Durante cuatro años, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido combatir a las pandillas, reducir los homicidios y los delitos en el país. La medida también ha provocado una serie de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales han sido negadas por las autoridades.
Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Dos observatorios digitales contra la censura en internet afirmaron que la plataforma de mensajería reportó fallos y bloqueos en al menos cinco redes en El Salvador. La Presidencia no ha hecho comentarios a peticiones de Infodemia.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) visitaron el país para conocer en el terreno la situación de la libertad de expresión, en la que advirtieron un deterioro. El Gobierno dijo que "respetamos las observaciones".
