Durante cuatro años, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido combatir a las pandillas, reducir los homicidios y los delitos en el país. La medida también ha provocado una serie de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales han sido negadas por las autoridades.
Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
El Gobierno de Nayib Bukele declaró como confidenciales los estudios preliminares sobre la presencia de minerales estratégicos en el país, incluidos oro, litio, cobalto y níquel, justificando que la información constituye un secreto comercial.
En su campaña de promoción para reactivar la minería metálica en El Salvador, Bukele afirmó que El Salvador es el único país que tiene prohibiciones para extraer metales en el mundo, pero esto no es cierto, ya que otras naciones también legislan al respecto.
