El Gobierno de El Salvador prometió destinar los ahorros de una conversión de deuda para la restauración del principal río del país por $350 millones . A un año del anuncio, las comunidades dicen que falta información pública, señalan ambigüedades institucionales y contradicciones ambientales sobre su impacto real.
En resumen:
- El Salvador, junto a entidades financieras, reestructuraron $1,031 millones de la deuda para generar un ahorro de 352 millones que serán destinados a proteger el río Lempa durante los próximos 20 años.
- Para el 2025, la Asamblea Legislativa asignó $24 millones, pero organizaciones denuncian que no hay información sobre proyectos específicos, presupuestos ni mecanismos de participación abierta.
- Las comunidades señalan que existe una contradicción entre el plan de rescate del afluente y la aprobación de una nueva ley de minería metálica, que podría amenazar el medio ambiente.
Por Diego Rosales
Ha pasado más de un año desde que el Gobierno de El Salvador y de Estados Unidos anunciaron la implementación de un programa por $350 millones para el rescate del río Lempa, producto de los ahorros de una conversión de deuda de más de $1.000 millones, sin que las comunidades hayan sido incluidas de forma integral, según denunciaron.
“Esta conversión de deuda representa la acción ambiental más ambiciosa y con mayor impacto en la historia de El Salvador”, dijo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de acuerdo con un comunicado divulgado por la embajada de Estados Unidos.
Sin embargo, habitantes cercanos al río y organizaciones que trabajan en el territorio aseguran que no han sido incluidas de forma efectiva en las propuestas y decisiones sobre el programa de restauración del caudal, que está previsto para ejecutarse durante 20 años.
A lo largo de la cuenca (que atraviesa Guatemala, Honduras y El Salvador) miles de familias dependen del río para la pesca artesanal, el riego agrícola y el abastecimiento doméstico de agua.
Para el coordinador de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa, Héctor Aguirre, durante las primeras etapas del proyecto existe falta de información y claridad en los mecanismos de participación.
“En el territorio todavía no se percibe nada”, afirmó Aguirre a Infodemia, quien durante más de tres décadas ha participado en iniciativas comunitarias para proteger el río Lempa, el afluente más importante del país.
Desde su trabajo con organizaciones territoriales de la cuenca, dice que las poblaciones que dependen directamente del río siguen esperando ver cambios concretos, expectantes de los anuncios gubernamentales que prevén su revitalización.
De acuerdo con fuentes consultadas por Infodemia, al inicio del programa se crearon cinco mesas de trabajo a lo largo de la cuenca del río: la de occidente (que comprende el Trifinio Guatemala, Honduras y El Salvador), la norte para Chalatenango y Cabañas, la centro para La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, oriente para Morazán, San Miguel, Usulután, y la sur para el Bajo Lempa.
Pero, luego la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) habría dejado de lado las mesas después que algunas de ellas hayan expresado críticas sobre las posibles afectaciones en el futuro a los recursos hídricos derivados de proyectos de extracción minera.
“Han tomado algunas acciones, como por ejemplo, desconocer a las mesas e ir tomando otras decisiones en paralelo, como asignar fondos a organizaciones que no tienen trabajo en el territorio”, comentó a Infodemia, Alfredo Leiva, de la comunidad Santa Marta.
ASA no respondió a una solicitud de comentario a los señalamientos.
Canje de deuda por el ambiente
En octubre de 2024, el Estado salvadoreño concretó una conversión de deuda por naturaleza valorada en 1,031 millones de dólares.
El Gobierno salvadoreño afirmó que la operación permitiría destinar los ahorros generados a la conservación y restauración de la cuenca del río Lempa, que abastece de agua a aproximadamente el 60 % de la población, de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
La transacción fue estructurada con la intermediación de JPMorgan Chase, con respaldo crediticio de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los EE. UU. (DFC) DFC y garantías parciales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
También participaron como actores no estatales Catholic Relief Services, que estará a cargo de la parte técnica, y el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES), que fungirá como administrador del Fondo y Fideicomiso para la conservación del río.
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Hacienda y los organismos financieros internacionales que participaron en la operación, la conversión se realizó mediante la recompra de deuda soberana salvadoreña en el mercado secundario a un precio inferior a su valor nominal.
El Ejecutivo ha estimado que esta reestructuración generará ahorros acumulados superiores a $352 millones durante la vigencia del nuevo instrumento financiero.
El economista Rafael Lemus explicó que el ahorro proviene de un diferencial de tasas de interés. El Estado sigue obligado a pagar los bonos de deuda (con una tasa ponderada del 7.41 %), pero gracias a las garantías de la DFC y el CAF, una parte de esos intereses retornará al país.
“El ahorro está entre estas tasas de los bonos que tiene que pagar igual, pero que le van a dar el vuelto de la diferencia con el contrato de préstamo con JPMorgan; las garantías hacen el ahorro”, detalló Lemus a Infodemia.
Según el experto, este “vuelto” se divide para financiar las obras actuales y para alimentar un fideicomiso de reserva para el futuro.
De ese monto, alrededor de 350 millones de dólares fueron comprometidos para el denominado Programa de Conservación y Restauración del Río Lempa, con un plazo inicial de ejecución de 20 años.
Uno de los compromisos centrales del programa es la formulación de un plan de manejo de la cuenca del río Lempa, en el que la participación de la sociedad civil debe ser protagonista.
“Una planificación de esta envergadura debería tener niveles de discusión muy superiores a lo que estamos viendo”, afirmó Aguirre.
CRS, FIAES y la embajada estadounidense en El Salvador no respondieron a una solicitud de comentario de Infodemia.
Los lineamientos generales del proyecto indican que los fondos se destinarían a restauración de ecosistemas, mejora de la calidad del agua, resiliencia climática y protección de biodiversidad, hasta ahora no se ha divulgado un presupuesto desagregado que detalle asignaciones anuales, territorios específicos o criterios técnicos de priorización.
Información oficial indica que los primeros desembolsos comenzaron a asignarse en abril y octubre de 2025, cuando el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud de reforma presupuestaria para incorporar 24 millones de dólares provenientes del canje al presupuesto general del Estado.
“El monto que se destinará para garantizar la seguridad hídrica a la población salvadoreña es de $24 millones. Con ello se apoyará la conservación, la seguridad hídrica y la restauración de ecosistemas en la cuenca de una de las principales fuentes acuífera”, indicó la Asamblea tras la reforma presupuestaria que se aprobó de forma unánime.
El Ejecutivo proyecta desembolsos anuales promedio de 17.5 millones de dólares hasta 2044.
El destino de estos recursos está segmentado en cuatro ejes operativos clave: la restauración de ecosistemas mediante la reforestación de la cuenca alta y sistemas agroforestales; la mejora de la calidad del agua, que incluye la inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales y gestión de desechos sólidos en municipios ribereños; el fortalecimiento de la resiliencia climática con infraestructura para la mitigación de inundaciones; y el monitoreo científico para medir la biodiversidad y los niveles de contaminantes en el cauce.
Plantón contra la minería metálica frente a la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2024. Foto: Diego Rosales/Infodemia.
¿Minería o agua?
Por su parte, expertos cuestionan que, mientras el presidente Nayib Bukele calificó el canje como la “acción ambiental más ambiciosa en la historia de El Salvador”, haya promovido una nueva ley de la minería metálica, que podría poner en riesgo los recursos hídricos del país.
El 23 de diciembre de 2024, dos meses después del anuncio de la operación, la Asamblea Legislativa aprobó una polémica ley de minería tras anular una de 2017 que vetaba esta actividad extractiva.
“Hay una incoherencia en estrategias de protección del medio ambiente; no se puede estar cuidando el río y a su vez contaminándolo. Es muy incoherente”, advirtió el economista Rafael Lemus.
Desde su perspectiva, el impacto potencial de este tipo de políticas podría superar ampliamente los esfuerzos del programa.
“Lo poquito que se puede hacer en favor del río Lempa va a tener una afectación diez veces superior cuando se den condiciones de explotación minera”, advirtió.
Las comunidades señalan que hay una cláusula en el canje de deuda que indica que no se pueden aprobar mecanismos jurídicos que contravengan el convenio para el rescate del río, sin embargo, la ley de minería metálica se aprobó después del convenio.
“Hay una violación, sin embargo, el secretismo que mantienen del convenio y de toda la información del programa no se puede desde la sociedad civil salvadoreña mecanismos para poder hacer que el programa se lleve a cabalidad”, expresó Alfredo Leiva.
Río Lempa, en la zona entre Jiquilisco y San Nicolás. Foto Archivo Infodemia.
Un río en crisis
El río Lempa es el afluente más largo e importante de El Salvador, con una cuenca que abarca un millón de hectáreas. El caudal nace en una montaña volcánica de Chiquimula, Guatemala, atraviesa una porción de Ocotepeque, Honduras y cruza El Salvador, hasta desembocar en el Océano Pacifico.
De acuerdo con la iniciativa Somos Río Lempa, el caudal tiene una gran diversidad ecológica, que incluye bosques nubosos, agroforestería cafetalera, valles agrícolas productivos, estuarios y humedales, bosques de manglares, pesquerías costeras y playas.
Suministra un más de la mitad del agua potable del Área Metropolitana de San Salvador, para abastecer a 1.5 millones de habitantes, además provee el 28 % de la demanda energética, a través de cuatro centrales hidroeléctricas, y posee cuatro humedales artificiales, entre ellos el Cerrón Grande, según la Unidad Ambiental de la Universidad de El Salvador (UES).
“En la actualidad, la cuenca del Río Lempa se encuentra en crisis debido a la sobreexplotación de los servicios que brinda, la degradación de sus bosques, humedales y, particularmente, por la contaminación que recibe de diferentes cauces”, según el artículo Río Lempa, un caudal de vida que muere lentamente.
A mediados del 2025, el Cerrón Grande o Lago de Suchitlán, el humedal más grande del país, enfrentó una crisis con la proliferación en la mayor parte de su superficie de una lechuga de agua por causa de la contaminación y otros factores.
La vegetación en el cuerpo de agua impidió que pescadores y lancheros turísticos pudieran trabajar en el lugar por varios meses. Además, centros turísticos y restaurantes debieron suspender actividades por la falta de condiciones para laborar.
Sin embargo, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) adviertió que hasta la fecha, el Estado no ha difundido los reportes periódicos sobre calidad del agua del río, ni los niveles de contaminantes.
Tampoco existe una línea base oficial publicada antes del inicio del canje, lo que dificulta medir si las acciones financiadas están generando mejoras atribuibles al programa.
Recuadro de verificación
Imagen principal:
Foto aérea del desemboque del río Lempa. Foto: cortesía de Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa/Infodemia.
