Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Pese al incremento de las denuncias del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas se niegan a investigar los decesos.
Defensores ambientales salvadoreños temen que el acuerdo firmado entre el Gobierno de Nayib Bukele y Thorium Energy Alliance pueda abrir la puerta a la explotación del torio en el país, violando así la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, vigente desde el 2017.
