El Informe Anual 2026 de Amnistía Internacional señala que en El Salvador “se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción”.
Al menos 80 familias de pescadores y campesinos enfrentan el riesgo de perder su hogar debido a la falta de programas estatales de conservación frente a la crisis climática.
Defensores ambientales salvadoreños temen que el acuerdo firmado entre el Gobierno de Nayib Bukele y Thorium Energy Alliance pueda abrir la puerta a la explotación del torio en el país, violando así la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, vigente desde el 2017.
