La Ley General de Recursos Hídricos aprobada en la Asamblea Legislativa “dista de la promesa de campaña” presentada en el Plan Cuscatlán, señala un movimiento ambientalista.
Óscar González
En el Plan Cuscatlán, plataforma con la que el presidente Nayib Bukele se postuló a la Presidencia, una de las “principales apuestas” respecto al agua y al saneamiento fue la de “promover, desde el Ejecutivo, el desarrollo normativo del derecho al agua y el saneamiento por medio de una Ley General de Agua que contemple un “enfoque de cuenca, los usos prioritarios del agua de acuerdo a los estándares internacionales, una autoridad rectora eminentemente pública y la prohibición de cualquier modalidad privatizadora del agua en el país”.
El 22 de diciembre del año pasado, fue aprobada la Ley General de Recursos Hídricos luego de haber sido presentada en junio a los diputados de la Asamblea Legislativa, dominada por representantes de Nuevas Ideas. Esta normativa en materia hídrica entrará en vigencia en julio del presente año.
Al consultar con expertos en temas hídricos, se confirmó que existen diferencias sustanciales entre la ley aprobada en 2021 y la promesa establecida en la plataforma de Bukele. Por esta razón, esta promesa contenida es catalogada como engañosa.
El primer punto es el referente al de la promoción del “desarrollo normativo del derecho al agua y el saneamiento”. Según la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, para empezar, “no se han realizado acciones de promoción” de este derecho. De hecho, todavía no se ha ratificado la reforma constitucional aprobada en 2020 para reconocer el derecho humano al agua.
En 2020, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a los artículos 2 y 69 de la Constitución para incluir este derecho. Estas reformas deben ser ratificadas por la actual legislatura.
Pero, en marzo de 2021, cuando la diputada del FMLN, Dina Argueta, pidió modificación de agenda para incluir la ratificación, diputados de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN rechazaron la solicitud. Desde entonces, no han retomado el tema de la ratificación.
En el articulado de la Ley General de Recursos Hídricos, sí se aborda el derecho humano al agua y al saneamiento, pero de manera general en apenas un artículo y dos párrafos, uno para la definición y otro para señalar que el Estado debe garantizarlo.
Un aspecto que los diputados no retomaron es que el derecho humano al agua y al saneamiento está vinculado con libertades, como establece Naciones Unidas.
“Estas libertades están dadas por la protección contra cortes arbitrarios e ilegales; la prohibición de la contaminación ilegal de los recursos hídricos; la no discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento, en particular por razón de la clasificación de la vivienda o de la tierra; la no injerencia en el acceso a los suministros de agua existentes, especialmente las fuentes de agua tradicionales; y la protección contra las amenazas a la seguridad personal al acceder a agua o servicios de saneamiento fuera del hogar”, señala el organismo internacional en el folleto informativo N° 35.
El tema de la protección contra amenazas es relevante, debido a la situación de violencia e inseguridad del país, dentro de la cual están dándose situaciones como el corte de servicio de agua por parte de pandillas.
Conferencia de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Crédito: Óscar González.
Con respecto al “un enfoque de cuenca”, Rodolfo Calles, de la Alianza, dijo que si bien la ley lo menciona, “al escudriñarla no contiene los elementos necesarios para responder a ese enfoque”.
El enfoque de cuenca implica reconocer a la cuenca hidrográfica como unidad territorial de gestión de las aguas y eje de integración de la política de ordenamiento ambiental del territorio.
En la normativa aprobada, se habla de las cuencas en el capítulo 2, que se desarrolla en menos de dos páginas. Con respecto a su gestión, solo indica en el artículo 23 que se “supeditará a las directrices de la Política Nacional de Recursos Hídricos y al Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos”.
Pero el punto más cuestionado de la ley es el que se refiere al tema de la privatización. Lo planteado en el Plan Cuscatlán apuntaba a “la prohibición de cualquier modalidad privatizadora del agua en el país”.
Para la Alianza, la ley promueve un “enfoque privatizador del agua al otorgar autorizaciones de más de 15 años de cantidades de aguas superiores a los 365,000 metros cúbicos”.
A esto habría que sumar otras modalidades de privatización del agua que no son tomadas en cuenta por la ley, como la privatización por embotellamiento del agua y la privatización por contaminación.
Esta última es aquella en la que “los grandes usuarios corporativos contaminan el recurso mediante su uso y abuso” e “imposibilitan el que sectores menos pudientes puedan usarlo”, según publicó Martín Nájera Rodríguez en su artículo ¿Privatización o gestión social de los recursos hídricos?
De acuerdo con Luis González, quien es parte de este movimiento que aglutina a diversas organizaciones sociales, la ley aprobada “promueve las injusticias hídricas”.
“Es cierto: reconoce a las juntas agua. Pero les pone más cargas que apoyos… Consideramos que es incorrecto cobrarles un canon como si fueran una entidad con fines de lucro” y “Otro impacto es que las juntas deben encargarse del saneamiento del agua y hacer un pago por vertidos. Esto es hacer que las juntas quiebren”, afirmó.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua es un actor que ha participado históricamente en el debate de la normativa hídrica. El movimiento participó en la elaboración de la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas (2020) y en la Propuesta Ciudadana y Sustentable de Ley General de Aguas y Saneamiento (2021).
