Protectores del medio ambiente sostienen que en el país existe una persecución del Estado contra voces que se alzan contra el deterioro de los recursos naturales e inminentes proyectos extractivistas.
Al menos 80 familias de pescadores y campesinos enfrentan el riesgo de perder su hogar debido a la falta de programas estatales de conservación frente a la crisis climática.
El Gobierno de El Salvador prometió destinar los ahorros de una conversión de deuda para la restauración del principal río del país por $350 millones . A un año del anuncio, las comunidades dicen que falta información pública, señalan ambigüedades institucionales y contradicciones ambientales sobre su impacto real.
El Gobierno de Nayib Bukele declaró como confidenciales los estudios preliminares sobre la presencia de minerales estratégicos en el país, incluidos oro, litio, cobalto y níquel, justificando que la información constituye un secreto comercial.
En resumen:
Una comisión de la Asamblea Legislativa aprobó una ley que permite la minería metálica exclusivamente bajo control del Estado, eliminando concesiones privadas y...
En su campaña de promoción para reactivar la minería metálica en El Salvador, Bukele afirmó que El Salvador es el único país que tiene prohibiciones para extraer metales en el mundo, pero esto no es cierto, ya que otras naciones también legislan al respecto.
El acuerdo firmado entre el Gobierno de Nayib Bukele y Thorium Energy Alliance, que abriría la puerta a la explotación del torio en el país a pesar que existe una ley de prohibición y su uso en reactores, según han señalado ambientalistas, se encuentra en reserva por cinco años y cuatro meses.
Defensores ambientales salvadoreños temen que el acuerdo firmado entre el Gobierno de Nayib Bukele y Thorium Energy Alliance pueda abrir la puerta a la explotación del torio en el país, violando así la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, vigente desde el 2017.
La Ley General de Recursos Hídricos aprobada en la Asamblea Legislativa “dista de la promesa de campaña” presentada en el Plan Cuscatlán, señala un movimiento ambientalista.
En la actualización del documento que refleja los compromisos nacionales se habla de aplicar un enfoque de género para enfrentar el cambio climático, como parte del Acuerdo de París, pero no se establece el mecanismo a implementar.
