Según un reciente análisis de una organización regional, la Sala de lo Constitucional ha implementado un rechazo sistemático y masivo de las demandas de habeas corpus por detenciones ilegales y arbitrarias bajo el marco del régimen de excepción.
En resumen:
- Durante más de dos años, los cuerpos de seguridad del Estado han realizado más de 80.000 capturas.
- Las solicitudes de habeas corpus recibidas en 2022 fueron 7 veces más que las recibidas del 2021.
- La Sala de lo Constitucional recibió 6,415 demandas de habeas corpus y admitió a trámite únicamente el 1.6% de la carga ingresada.
Por Andrea Escobar
Durante el primer año del régimen de excepción, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó sistemáticamente las solicitudes de habeas corpus presentadas por ciudadanos, en los que ha modificado, contradicho o ignorado importantes precedentes constitucionales, señaló un informe jurídico de una organización regional.
La implementación del régimen de excepción en marzo de 2022 condujo al incremento exponencial de demandas de habeas corpus por detenciones ilegales y arbitrarias, indicó el estudio (Des)protección, la respuesta de la Sala de lo Constitucional durante el régimen de excepción, un análisis jurídico presentado por Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
DPLF señaló que entre 2022 y 2023, la Sala de lo Constitucional recibió 6,415 demandas de habeas corpus y admitió a trámite únicamente el 1.6% de la carga ingresada, mientras que rechazó el equivalente al 50.5% y el restante 47.9% se encuentra en trámite.
“La Sala de lo Constitucional implementó un rechazo sistemático y masivo de las demandas durante los años 2022 y 2023”, destacó el informe.
DPLF sostuvo que los magistrados han recurrido a formalismos excesivos, frases irreflexivas y criterios rigoristas, que obstaculizaron o directamente anularon el acceso a la justicia de las personas afectadas por una detención ilegal o arbitraria, como de sus familiares.
Fuente: Informe DPLF
El Salvador permanece desde el 27 de marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales. A la fecha, los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a más de 80.000 personas.
Cientos de familiares, que denuncian capturas arbitrarias durante el estado de emergencia, han presentado numerosas peticiones de habeas corpus a la CSJ para que los casos de los detenidos sean conocidos por los tribunales competentes.
El informe explica que el habeas corpus está previsto como una garantía para proteger el derecho a la libertad personal, así como las violaciones contra la dignidad, integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas, de forma expedita y exenta de formalidades.
Sin embargo, durante el régimen de excepción, esta tutela se ha convertido en “un recurso ilusorio, carente de sentido y efectividad para la protección de los derechos humanos de las personas”.
El director de asuntos legales del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Óscar Rosales, dijo a Infodemia que han presentado unas 2.000 solicitudes a la Corte y que han revisado y analizado el contenido de los rechazos argumentado por los magistrados.
Hasta el momento, han contabilizado más de 100 notificaciones a los familiares bajo el lineamiento de un modelo de respuesta.
“Ese patrón prácticamente no tiene ningún fundamento jurídico, únicamente un señalamiento político y que determina que son improcedentes, que son procesos de mera legalidad y que tienen que conocer los tribunales”, afirmó.
Rosales indicó que el Estado no está respetando el artículo 11 de la Constitución el cual dicta que ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes.
“Ignorar las peticiones significa que no tiene la certeza de que la mayoría de personas están involucradas con pandillas y demuestra la incapacidad del Estado y su estructura para investigar el delito”, agregó el director de asuntos legales de SJH.
DPLF comentó que en 2020, cuando aún no era vigente el régimen de excepción, las autoridades salvadoreños capturaron y confinaron a miles de salvadoreños por la pandemia de COVID-19 en los que registraron 853 demandas de habeas corpus y en el año 2021 se reportaron 465.
“La Sala hace el acceso al proceso constitucional de habeas corpus aún más rígido a pesar de que se trata de un proceso judicial que no requiere representación obligatoria de un abogado e impone una carga excesiva hacia los peticionarios a través de las prevenciones, las cuales no pueden ser contestadas en un plazo tan corto”, indicó el análisis.
La Sala de lo Constitucional, detalla el informe, que no satisface e ignora los intereses y derechos de la niñez, además, que no ha tomado en cuenta casos de mujeres detenidas arbitrariamente.
Los cinco magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional fueron impuestos en mayo de 2021 por diputados del bukelismo, luego de destituir ilegalmente a los jueces propietarios acusados de bloquear la estrategia de salud durante la pandemia del COVID-19.
“Ahora no tenemos sistema de justicia a quien acudir, no tenemos leyes que respondan a las necesidades urgentes de la población y de los detenidos. No tenemos jueces y fiscales que la cumplan, porque ellos cumplen un mandato político de Casa Presidencial y por lo tanto, las leyes actuales están condenadas al suicidio de quienes las manejan a su antojo”, finalizó Rosales.
