En siete años, el Gobierno de Bukele ha destinado al menos $76.61 millones de fondos públicos a publicidad y propaganda, un gasto creciente y opaco que supera con creces al de gobiernos anteriores.
Ante la Asamblea General de la ONU, la canciller Alexandra Hill Tinoco dijo que El Salvador pasó de 103 a 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes en cinco años. Los datos oficiales muestran que ese cambio tomó diez años y que la mitad de la baja ocurrió antes de que Nayib Bukele asumiera la Presidencia.
El Gobierno de Nayib Bukele y las instituciones bajo control oficialista adjudicaron al menos $76.61 millones en publicidad y consultorías entre 2019 y 2026. Entre los beneficiarios hay una empresa de la familia presidencial, agencias señaladas en el caso de corrupción del expresidente Saca, un medio que difunde desinformación y operadores afines al oficialismo. Todo esto mientras Casa Presidencial mantiene en reserva su gasto en publicidad.
Durante cuatro años, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido combatir a las pandillas, reducir los homicidios y los delitos en el país. La medida también ha provocado una serie de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales han sido negadas por las autoridades.
Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Pese al incremento de las denuncias del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas se niegan a investigar los decesos.
En poco más de dos años, tres empresas creadas por socios y amigos de la familia de Nayib Bukele compraron casi mil manzanas de tierra, la mayor parte de ellas en zonas de relevancia ambiental y otra buena parte con protecciones conservacionistas que el gobierno levantó meses antes de las transacciones.
Tuvo una complicación por diabetes mientras estaba encarcelado, pero las autoridades penitenciarias le negaron una atención oportuna, denuncian organizaciones de derechos humanos. El caso será llevado ante la CIDH por presuntas violaciones al derecho a la vida y al debido proceso.
En julio de 1969, los ejércitos de El Salvador y Honduras protagonizaron una guerra que dejó un saldo de 300 militares muertos, centenares de heridos y desplazados. Aunque mediáticamente se conoce como la “guerra del fútbol” sus causas fueron mucho más profundas.
Durante el desarrollo de un juicio masivo en contra de centenares de cabecillas de la MS-13, la Fiscalía presentó pruebas y alegatos que ponen en entredicho la versión oficial de que se había controlado totalmente el flujo de información y órdenes a miembros de estas estructuras con el exterior.
El patrimonio líquido del presidente Bukele y su núcleo familiar casi se duplicó entre 2018 y su gestión actual en la Presidencia, al pasar de 2.25 a 4.46 millones de dólares, según declaraciones ante la Sección de Probidad de la CSJ y el Ministerio de Hacienda.
Durante las administraciones de Nayib Bukele en la alcaldía de San Salvador y en la Presidencia de la República, dos empresas vinculadas a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y a su esposo, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, obtuvieron al menos 14 contratos con instituciones del Estado.
Decenas de ciudadanos han salido de emergencia del país ante el incremento de la persecución de Nayib Bukele por sus posturas críticas a su administración.
