14 años.
Anteriormente, la Ley Penal Juvenil garantizaba protecciones procesales, priorizaba intervenciones educativas y restaurativas sobre la prisión, y exigía centros exclusivos para adolescentes, separados de adultos. Además, contemplaba centros intermedios para jóvenes de 18 a 21 años.
Los estándares internacionales establecen que la detención de niños debe ser el último recurso y nunca en cárceles para adultos, pues “pone en peligro su salud y seguridad básica” y afecta su reinserción. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a El Salvador a priorizar la rehabilitación de menores infractores.
Goebertus explicó que recluir a niños y niñas en prisiones para adultos no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación.
