El Gobierno salvadoreño acusa al periódico de evasión de impuestos, aunque sus representantes rechazan las acusaciones y apuntan a represalia por sus investigaciones que exponen sus pactos con pandillas y casos de corrupción.
En resumen:
- Representantes de El Faro informaron que bienes de dos de sus socios fueron intervenidos arbitrariamente
- Los periodistas señalan que el gobierno de Bukele arremetió por una nueva publicación que expone pactos con pandillas
- APES registró en 2025 la mayor cifra de periodistas exiliados en los últimos 40 años
Redacción Infodemia
Integrantes del periódico El Faro denunciaron que la administración de Nayib Bukele intervino bienes personales de socios, luego de una nueva publicación que devela pactos de su gobierno con grupos criminales y la participación de uno de sus miembros en una comisión del Congreso estadounidense para exponer casos de supuesta corrupción.
De acuerdo con el reporte, entre febrero y abril de 2026, las autoridades congelaron dinero en una cuenta bancaria y un inmueble de dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad creadora del medio de comunicación fundado en 1998.
Manifestaron que en términos fiscales, se trata de una “anotación preventiva”, es decir una reserva de bienes individuales, a manera de garantía de pago, contra las eventuales deudas de una empresa.
“Determinado a silenciar al periodismo independiente, el régimen de Nayib Bukele ha cruzado otra línea roja en su ataque contra El Faro, interviniendo bienes personales de sus socios”, dijeron en un comunicado de prensa.
Los representantes de El Faro señalaron que el hecho se enmarca en una larga persecución fiscal que empezó en 2020 cuando Bukele dijo en cadena nacional que “tienen una investigación por lavado de dinero seria”.
El Ministerio de Hacienda habría abierto cuatro auditorías contra Trípode, pero al no poder sustentar la acusación de lavado de dinero en ninguna de las auditorías, la cartera de Estado cambió la acusación a evasión de impuestos, en los cuatro ejercicios auditados, indicó El Faro.
El medio, que rechaza los señalamientos en su contra, asegura que ha apelado a cada una de estas conclusiones y demostrado que las acusaciones no se sustentan.
Hacienda acusa a El Faro de haber evadido impuestos por fondos provenientes de fundaciones, que no aparecen declarados en el año en el que firmaron el contrato, pero el medio sostiene que esos impuestos fueron pagados puntualmente los años en que esos fondos ingresaron a sus cuentas.
Los periodistas del periódico han denunciado acoso, intervención en sus comunicaciones y que se encuentran en el exilio por sus investigaciones de presuntos pactos con las pandillas, violaciones a derechos humanos y casos de corrupción
“Esta nueva escalada ocurre en el contexto del estreno de The Deal, un documental que El Faro coprodujo con el programa estadounidense Frontline PBS que detalla estos pactos criminales, y días después de la participación del subjefe de redacción de El Faro denunciando los abusos y la corrupción del Gobierno en la comisión de derechos humanos Tom Lantos, en el Congreso estadounidense”, denunciaron.
Periodistas forzados al exilio
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró en su último informe que en 2025 se registró la mayor cifra de personas periodistas exiliadas en los últimos 40 años. De acuerdo con el estudio, al menos 53 periodistas abandonaron el país por temor a capturas arbitrarias.
“En 2025, las y los periodistas salvadoreños se enfrentaron al temor de ser arrestados debido a la existencia de una supuesta lista, con nombres de defensores de derechos humanos y periodistas, que serían objetivos próximos de captura”, indicó.
Representantes de la APES explicaron que varios de estos exilios ocurrieron como medida preventiva y que algunos tenían previsto regresar, pero decidieron permanecer fuera del país debido a que las condiciones de riesgo continúan.
El exilio también incluye a cuatros medios de comunicación que tuvieron que trasladar sus sedes fuera del país.
A través de su centro de monitoreo, la APES también documentó 426 agresiones contra periodistas y medios de comunicación como acoso digital, declaraciones estigmatizantes, restricciones al ejercicio periodístico y agresiones físicas.
Usuarios de redes sociales, funcionarios y empleados públicos, agentes del Estado y el gobierno han sido identificados como los principales agresores de los periodistas.
La APES sostiene que los ataques contra los periodistas no son incidentes aislados, sino parte de un patrón sistemático de violencia y procesos de hostigamientos, caracterizados por agresiones reiteradas durante todo el año contras las mismas personas.
Por otra parte, la APES aseguró que la “subsistencia de medios de comunicación independientes y alternativos, como las radios comunitarias, está amenazada por la Ley de Agentes Extranjeros, debido a que la inseguridad jurídica no garantiza la exoneración de impuestos a los cooperantes.
