*Discurso de Angélica Cárcamo, directora de Infodemia y directora ejecutiva de la Red Centroamericana de Periodistas, en una audiencia en el Parlamento Catalán.
Agradezco a la Comisión Europea y Acción Exterior del Parlament de Catalunya por abrir este espacio para hablar sobre la difícil situación por la que atraviesa la libertad de prensa en Centroamérica, uno de los momentos más críticos para el ejercicio del periodismo desde los procesos de transición democrática de las décadas pasadas.
Hablar hoy de Centroamérica implica hablar de autoritarismo, persecución judicial, exilio, precarización, vigilancia y violencia. Pero también implica hablar de resistencia. Porque, pese a todo el panorama adverso, el periodismo sigue haciendo su trabajo: denunciando corrupción, el crimen organizado, abusos de poder, violaciones a derechos humanos, es decir, el periodismo sigue arrojando luz en aquellos rincones en donde los interesados quieren mantener hechos sombras. Hacemos nuestro trabajo, incluso, cuando ponemos en riesgo la libertad, la estabilidad económica o la vida misma.
Durante los últimos años hemos visto un deterioro acelerado de las garantías democráticas en la región. Gobiernos con tendencia autoritarias han consolidado mecanismos de control sobre el aparato estatal, debilitando la independencia judicial, utilizando el derecho penal para perseguir voces críticas y promoviendo campañas sistemáticas de estigmatización contra periodistas y medios independientes. A esto se suma un escenario internacional complejo, marcado por la reducción de fondos de cooperación internacional para medios y organizaciones de defensa de derechos humanos, especialmente tras el desmantelamiento de programas de apoyo impulsados históricamente por Estados Unidos.
Así como también el redireccionamiento de recursos internacionales hacia agendas de seguridad vinculadas a conflictos globales.
El resultado es una región donde el periodismo enfrenta condiciones cada vez más hostiles para sobrevivir. Se cierran medios, aumentan las amenazas hacia la integridad de los profesionales, se restringe el acceso a la información pública y se utilizan la vigilancia digital, las campañas de odio y la persecución financiera como mecanismos de silenciamiento.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, en los 25 años de historia de su clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, la puntuación promedio global nunca había sido tan baja como en su reciente informe.
Centroamérica refleja claramente esta tendencia de deterioro democrático y restricción del espacio cívico. Nicaragua, bajo la dictadura Ortega-Murillo, continúa entre los países con peor situación para el ejercicio periodístico en el mundo y se mantiene como el país con menor libertad de prensa en América, ocupando el puesto 168 de 180 países evaluados.
En El Salvador, el Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa sitúa al país entre los de mayor restricción a la libertad de expresión y de prensa en la región, reflejando una tendencia sostenida de deterioro institucional.
En Guatemala hay poco o nulo avance sobre la criminalización a periodistas vía sistema judicial y genera preocupación el asesinato de periodistas.
En Honduras continúa la violencia y la impunidad contra la prensa. Y en Costa Rica, históricamente considerado un país refugio para periodistas perseguidos, comienzan a observarse señales preocupantes de deterioro en las garantías para el ejercicio periodístico y el acceso a la información pública.
Quisiera detenerme brevemente en algunos ejemplos recientes que ayudan a dimensionar la gravedad del contexto regional.
En Guatemala las organizaciones como Red Rompe el Miedo y No Nos Callarán han documentado el incremento de agresiones, amenazas y criminalización contra periodistas y comunicadores comunitarios. A ello se suma el asesinato del periodista Carlos Humberto Cal Ical, ocurrido en Alta Verapaz el 26 de abril de 2026, un hecho que volvió a evidenciar la vulnerabilidad extrema de la prensa local y comunitaria en territorios donde son agredidos por funcionarios públicos o candidatos coludidos con el crimen organizado y el narcotráfico. Hay que precisar que el gobierno de Bernardo Arévalo no ha generado acciones concretas, como implementar una política de protección a periodistas.
En Honduras, la organización Asopodehu y otros mecanismos de monitoreo han alertado sobre amenazas sistemáticas contra periodistas que investigan corrupción, narcotráfico y el crimen organizado. El asesinato del periodista Javier Antonio Hércules, ocurrido en 2025, volvió a demostrar la incapacidad del Estado hondureño para garantizar protección efectiva y combatir la impunidad. Según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos del año 2023, más del 80% de los asesinatos de periodistas permanecen impunes. Hay que recordar que Honduras es el único país de Centroamérica con un Mecanismo de Protección a Periodistas que incumple con su mandato.
En Nicaragua, el periodismo prácticamente se ejerce desde el exilio. El Colectivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) ha documentado que más de 300 periodistas nicaragüenses han tenido que abandonar el país desde 2018. Muchos medios operan desde Costa Rica, Estados Unidos o España, intentando sostener el flujo informativo pese al cierre de redacciones, confiscación de bienes, cancelación de personerías jurídicas y persecución contra familiares.
También hemos identificado fenómenos de persecución transnacional y segundos exilios. Periodistas nicaragüenses que huyeron inicialmente a Costa Rica ahora buscan nuevos países de acogida, debido al deterioro de las condiciones de seguridad, la precarización económica y las crecientes dificultades de regularización migratoria, algunos siguen esperando desde España la otorgación dicho apoyo luego que el régimen de Ortega les quitase su nacionalidad.
Para el caso de El Salvador, el escenario se agravó significativamente durante 2025. Según el más reciente informe de la Asociación de Periodistas de El Salvador, decenas de periodistas se vieron obligados a salir del país tras el incremento de amenazas, vigilancia policial, campañas de estigmatización y el temor de posibles capturas arbitrarias. Solo entre mayo y junio más de 45 periodistas (la mayoría de medios digitales y comunitarios) salieron de forma preventiva tras conocer información sobre posibles detenciones. Incluso, se han registrado casos de periodistas con Alerta Interpol, como es el del periodista Diego Rosales quien sigue esperando respuesta de solicitud de asilo en España.
Muchos periodistas, incluyéndome entre ellos, hemos tomado la difícil decisión de salir de nuestros países debido a la persecución judicial, las amenazas, la vigilancia policial o militar y a la ausencia total de garantías al debido proceso. En pocas palabras, quedarse deja de ser una opción.
A ello se suma la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros que ha afectado a medios como la Asociación de Radios Comunitarias y Participativas (ARPAS), proyecto que se encuentra en precarización y riesgo de desaparición por su periodismo crítico por no contar con la autorización para recibir fondos desde el extranjero, aunque eso implique que el régimen les quite un 30% de los fondos provenientes de la cooperación. Y, recientemente el régimen de Bukele ha procedido a la intervención de bienes personales de socios de la empresa fundadora de El Faro, uno de los medios más críticos de la administración.
En Costa Rica, país históricamente considerado refugio para periodistas exiliados, también comienza a evidenciar retrocesos preocupantes. En el marco del día internacional de la prensa, que se conmemora cada 03 de mayo, el periódico La Nación informó que el gobierno de Trump revocó las visas de cinco de los siete miembros de la junta directiva sin que hubiera una explicación oficial, un hecho sin precedentes que apunta a la posibilidad de injerencia extranjera en contra de la prensa costarricense cuyas libertades se han deteriorado.
La Nación publicó informaciones sobre supuestas ilegalidades en el financiamiento electoral de la campaña de Chaves y las sanciones que él recibió cuando fue funcionario del Banco Mundial. Desde la presidencia, Chaves ha utilizado calificativos como «prensa canalla» y «defensor de las castas» a los medios críticos. Hay que mencionar que Costa Rica ocupaba el puesto mundial número 5 en libertad de prensa en 2021 de RSF y en su reciente informe descendió hasta la casilla 38.
Hoy, desde Centroamérica, llegamos a este Parlamento para solicitar acciones concretas de solidaridad democrática. Pedimos, en primer lugar, que el Parlament de Catalunya reconozca públicamente la gravedad de la crisis que atraviesan periodistas y medios independientes en países donde informar se ha convertido, cada vez más, en una actividad de alto riesgo.
Solicitamos también de forma respetuosa que Cataluña fortalezca su compromiso con la cooperación internacional dirigida a proteger el periodismo independiente, especialmente mediante alianzas con organizaciones, universidades y actores de la sociedad civil que permitan sostener programas de protección integral.
Pedimos, además, que se exploren mecanismos de acogida temporal, becas, residencias o programas de intercambio para periodistas en riesgo, entendiendo que el exilio no debería significar silencio ni pérdida de la voz profesional. Para muchas y muchos colegas, contar con espacios seguros puede marcar la diferencia entre continuar informando o desaparecer bajo la presión autoritaria.
Es igualmente urgente que este Parlamento contribuya a impulsar una reflexión democrática sobre el uso de tecnologías de vigilancia, spyware, inteligencia artificial y plataformas digitales cuando son utilizadas para censurar, monitorear o atacar a periodistas.
Finalmente, solicitamos que Cataluña mantenga una observación activa y sostenida sobre la situación de Centroamérica, promoviendo pronunciamientos, espacios de diálogo y articulaciones con instancias europeas e internacionales.
Cierro reiterando una idea fundamental: hoy más que nunca el periodismo es indispensable para la construcción de sociedades más justas y democráticas. Porque sin información no hay decisiones libres. Y sin decisiones libres, la democracia se debilita profundamente.
