El acuerdo firmado entre el Gobierno de Nayib Bukele y Thorium Energy Alliance, que abriría la puerta a la explotación del torio en el país a pesar que existe una ley de prohibición y su uso en reactores, según han señalado ambientalistas, se encuentra en reserva por cinco años y cuatro meses.
Por Andrea Escobar
En resumen:
- La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) respondió a una solicitud de acceso a información pública que el acuerdo entre Thorium Energy Alliance y El Salvador se encuentra en reserva.
- En marzo del 2017, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que prohíbe la minería metálica por considerarla un peligro para las familias salvadoreñas, pero ambientalistas advierten de señales que apuntan a su reversión.
- Según la DGEHM, la reserva se fundamenta en la metodología de hitos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la cual prioriza la seguridad pública y restringe la publicación de informes durante la fase de deliberación del proyecto nuclear.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) de El Salvador puso bajo reserva por más de 5 años el acuerdo firmado entre el Gobierno de Nayib Bukele y Thorium Energy Alliance.
“Este Oficial de Información, de conformidad con el Artículo 56 literal a) RELAIP, niega la información solicitada, en virtud que dicha información se encuentra bajo una clasificación de reserva preexistente total”, indicó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la DGEHM en una resolución bajo el código de identificación 0007-2023 presentada por Infodemia.
Ha pasado más de un año desde que Bukele firmó un acuerdo con un representante de Thorium Energy Alliance y no se ha brindado a la ciudadanía ningún informe sobre los avances o acciones que involucraría.
La resolución de la DGEHM señala que esta información está totalmente reservada por un periodo de cinco años y cuatro meses, comprendido desde el 31 de agosto del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2028. El documento fue firmado por José Antonio Jovel, oficial de Información del DGEHM.
“En el contexto de un proyecto de energía nuclear, se aplica la metodología de hitos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la cual vela la seguridad pública como uno de sus principales enfoques”, sostuvo el funcionario.
Añadió que “estos informes no pueden ser publicados ni divulgados durante el proceso de elaboración y deliberación en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, ya que hacerlo podría generar una ventaja indebida a ciertos participantes del sector energético, perjudicando a terceros, posibles inversionistas y/o contratistas en futuras licitaciones”.
En marzo del 2023, El Salvador anunció un acuerdo de entendimiento mutuo (MUO agreement) con la empresa Thorium Energy Alliance para el desarrollo de un “Puente de Energía Salvadoreño” con el objetivo de implementar energía nuclear civil.
En este contexto, ambientalistas han exigido al Gobierno salvadoreño que brinde más información sobre un posible proyecto de uso de torio para impulsar reactores nucleares para la generación de energía en el país, ya que el procedimiento aún no está del todo desarrollado en el mundo y podría significar una reversión a la prohibición de la minería.
La investigación “El extractivismo en El Salvador” de la Mesa Nacional contra la Minería indica que existen evidencias que, a juicio de los defensores del medioambiente, demuestran que el Gobierno actual ha dado pasos encaminados a establecer condiciones administrativas, institucionales que apuntan a la reversión de la prohibición de la minería metálica en El Salvador.
“Es importante notar que el Torio es un metal y que, bajo la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, no se podría explotar” en el país, por lo que “se tendría que importar el material”, concluye el informe.
Agrega que “se cree necesario hacer público el acuerdo firmado para ver el alcance del compromiso, y también para determinar si le conviene o no a El Salvador intentar utilizar una tecnología que todavía está en su fase de desarrollo”.
El 29 de marzo del 2017, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que prohíbe la minería metálica por considerarla “una amenaza para el desarrollo sostenible y bienestar de las familias”. El Salvador fue el primer país en el mundo en aprobarla.
Según el “Reporte sobre el estado de la transparencia: La instauración de la opacidad” de Cristosal, desde la implementación de la Ley de acceso a la información pública en El Salvador (LAIP), este es el peor momento en cuanto al respeto del derecho de acceso a la información pública en El Salvador.
“Sabiendo que no habrá consecuencias, porque el IAIP se mantiene inoperante, las instituciones de gobierno niegan de forma arbitraria, excesiva y deliberada a la ciudadanía la información que debe ser pública”, concluye el reporte de Cristosal.
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