Decenas de ciudadanos han salido de emergencia del país ante el incremento de la persecución de Nayib Bukele por sus posturas críticas a su administración.
La reconocida abogada, experta en corrupción y derechos humanos, fue detenida hace un año por las autoridades y todos los detalles sobre su caso se mantienen bajo reserva en el tribunal.
En el marco de la celebración del día de la madre, un grupo de mujeres, familiares de capturados durante el estado de emergencia, lanzaron frente a Catedral de San Salvador un movimiento de solidaridad ante la violaciones a derechos humanos.
El gobierno salvadoreño acusa al periódico de evasión de impuestos, aunque sus representantes rechazan las acusaciones y apuntan a represalia por sus investigaciones que exponen sus pactos con pandillas y casos de corrupción.
Un tribunal superior libró a la Fuerza Armada a pedir perdón por su responsabilidad en el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses que fueron ejecutados durante una emboscada militar en el marco de la guerra civil en la década de los ochenta, acto que le hubiese correspondido al presidente Nayib Bukele al ser su comandante general.
Protectores del medio ambiente sostienen que en el país existe una persecución del Estado contra voces que se alzan contra el deterioro de los recursos naturales e inminentes proyectos extractivistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al Estado salvadoreño que la aplicación de cadena perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana.
El Informe Anual 2026 de Amnistía Internacional señala que en El Salvador “se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción”.
Al menos 80 familias de pescadores y campesinos enfrentan el riesgo de perder su hogar debido a la falta de programas estatales de conservación frente a la crisis climática.
El Gobierno de El Salvador prometió destinar los ahorros de una conversión de deuda para la restauración del principal río del país por $350 millones . A un año del anuncio, las comunidades dicen que falta información pública, señalan ambigüedades institucionales y contradicciones ambientales sobre su impacto real.
