Fidel Zavala, defensor que denunció a Osiris Luna por torturas y corrupción en cárceles, fue condenado a 15 años por estafa. Cristosal califica la condena de represalia.
El Estado salvadoreño no asistió a dos audiencias de la CIDH en Panamá, donde organizaciones denunciaron capturas arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia durante el régimen de excepción.
Durante cuatro años, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido combatir a las pandillas, reducir los homicidios y los delitos en el país. La medida también ha provocado una serie de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales han sido negadas por las autoridades.
Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
La reconocida abogada, experta en corrupción y derechos humanos, fue detenida hace un año por las autoridades y todos los detalles sobre su caso se mantienen bajo reserva en el tribunal.
En el marco de la celebración del día de la madre, un grupo de mujeres, familiares de capturados durante el estado de emergencia, lanzaron frente a Catedral de San Salvador un movimiento de solidaridad ante la violaciones a derechos humanos.
Un tribunal superior libró a la Fuerza Armada a pedir perdón por su responsabilidad en el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses que fueron ejecutados durante una emboscada militar en el marco de la guerra civil en la década de los ochenta, acto que le hubiese correspondido al presidente Nayib Bukele al ser su comandante general.
El Informe Anual 2026 de Amnistía Internacional señala que en El Salvador “se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción”.
La petición fue realizada durante el 195 periodo de sesiones de CIDH para evaluar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la CIDH el abandono estatal de los casos de violencia sexual en contra de mujeres en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).