Durante el gobierno de Bukele, el Estado otorgó 23 contratos de manera directa por más de $218.5 millones, pagó casi el doble por unos puentes anunciados en $24.4 millones y dejó inconclusas 19 obras comunitarias en el oriente del país.
El Estado salvadoreño no asistió a dos audiencias de la CIDH en Panamá, donde organizaciones denunciaron capturas arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia durante el régimen de excepción.
El Gobierno de Nayib Bukele declaró como confidenciales los estudios preliminares sobre la presencia de minerales estratégicos en el país, incluidos oro, litio, cobalto y níquel, justificando que la información constituye un secreto comercial.
En su campaña de promoción para reactivar la minería metálica en El Salvador, Bukele afirmó que El Salvador es el único país que tiene prohibiciones para extraer metales en el mundo, pero esto no es cierto, ya que otras naciones también legislan al respecto.
