Durante el gobierno de Bukele, el Estado otorgó 23 contratos de manera directa por más de $218.5 millones, pagó casi el doble por unos puentes anunciados en $24.4 millones y dejó inconclusas 19 obras comunitarias en el oriente del país. En la era de Nuevas Ideas, la hidroeléctrica El Chaparral solo cambió de nombre a Central 3 de Febrero, mientras las irregularidades y la opacidad heredadas por los gobiernos de Antonio Saca (Arena) Mauricio Funes y Salvador Sánchéz Cerén del FMLN se mantuvieron.
Redacción API
Los tirantes iluminados del puente de Carolina se alcanzan a ver desde el caserío La Fragua, en el vecino distrito de San Antonio. Cada noche, las luces led azules y blancas resaltan en el paisaje que envuelve a hogares como los de Claudia y Rosa, quienes, paradójicamente, viven sin electricidad y se las ingenian conectando cables desde viviendas vecinas para encender un par de focos o cargar el celular. El caso de José es aún más precario: desde que se mudó a esa zona del cantón San Diego, a mediados de 2025, vive con su familia en una casa de lámina sin acceso a energía ni recursos para tomarla prestada.
En San Antonio, Carolina y San Luis de la Reina, los tres distritos más afectados por el embalse, 370 de los 5,272 hogares aún viven a oscuras o con acceso a electricidad “prestada”, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2024. Mientras, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) invirtió más de $2.5 millones solo en la iluminación funcional y arquitectónica de los dos puentes al norte de San Miguel, según la memoria de labores 2024-2025.
Detrás de ese contraste social, durante el gobierno de Bukele ha ocurrido una historia de contratos millonarios y opacos, sobreprecios, pagos a empresas por obras no terminadas e invitaciones a licitar dirigidas a firmas salpicadas por corrupción en Guatemala.
El 14 de abril de 2020, la junta directiva de la CEL declaró “urgente” el proyecto hidroeléctrico El Chaparral, rebautizado 3 de Febrero en su inauguración el 19 de octubre de 2023. Esa decisión permitió adjudicar de forma directa obras, bienes y servicios hasta su finalización. Según la institución, la medida buscaba acelerar las contrataciones. En la práctica, abrió paso a adjudicaciones con poca o ninguna competencia.
Todo esto ocurrió bajo un manto de reserva de información que la actual administración heredó y perpetuó. La clasificación, vigente desde 2014, antes de que se reiniciaran las obras en el gobierno de Sánchez Cerén, fue prorrogada siete años más en 2021, hasta el 20 de enero de 2028. El expediente identificado como 2-190 incluye actas, contratos, expedientes, correos electrónicos y procesos judiciales relacionados con el proyecto.
Entre junio de 2019 y mediados de 2023, la CEL adjudicó 23 contratos por un total de $218.5 millones para terminar las obras de la presa, la construcción de puentes y las calles de acceso para las comunidades (detalles en el recuadro). Los montos van desde los $700,000 para rehabilitar unas instalaciones hasta los más de $31.5 millones para trabajos en el vertedero de la presa y otras obras civiles.
En la administración de Bukele, las decisiones de la CEL deberían ser revisadas por los entes contralores del Estado, a juicio de expertos consultados, pues arrojan indicios de irregularidades. Sin embargo, en su discurso de inauguración, el presidente afirmó haber convertido ese “monumento de corrupción” que heredó en uno de “transparencia”.
La dinámica en las reuniones de la junta directiva se repitió casi sin variaciones: Carlos Mauricio Duque, director del proyecto hidroel éctrico, presentaba la solicitud y la CEL argumentaba que acelerar las contrataciones respondía al interés general para evitar retrasos y elevar la generación eléctrica. Para justificar la adjudicación directa, el argumento era casi siempre el mismo: las empresas ya operaban en el sitio, conocían el proyecto y contaban con experiencia previa. Finalmente, las actas citaban el artículo 73 de la LACAP, que faculta la contratación directa por “urgencia” ante riesgos graves para el interés general.
La Alianza Periodística Intermedios (API) analizó los acuerdos de junta directiva publicados en Comprasal, el sistema electrónico de compras públicas activo hasta mediados de 2023, así como auditorías e informes internos de la institución. En total, la investigación detectó 23 adjudicaciones otorgadas por contratación directa, aunque cuatro de ellas con una competencia mínima. Esto contrasta con la gestión de Sánchez Cerén que registró 38 procesos de contratación por licitación pública, más de la mitad del total entre 2015 y 2018.
El 4 de agosto de 2020, durante una inspección en la zona, Bukele afirmó que la obra mostraba un avance real y que estaba “a un año de su terminación”. Ya en 2019, el entonces presidente de la CEL había previsto concluirla en 2020, amparado en que la había recibido con un 75% de ejecución. Pese a los anuncios, la central hidroeléctrica no fue inaugurada hasta el 19 de octubre de 2023.
Jonathan Sisco, abogado de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, señala que la declaratoria de urgencia del 14 de abril de 2020 no es pública y, por tanto, no se puede saber si se encuentra debidamente fundamentada. “La falta de transparencia fomenta la corrupción y este gobierno parece tolerarla”, afirma.
El artículo 234 de la Constitución establece que los proyectos de construcción de infraestructura se deben someter a licitación pública. En las excepciones, como la contratación directa, Sisco recuerda que se debe garantizar la libre concurrencia, la igualdad entre los oferentes y la publicidad previa y durante el proceso. “Estas obligaciones no se han cumplido en las contrataciones directas de El Chaparral”, asegura.
Desde Acción Ciudadana se advierten riesgos con el abuso de esta práctica como mayor costo de las obras y menor calidad del bien o servicio contratado. “La contratación directa es un mecanismo para evadir controles, que propicia corrupción por temas como acuerdos previos, dádivas, mayor costo para el Estado y financiamiento de campañas”, señala la organización.
Monumento a la opacidad
El proyecto de El Chaparral, construido sobre el río Torola, arrastró problemas de planificación desde su origen. En 2006, la empresa brasileña Intertechne realizó un diseño básico que sirvió de base para la licitación de la presa hidroeléctrica en 2007. Según el contrato CEL-4143-S, la obra fue adjudicada a la empresa italiana Astaldi S.p.A. por $219.9 millones en septiembre de 2008, y el 5 de enero de 2009 se dio la orden de inicio.
Las primeras alertas sonaron desde el interior del gobierno, al comienzo de la gestión del presidente Mauricio Funes. El titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Tomás Campos Villafuerte, presentó un informe técnico en el que recomendaba “suspender de inmediato” la construcción, por deficiencias en los estudios de factibilidad y de impacto ambiental. El superintendente fue destituido en enero de 2010.
El 29 de mayo de ese año, la tormenta tropical Agatha azotó el país con un máximo de 483 mm acumulados en 24 horas, cifra que superó los registros del huracán Mitch. Al día siguiente, la construcción de la presa se detuvo. La empresa alegó supuestos “imprevistos geológicos” en la margen derecha de la montaña, un pretexto que se desmontaría años más tarde.
El impasse se prolongó dos años, hasta que la CEL y Astaldi firmaron en julio de 2012 un acuerdo directo, calificado de “polémico”, por $108.5 millones. De ese monto, $85 millones correspondían al avance de la obra, pagado en buena parte en la gestión Saca, y los $23.5 millones restantes fueron “catalogados como el costo beneficio de evitar ir a un arbitraje”, según el examen especial de la Corte de Cuentas. El pago equivalía a un avance de 38.7 %, mientras que los informes de supervisión lo situaban en 29.28 %.
Los consultores Euroestudios-Ingetec cuestionaron a la constructora en su informe de supervisión por el mal manejo de la zona de trabajos, la falta de un diseño detallado para continuar la obra y la mala construcción de la estructura de paso de agua (ataguía), como reveló El Diario de Hoy en una serie de reportajes. Durante ese período, la empresa trabajó sin un diseño completo del proyecto.
En agosto de 2020, la Fiscalía presentó una acusación contra el expresidente Funes (quien murió en 2025) y cinco personas más por delitos como peculado, lavado de dinero y cohecho activo. Según la acusación, de los pagos anteriores a Astaldi, la empresa transfirió $3.5 millones a otras de fachada vinculadas a Funes y a Miguel Menéndez, un empresario de servicios de seguridad privada que formó parte del movimiento Amigos de Mauricio y, a la postre, fue uno de los cercanos asesores de Funes y presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. El caso sigue sin sentencia. En septiembre de ese año, una jueza ordenó un embargo de $227 millones sobre los bienes de Astaldi.
Los trabajos se reiniciaron en 2015 y, para finales del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, el costo ya superaba ampliamente el presupuesto original de $219.9 millones. Según la respuesta de la CEL a una solicitud de información, el total asciende a $367.4 millones entre fondos propios, préstamo del BCIE y pago de intereses.
En un mensaje en Facebook de mayo de 2019, Nayib Bukele, entonces presidente electo, afirmó que se habían pagado $470 millones. Adjuntó una imagen de la obra de 2010, cuando se suspendieron los trabajos, en lugar de una del proyecto tal como lo recibió su gobierno.
Tras asumir el cargo, el presidente de la CEL, Daniel Álvarez, presentó un aviso a la Fiscalía para que investigue la fase II del proyecto, ejecutada desde el gobierno de Sánchez Cerén.
Puentes a sobrecosto en la era Bukele
La construcción de los puentes en los distritos de Carolina y San Antonio era una necesidad apremiante para comunicar a las comunidades separadas por el embalse de la presa. Sin embargo, lo que debió ser una obra social se transformó en un laberinto de sobrecostos, atrasos y anomalías legales.
En diciembre de 2021, la CEL adjudicó el diseño y construcción de las estructuras a Contratista General de América Latina, S.A. de C.V. (CGAL), una filial mexicana de Grupo Tradeco. Fue una de las tres invitadas a presentar oferta, en un proceso de contratación directa.
El proyecto arrancó con un presupuesto de $24 millones y un plazo de ejecución de un año. Al vencerse el contrato, el retraso era evidente. En marzo de 2023, una visita de El Diario de Hoy a la zona confirmó el estancamiento de las obras.
A mediados de ese año, Yves Loustalot Laclette Macías, vicepresidente ejecutivo de Grupo Tradeco, detalló a Voz Pública la situación financiera: la CEL había pagado $12.7 millones, cifra que equivalía a un avance físico de entre el 50% y el 55%. No obstante, el directivo sostuvo que el progreso real rondaba el 80%, argumentando que ese porcentaje incluía el sistema de tirantes y las secciones metálicas vehiculares compradas en Europa, las cuales no eran visibles al no estar instaladas.
Alegando ese retraso, la CEL abrió un procedimiento de extinción del contrato por caducidad y rescindió el vínculo con CGAL, entregando la finalización de los puentes a la firma argentina Industrias Metalmecánicas Especiales (IME) S.A.C.I., conocida en el entorno de la presa El Chaparral pero ajena a este tipo de proyectos.
La transición entre contratistas vulneró la normativa legal. Un experto jurídico advierte que la CEL no resolvió la caducidad del contrato con la mexicana CGAL hasta el 18 de enero de 2024. Para entonces, la IME ya llevaba meses trabajando en el terreno como lo prueba el pago de $6.8 millones por trabajos en 2023 y sus publicaciones en redes sociales desde agosto de ese año. “En una auditoría podría resultar observado el hecho de que el mismo objeto contractual fue licitado en una segunda oportunidad mientras el contrato tenía vigencia. La segunda licitación tendría algún vicio de nulidad”, afirma el abogado.
Financieramente, el movimiento resultó ruinoso para la CEL. Aunque pagó a CGAL el equivalente a la mitad del proyecto, a la argentina IME le canceló como si empezara de cero. Una auditoría de la firma Elías & Asociados reveló que IME cobró $23.1 millones entre 2023 y 2024. Una fuente interna asegura que el acuerdo global se acercó a los $25 millones, liquidándose la diferencia en 2025. La empresa contratada para terminar la mitad restante terminó cobrando más que el presupuesto original de toda la obra.
A esta lista de gastos se sumó la empresa Rodio Swissboring El Salvador, que obtuvo un contrato de $5.6 millones en la segunda mitad de 2023 para trabajos de protección de fundaciones ante la urgencia por el llenado del embalse. La cifra fue calificada de “exagerada” por esa misma fuente.
Lista de invitados sospechosa
Las anomalías del proyecto de los puentes iniciaron con la selección de los competidores. El 13 de octubre de 2021, la junta directiva de la CEL invitó a tres empresas a presentar ofertas: la ganadora CGAL, Rodio Swissboring y SBI International Holdings AG.
SBI International Holdings AG y Solel Boneh Guatemala son subsidiarias del grupo israelí Shikun & Binui, según consta en sus sitios web. La CEL convocó a ambas firmas a presentar ofertas económicas en dos proyectos a pesar de que eran investigadas por corrupción en Guatemala.
Según el expediente “Construcción y corrupción fase II” de agosto de 2018, tramitado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ambas empresas pagaron más de $6 millones en comisiones ilícitas al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi para asegurarse contratos viales. El dinero se encubrió con contratos falsos de asesoría.
En otra sesión de junio del mismo 2021, la junta directiva sometió a consideración el proyecto de construcción de vertedero, valorado en $31.5 millones, e instruyó invitar a la señalada Solel Boneh Guatemala. La empresa escogida fue Supra Construcciones SA de CV.
El litigio y el costo final
En el caso del proyecto de la represa, la empresa mexicana terminó demandando a la CEL, impugnando la legalidad de la caducidad de sus contratos y reclamando una indemnización vinculada, en parte, a esa disputa por el avance real de la obra. El 24 de abril de 2024, CGAL formalizó la demanda exigiendo $13.5 millones por los puentes y $1.7 millones por 19 proyectos comunitarios que, en realidad, apenas iniciaron. La demanda fue admitida el 23 de agosto de 2024 por la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo de San Salvador. Hasta mediados de año seguía su curso.
En la inauguración, el presidente Nayib Bukele declaró que los puentes costaron $24.4 millones. No obstante, los registros de pago a CGAL, IME, Rodio Swissboring y los sistemas de iluminación arrojan una cantidad muy distinta: el desembolso real ronda los $46 millones, casi el doble de lo planeado. Si el Estado pierde el litigio contra CGAL, la factura final llegará a $59.3 millones, un sobrecosto del 147%. Desde la organización Acción Ciudadana se espera que la Corte de Cuentas audite el proyecto y explique el sobrecosto.
Esta no era la primera vez que la empresa CGAL trabajaba con el Estado. En junio de 2022, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) seleccionó a CGAL para construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), también por la vía de contratación directa.
La participación de la firma mexicana se conoció casi un año después, con el megapenal ya terminado, cuando una veintena de pequeños empresarios de transporte, alimentación, materiales y equipos denunciaron impagos que sumaban $1.2 millones. Al ser consultada, la empresa respondió que no podía revelar información “por los acuerdos de confidencialidad”. No obstante, el Ministerio de Hacienda registra su participación en el proyecto con el contrato DL 357-004/2022.
Puentes de lujo, comunidades sin agua
Las millonarias estructuras de ingeniería se levantan sobre una de las regiones más deprimidas de El Salvador. En el distrito de San Antonio, el 65% de los hogares (1,091) no tiene agua potable en su vivienda y el 57% (952) aún cocina con leña, según el Censo de Población y Vivienda 2024. Por puentes como el de San Antonio que, para el presidente Bukele, sientan las bases del desarrollo, como dijo en su discurso de inauguración, circulan no más de 50 carros al día, según estimó el vigilante de turno, consultado en una visita al lugar. Sin embargo, el costo del metro cuadrado supera con creces al de estructuras de gran envergadura en países como México y Paraguay.
Para dimensionar el tamaño del sobrecosto, esta alianza periodística calculó el valor del metro cuadrado de los puentes salvadoreños y lo comparó con otras obras construidas en los últimos años en América Latina.
En la operación, el gasto adicional acumulado sobre el presupuesto original se distribuyó de forma proporcional entre ambas estructuras:
- Puente de Carolina (178 metros de longitud por 13.10 metros de ancho): Alcanzó un costo real de $23.75 millones, lo que equivale a $10,185 por metro cuadrado.
- Puente de San Antonio (157 metros de largo por 13.10 metros de ancho): Llegó a los $22.25 millones, es decir, $10,818 por metro cuadrado.
El contraste con otros puentes atirantados en la región es llamativo.
- Puente La Concordia (Chiapas, México): Conecta la capital del estado con la frontera guatemalteca. Mide 703 metros de largo por 13.06 de ancho. Con una inversión total de $64 millones, su costo fue de $6,971 por metro cuadrado.
- Puente de la Integración (Paraguay – Brasil): Cruza el río Paraná para el comercio internacional. Mide 760 metros de largo por 19 de ancho. Financiado con una inversión de $84 millones, el metro cuadrado costó $5,817.
Ambas son megaestructuras fronterizas, diseñadas para el transporte masivo de vehículos y carga pesada. Aun así, sus costos por metro cuadrado oscilan entre un 32% y un 46% inferiores a los de los puentes salvadoreños, enclavados en un entorno rural.
Kilómetros que no cuadran
Las calles que conectan las cabeceras de los tres distritos y el acceso a los puentes están en mal estado. De un total de 35.5 kilómetros de vías principales, 28 presentan estas condiciones, según se comprobó en el terreno y denuncias de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adescos) de esas zonas de Carolina y San Antonio.
La única vía que sí recibió atención fue la construida en la margen derecha del embalse para comunicar ambos puentes. Sin embargo, ni siquiera este proyecto se libró de las irregularidades.
La CEL adjudicó su construcción a la empresa Construcciones y Equipos, S.A. de C.V. —conocida comercialmente como Construequipos— por $9.9 millones, a los que se sumaron otros $1.2 millones para la firma supervisora. Según el acuerdo oficial de marzo de 2022, la obra debía abarcar 11 kilómetros: 6.2 de mejoramiento de camino existente y 4.8 de apertura de nuevas rutas.
El resultado final dista mucho de lo contratado: la longitud de calle mide 9.4 kilómetros y no los 11 contratados, una parte nunca se hizo y otra se encuentra llena de baches.
Un tramo de 1.6 kilómetros, que inicia al cruzar el puente de Carolina y llega hasta el desvío al caserío El Tablón, sigue siendo de tierra, nunca se pavimentó. “Nos la prometieron completamente terminada”, se queja un representante de la Adesco de La Pitahaya.
Un sector asfaltado de unos 500 metros entre ese desvío y el caserío La Pitahaya está en ruinas. En el recorrido se contabilizaron 20 baches de considerable tamaño y tres tramos donde la capa asfáltica desapareció por completo. Ingenieros civiles consultados tras analizar las imágenes advierten sobre posibles deficiencias en la base de la calle y un grosor de asfalto inferior al requerido para explicar el colapso de una vía estrenada hace solo dos años.
Además, herramientas de geolocalización como Google Maps y Waze confirman que la longitud real construida es de un máximo de 9.4 kilómetros, descontando las calles de acceso a los puentes, cuyas obras correspondieron a la empresa que terminó estas estructuras.
Al restar el tramo de tierra abandonado y la longitud real medida por satélite, la CEL terminó pagando más de $11.1 millones por solo 7.8 kilómetros habilitados y no los 11 kilómetros descritos en el contrato original.
La constructora responsable fue contactada vía mensajería el 11 de febrero. Aunque inicialmente validó con la palabra “correcto” el nombre y monto del proyecto, y sugirió que se enviaran las preguntas por escrito, dejó de responder al recibir el comentario del tramo dejado sin asfaltar. En un nuevo intento de contacto el 24 de julio tampoco se obtuvo respuesta.
Las 19 obras sociales fantasma
La empresa mexicana CGAL recibió en junio de 2022 otro contrato de $13 millones para ejecutar 19 obras sociales —clínicas, casas comunales, aulas y canchas— destinadas a mitigar el impacto del embalse en las comunidades aledañas de los distritos de Carolina, San Antonio y San Luis de la Reina. Las obras debían entregarse en siete meses, a inicios de 2023: cuatro años después, ninguna existe.
Bajo este contrato, la constructora mexicana realizó tareas menores como limpieza de maleza, excavaciones superficiales y colocación de rótulos anunciando los trabajos, según vecinos de distintos caseríos. Cuando la CEL le retiró el contrato, CGAL ya había cobrado $2.2 millones por trabajos casi inexistentes, como se comprobó en el terreno.
El saldo para los habitantes es una suma de promesas rotas y resignación. En La Pitahaya, Carolina, un vecino se vio prácticamente obligado a ceder un terreno a la CEL para levantar una clínica comunal. El propietario perdió el inmueble y la comunidad se quedó sin centro de salud.
En La Ceibita, caserío colindante, la institución prometió tres proyectos: remozar la cancha de fútbol, levantar una casa comunal y reparar el cerco del cementerio. Una visita al lugar en enero de 2026 constató que apenas se iniciaron y quedaron en el abandono.
En la entrada al distrito de San Luis de la Reina, un rótulo anuncia una parada de buses que nunca se construyó; en su lugar quedó un montículo de tierra. Como parte de ese proyecto, en Carolina, los vecinos se vieron obligados a rellenar un hoyo dejado por la empresa que acumulaba agua y suponía un peligro.
En San Antonio Las Iglesias, el predio destinado a la casa comunal luce cubierto de maleza. A un centenar de metros, el centro escolar aún espera un aula de parvularia. “La obra consistía en un aula integral con baño, cisterna y juegos, como las que se ven en las inauguraciones de centros escolares”, recordó un docente de ese cantón de San Luis de la Reina.
El abandono también se enseña
La escolaridad promedio en el municipio de San Miguel Norte es de 5.5 años —frente a los 8 de la media nacional— y cae a 5.25 en San Antonio y a 5.01 en Carolina. En este contexto de rezago, la infraestructura escolar local enfrenta deficiencias y abandono.
La renovación del Centro Escolar Caserío La Fragua, cantón San Diego, acabó en manos del Ministerio de Educación después de casi tres años sin noticias de la CEL. Bajo el programa Dos Escuelas por Día, la Dirección General de Centros Penales asumió el proyecto el 25 de noviembre de 2025. Aunque el sitio web oficial muestra fotografías de reos trabajando a finales de noviembre, a la semana dejaron de llegar por razones que se desconocen, relatan los vecinos.
La obra estuvo parada seis hasta regresaron los reos en fase de confianza a trabajar el 25 de mayo de 2026, seis meses después. Botaron la escuela anterior y empezaron a trabajar en las fundaciones del nuevo centro. A inicios de agosto, los trabajadores se retiraron y solo han quedado dos soldados de vigilancia. Al 3 de noviembre, las obras seguían paradas.
Mientras tanto, los 92 estudiantes de parvularia y educación básica reciben clases en una vivienda particular de bloques construida sobre una loma. Para mitigar el calor en las aulas improvisadas, se instaló electricidad para conectar ventiladores.
En cambio, el programa gubernamental no llegó al centro escolar del caserío Santa Clara, a mitad de camino entre Carolina y San Luis. La escuela está rodeada de quebradas que crecen cada invierno y ponen en peligro a los alumnos. La empresa constructora CGAL trabajó ahí poco más de un mes y se retiró del lugar; los bloques de concreto apilados son la evidencia de la obra abandonada. “Quedaron en que la iban a tumbar y hacer otra más arriba, para que los niños no tuvieran que cruzar una quebrada para ir a estudiar”, lamenta un vecino.
La CEL sí adquirió un terreno seguro para reubicar la escuela, y prometió además mejorar la cancha de fútbol y convertir el edificio actual en un área de usos múltiples. Sin embargo, esas promesas siguen sin cumplirse.
El invierno también amenaza con frecuencia la única vía de acceso a Santa Clara. Cuando el embalse inundó la calle antigua, la CEL habilitó una ruta provisional de balastro y tierra. Esta vía atraviesa cuatro quebradas mediante tuberías plásticas que colapsan, se desbordan y son arrastradas por las tormentas fuertes, como cuentan vecinos cada invierno en redes sociales. (1,2,3).
“Era una solución temporal y de eso hace ya tres (cuatro) años”, lamenta un habitante. El impacto del embalse redujo la población del caserío a unos 300 habitantes, la mitad que una década antes. Apenas el 20% de los residentes logra subsistir de la pesca, según Juan Guzmán, presidente de la Adesco.
Promesas nuevas, el mismo abandono
El 12 de agosto de 2025, con motivo de la inauguración de los puentes, Bukele llegó en helicóptero al de San Antonio, se trasladó de la misma forma al de Carolina y regresó a la capital sin pisar una sola calle de balastro de las que rodean el concreto recién estrenado. “Dijeron que las calles de todos los caseríos y cantones se iban a mejorar, que iba a ser un desarrollo para las comunidades”, recuerda un vecino de La Pitahaya. “El único desarrollo es que tengamos los puentes para poder pasar; de ahí, no hay más”.
Ante el abandono estatal, las comunidades reparan las vías por su cuenta: En el caserío El Tablón de Carolina, los vecinos rehicieron la calle principal. Al lado, en el caserío El Champate, los pobladores dejaron a medias la construcción de una bóveda por falta de recursos para comprar el cemento. Las crecidas repentinas interrumpen el paso en invierno. Un vecino del cantón San Diego, distrito de San Antonio del Mosco, compartió imágenes en Facebook el 1 de noviembre de 2026 del mal estado de la calle principal, paso obligado hacia el distrito de Torola, municipio de Morazán Norte. “Son aproximadamente 12 kilómetros de calle en mal estado y el daño comienza 500 metros después del puente (San Antonio)”, detalla un vecino del caserío San Dieguito, del cantón San Diego.
El 12 de marzo de 2026, empleados de la CEL convocaron a los habitantes de comunidades de San Antonio y Carolina a una reunión, y les prometieron que el 27 de ese mes iniciaría la pavimentación de tres tramos de calles que conectan el casco urbano de San Antonio con el puente sobre el río Torola, con el distrito de Carolina y con la villa de San Isidro. También les ofrecieron construir plazas y centros comerciales en ambos puentes con la intención de atraer turismo.
Ek 4 noviembre, representantes comunales consultados confirmaron que los trabajos siguen paralizados: En calle al puente de Carolina solamente pasó una maquinaria a raspar la tierra y trabajadores limpiaron las cunetas. En el mencionado caserío Santa Clara, la calle principal que une Carolina y San Luis de la Reina recibió mantenimiento superficial. Desde la zona de San Diego siguen a la espera de las obras en los más de cinco kilómetros de calle que unen el punte con el propio casco urbano de San Antonio y su puente. En La Pitahaya, más cercano al puente Carolina, son más optimistas aunque a la fecha solo han hecho reparaciones superficiales con una motoniveladora. “Ya mandaron a una cuadrilla de mozos a ir limpiando la calle porque ya van a iniciar, se ve la maquinaria a un lado de la calle para asfaltar el tramo de Carolina hacia el puente y del puente hacia La Pitahaya”, asegura un miembro de la Adesco. Este último tramo es, precisamente, el que Construequipos nunca realizó a pesar de ser parte del contrato de $11 millones.
Sin embargo, en estas reuniones, la CEL ignoró las 19 obras comunitarias que había prometido desde marzo de 2022, así como el arreglo de las calles secundarias en las comunidades afectadas por el embalse, aquellas que los vecinos se ven obligados a ir reparando como pueden.
Por las noches, el puente de Carolina resplandece con un sistema de iluminación azul y blanco que costó $2.5 millones. Algunos estudiantes del caserío La Fragua observan ese reflejo desde la distancia; una energía de la que carecen hogares como los de Claudia, Rosa y José.
Para esta investigación se solicitó una entrevista al secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria; al jefe de comunicaciones de la CEL, Armando Godoy, y al resto de las empresas mencionadas en este trabajo. En concreto, con la empresa CGAL se buscó una reacción en sus oficinas ubicadas en Ciudad de México y por correo electrónico. De igual manera, a IME se le visitó en sus instalaciones en San Salvador. La constructora Construequipos de San Miguel es la única que respondió un par de preguntas por mensajería, pero después declinó continuar.
