En resumen:
- Un tribunal condenó a Fidel Zavala a 15 años de prisión por el supuesto delito de estafa agravada por un monto de $4,000.
- Zavala denunció ante la Fiscalía al director de Centros Penales, Osiris Luna, y otros directores por corrupción y torturas en las cárceles.
- Cristosal considera que la sentencia confirma la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos.
Redacción Infodemia
La organización Cristosal rechazó la condena de 15 años de prisión contra Fidel Zavala por un supuesto caso de estafa agravada, considerando que la sentencia contra Zavala es una represalia a sus denuncias públicas de casos de tortura y corrupción en las cárceles salvadoreñas en el marco del régimen de excepción.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó el jueves, en un juicio con reserva judicial, a Fidel Antonio Zavala Pérez, tras declararlo penalmente responsable del delito de estafa agravada en perjuicio del patrimonio de tres víctimas, a quienes supuestamente defraudó por un monto total de $4,025.
Según las autoridades, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2018, mayo de 2019 y febrero de 2021.
Una condena “política”, según Cristosal
Sin embargo, la organización de derechos humanos Cristosal considera que la condena es “política”, ya que Zavala denunció activamente casos de corrupción de las autoridades penitenciarias y abusos al interior de los centros penales, por lo que exigen su liberación inmediata.
Como miembro de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), Zavala presentó en julio de 2024 ante la Fiscalía un aviso penal contra Osiris Luna, viceministro de Seguridad Pública y director general de Centros Penales, y otros directores de penales, por tortura, corrupción y actos arbitrarios que él mismo presenció mientras guardaba prisión por el caso que lo vinculan.
“Su caso confirma la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, con la complicidad de un sistema judicial que da un trato desigual a quienes se atreven a alzar la voz contra las injusticias”, dijo Cristosal en un comunicado.
Absuelto y juzgado de nuevo
Zavala había sido detenido en 2022 por un caso de estafa, pero fue absuelto un año más tarde por falta de pruebas. Al salir de la cárcel denunció los casos de corrupción, torturas y malos tratos de los que fue testigo. La Fiscalía ordenó repetir el juicio en su contra.
El ministerio público sostiene que Zavala, vocero de UNIDEHC, se hizo pasar por especialista en criptomonedas y bolsa de valores para captar fondos, prometiendo a las personas obtener ganancias en inversiones financieras.
“Ahora recibe una pena mayor que la del expresidente Antonio Saca, condenado a 10 años tras confesar un desfalco de 300 millones de dólares al Estado. En El Salvador de hoy, denunciar violaciones a derechos humanos se castiga más que la corrupción”, señaló Cristosal.
Riesgo para su vida e integridad física
Para Cristosal, el encarcelamiento de Fidel Zavala pone en “grave riesgo su vida e integridad física”, por lo que el Estado salvadoreño debe permitir que su familia y organismos internacionales independientes puedan verificar su integridad mientras esté en prisión.
En marzo de 2025, 171 organizaciones internacionales respaldaron una solicitud de medidas cautelares a su favor ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en junio expresó su preocupación por su detención.
Persecución bajo el régimen de excepción
El Salvador mantiene vigente desde marzo de 2022 un régimen de excepción para combatir a las violentas pandillas. Desde entonces, los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a más de 90,000 personas.
Pero la medida también ha sido utilizada por las autoridades salvadoreñas para perseguir a opositores del gobierno de Nayib Bukele, defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian abusos en su implementación.
Durante más de cuatro años, organizaciones de derechos humanos han denunciado capturas arbitrarias, violaciones al debido proceso, torturas, malos tratos, hacinamiento en las cárceles y más de 500 muertes bajo custodia del Estado.
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