El régimen de excepción en El Salvador, aplicado para combatir la delincuencia, ha reducido los índices de violencia según el gobierno, pero también ha desencadenado denuncias de detenciones arbitrarias, vulneraciones a derechos humanos y traumas psicológicos a inocentes detenidos y a sus familiares.
En resumen:
- Expertos señalan que la falta de comunicación entre los privados de libertad y sus familias provocan efectos psicológicos que generan ansiedad, depresión y desconfianza hacia las instituciones.
- El Gobierno salvadoreño suspendió las visitas en 2020 por razones sanitarias durante el COVID-19, pero la medida se intensificó durante el régimen de excepción.
- La restricción a visitas atenta contra la Constitución y acuerdos internacionales, dice abogada especialista.
Por Kenneth Delgado
Adela Barrera rompe en llanto cada vez que recuerda que tiene más de dos años de no saber nada de las condiciones de su hijo Jorge, detenido durante el régimen de excepción, ya que no puede hablar con él ni visitarlo.
El trabajador de enderezado y pintura fue capturado por la policía en septiembre de 2022, en la colonia San Jacinto, por su presunta colaboración con la Mara Salvatrucha, aunque su madre afirma que él no tiene ningún vínculo con la estructura, mientras enseña un legajo de documentos para demostrar su inocencia.
Adela, una vendedora ambulante de 53 años, dijo que vive uno de los peores momentos de su vida tras la captura, puesto que su salud y su economía se ha deteriorado. “Es duro porque, imagínese, yo no me baño, no me pinto, no como, deprimida”, expresó.
Desde hace 27 meses desconoce las condiciones de su hijo, salvo que está recluido en el centro penal La Esperanza y que le lleva, cuando puede, un paquete de víveres para su manutención, mientras tanto, vive con el temor de no saber si su hijo está vivo o muerto: “Imagínese el dolor”.
Adela ha recorrido numerosas instituciones presentando y solicitando documentos, desde habeas corpus hasta solicitudes de revisión de arraigos y antecedentes penales. También ha participado en marchas y concentraciones para exponer su caso, pero la mujer no ha tenido una respuesta favorable.
El régimen de excepción implementado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas ha sido alabado por los salvadoreños por reducir los índices de violencia y homicidios, pero también ha generado controversia debido a miles de denuncias de detenciones arbitrarias y falta de garantías procesales.
Los cuerpos de seguridad del Estado han registrado más de 83.000 detenciones, presuntamente por pertenecer o colaborar con las pandillas, sin que las familias en el exterior sepan las condiciones. Otras 8.000 personas han sido puestas en libertad con medidas cautelares.
“Estamos viendo un trauma psicosocial que afecta tanto a los detenidos como a sus familiares”, explicó el psicólogo Óscar Vázquez Martínez, docente del Departamento de Psicología y Salud Pública de la Universidad Centroamericana (UCA).
Este fenómeno es conocido como trauma psicosocial, tiene implicaciones que pueden derivar en trastornos emocionales, estrés postraumático, ansiedad generalizada, depresión, que son devastadoras en la salud mental y emocional de las personas afectadas, así como en su confianza hacia las instituciones estatales.
Aunque no es tortura física, la incertidumbre prolongada representa una forma de violencia psicológica, señaló.
Para las familias, la ausencia de información sobre el paradero o estado de sus seres queridos agrava el impacto emocional. “Es como un duelo, pero aquí lo que se pierde no es una vida, sino la cotidianidad, la seguridad y el bienestar”, explicó Vázquez.
Mientras tanto, para las personas detenidas que pierden sus derechos fundamentales, como el acceso a un abogado y la información sobre su proceso, el contacto con sus familiares es fundamental.
El gobierno del presidente Nayib Bukele suspendió las visitas de familiares al sistema penitenciario en marzo de 2020 por las restricciones sanitarias durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la medida se intensificó durante el régimen de excepción.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) urgió en 2024 a El Salvador derogar el régimen de excepción y finalizar la suspensión de derechos ya que no existen las condiciones de inseguridad que llevaron a implementarlo.
En el informe, la CIDH observó que la población carcelaria se habría triplicado en pocos meses y, ante la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), llamó al Estado a priorizar la revisión de las prisiones preventivas decretadas, implementando una política criminal que utilice la privación de la libertad como medida de último recurso.
“Además de abordar las condiciones inhumanas, malos tratos y tortura denunciados por organizaciones de la sociedad civil y diferentes personas entrevistadas, la información recibida apunta a la posible muerte de 189 a 200 personas privadas de libertad – sin que existan cifras unánimes – y preocupaciones por falencias en las investigaciones de estos casos, así como sobre los procedimientos de notificación de familiares y manejo de los cuerpos. La Comisión también recibió información sobre diferentes afectaciones a las familias de las personas detenidas durante el régimen de excepción”, señaló la CIDH.
Según las estadísticas oficiales, hasta finales de junio había 107.997 personas privadas de libertad en el país, incluyendo aquellas que no están detenidas por el régimen de excepción.
Infodemia contactó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión para consultar sobre estos señalamientos, pero al cierre de la nota no obtuvo respuesta.
Reynaldo Santos también lleva casi dos años sin poder ver a su hijo, Jonathan, quien fue capturado el 26 de diciembre de 2022, durante el desarrollo de un cerco militar en Soyapango, su zona de residencia.
Mencionó que agentes policiales, sin número de registro personal, sin orden de captura, ni orden judicial u orden de allanamiento, ingresaron a su hogar, inspeccionaron la vivienda en la cual solo se encontraba su esposa y su hijo Jonathan. Luego de la inspección y pese a no encontrar nada incriminatorio, se llevaron a su hijo recalcando que estaría en “vías de investigación por colaboración con las maras”.
Hasta ahora la única información oficial que ha recibido es un documento con el número de Sistema de Información Penitenciaria (SIPE), el sector, la celda y el módulo en el que supuestamente se encuentra.
El padre de familia expresa que le lleva un paquete de comida y productos básicos a su hijo cada cierto tiempo, pero las autoridades penitenciarias no le permiten verlo ni recibir información directa sobre su estado.
“Lo que más duele es el vacío emocional. La ausencia de mi hijo y no tener información certera es devastador”, expresó a Infodemia. En su día a día, predominan emociones como ansiedad, tristeza e ira, aunque también mantiene la esperanza de que la situación se resuelva.
Ante la falta de respuestas nacionales, Reynaldo ha recurrido a su comunidad religiosa y a organizaciones como el Movimiento de Víctimas por el Régimen (MOVIR), que brindan apoyo psicológico para sobrellevar la situación con terapia y orientación legal.
De hecho, el MOVIR ha presentado escritos a la Dirección General de Centros Penales e intentó entregar a la Asamblea Legislativa una petición para que se eliminara cualquier medida que restrinja la visitas familiares a las cárceles, pero no fueron recibidos el 5 de noviembre.
Por su parte, la abogada Roxana Cardona, indicó que la protección a la integridad personal de los privados de libertad no solo está reconocida de forma expresa en la Constitución, sino también en normas de derecho internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas que se encuentran detenidas.
“Lo que el Estado busca al negar visitas tiene un carácter degradante, pues al privado se le da el grado de inferioridad con el fin de humillar, degradar y romper la resistencia física y moral de la víctima. Este es el objetivo de no permitir visitas de parte del Estado”, dijo a Infodemia la abogada.
Además, el artículo 11 de la Carta Magna establece que la persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad, sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y las Cámaras están rechazando las peticiones para evitar cualquier tipo de injerencia que pueda ayudar en las dimensiones física, psíquica y moral de los privados de libertad.
“No es una línea jurisprudencial negar los habeas, es una política de Estado ver al privado no como una persona sino como animal”, expresó Cardona.
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