El Informe Anual 2026 de Amnistía Internacional señala que en El Salvador “se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción”.
En resumen
- El régimen de excepción mantiene a miles de personas detenidas sin pruebas y se registran unas 470 muertes bajo custodia estatal.
- El informe sostiene que se asfixia a las ONG mediante la Ley de Agentes Extranjeros y la criminalización de defensores de derechos humanos.
- Unas 288 personas deportadas desde Estados Unidos ingresaron al CECOT bajo un régimen de incomunicación que podría constituir “desaparición forzada.
Redacción Infodemia
En El Salvador se consolidó en 2025 un “modelo represivo” a la sombra de las continuas ampliaciones del régimen de excepción, que cumplió 4 años de vigencia al cierre de marzo, y que ha dejado más de 90.000 personas detenidas y más de 470 muertes de personas detenidas, según advirtió Amnistía Internacional (AI) en su informe “La situación de los derechos humanos”.
“Se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción. Continuaron las detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas”, indicó AI.
La organización internacional dio cuenta de las denuncias locales e internacionales de que “muchas detenciones eran resultado de la presión que recibía la policía para cumplir cuotas diarias de arrestos y se basaban en pruebas falsas o sin corroborar, denuncias anónimas o perfiles discriminatorios”.
Subrayó que las muertes bajo custodia estatal ascendían aproximadamente a 470 desde el inicio del estado de excepción y que están relacionadas “con tortura, negación
injustificada de atención médica adecuada y oportuna y condiciones de detención insalubres”.
“La Organización Mundial contra la Tortura calificó a El Salvador como país de riesgo muy alto en materia de tortura y malos tratos, incluidas prácticas sistemáticas documentadas de palizas, humillación sexual, privación del sueño y castigo colectivo”, dijo.
Agregó que “las autoridades no llevaban a cabo un registro adecuado de los casos ni realizaban investigaciones independientes” y que “ninguno de esos casos había sido investigado exhaustiva, pronta e independientemente”.
AI sostuvo también que el gobierno de Nayib Bukele “continuó priorizando la seguridad punitiva en un contexto de aumento de la pobreza extrema” y que “se profundizó el cierre del espacio cívico mediante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros”.
Dicha ley obliga, de acuerdo con el informe, “a las organizaciones que recibían financiación internacional a registrarse como ‘agentes extranjeros’, imponía un impuesto del 30% sobre esos fondos y otorgaba al ejecutivo facultades para multar o cancelar personerías jurídicas”.
“Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que la ley no tenía por objeto garantizar la transparencia, sino institucionalizar la persecución contra la sociedad civil independiente”, acotó.
Portada del informe anual de Amnistía Internacional.
En el informe se indica que “se reprimió la protesta social y se criminalizó a las personas defensoras de derechos humanos y a las voces críticas” y retomó los casos de las detenciones de la abogada anticorrupción Ruth López, el constitucionalista Enrique Anaya, y el activista Fidel Zavala, quienes siguen en prisión.
Recordó también la detención del defensor ambiental Alejandro Henríquez y el líder comunitario y pastor José Ángel Pérez, quienes “fueron detenidos, acusados de cargos arbitrarios y sometidos a régimen de incomunicación y condiciones de reclusión inhumanas”.
“Estos casos reflejaban un patrón sistemático de hostigamiento caracterizado por la estigmatización oficial, la reserva judicial indebida de los procesos, la prolongación indebida de la detención preventiva y la falta de garantías judiciales”, subrayó.
La organización internacional remarcó que en este contexto Estados Unidos deportó a El Salvador a un grupo de personas, la mayoría venezolanos, y que el Gobierno de Bukele los encarceló en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Se trata de “252 personas venezolanas y 36 salvadoreñas expulsadas ilegalmente de ese país” y que “a su llegada a El Salvador, estas personas permanecieron privadas de libertad sin que quedara registro oficial, en régimen de incomunicación, sin acceso a defensa ni contacto con familiares, (…) en una situación que podía constituir desaparición forzada”.
El polémico régimen de excepción fue aprobado por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa en la madrugada del 27 de marzo de 2022, luego que las pandillas asesinaron a 87 personas en un fin de semana.
*Imagen de portada generada mediante inteligencia artificial.
