En resumen:
- Organizaciones internacionales de derechos humanos pidieron sanciones contra Nayib Bukele y tres altos funcionarios de seguridad.
- Los expertos señalan torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
- La legislación canadiense permite aplicar sanciones bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales a funcionarios señalados por violaciones a derechos humanos.
Por Lissette Lemus
Dos organizaciones internacionales de derechos humanos pidieron al gobierno de Canadá imponer sanciones contra el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y otros tres altos funcionarios por su presunta responsabilidad en graves violaciones a derechos fundamentales durante el régimen de excepción vigente desde 2022.
La petición fue presentada por Human Rights First (HRF) y el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos (RWCHR), quienes aseguraron haber entregado al gobierno canadiense pruebas sobre la supuesta implicación de los funcionarios “en una campaña de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso”.
Por esa razón pidieron sanciones contra el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna Meza, y al ministro de Defensa, René Merino Monroy.
El régimen de excepción, que fue decretado en marzo de 2022 tras un repunte de homicidios atribuido a las pandillas, permite la suspensión de algunas garantías constitucionales. Desde entonces, más de 90.000 personas han sido detenidas bajo acusaciones de pertenecer a pandillas o colaborar con ellas.
De enero a agosto, al menos 2.510 personas han sido condenadas como integrantes de las dos principales pandillas durante el desarrollo de 58 audiencias colectivas, según datos de la Fiscalía y Centros Judiciales.
Las organizaciones señalaron que en las cárceles del país centroamericano se han registrado torturas y condiciones severas que han provocado la muerte de más de 500 personas, incluidos menores de edad.
También denunciaron la detención de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que han cuestionado los abusos.
“Instamos al gobierno canadiense a ejercer su liderazgo en apoyo de los derechos humanos e imponer sanciones al estilo Magnitsky a los funcionarios responsables de estos abusos generalizados”, dijo Amanda Strayer, asesora principal de responsabilidad de Human Rights First, organización con sede en Nueva York.
La ley Magnitsky es una legislación de Estados Unidos que permite imponer sanciones económicas y migratorias a ciudadanos extranjeros acusados de corrupción a gran escala o de graves violaciones de los derechos humanos.
Las organizaciones sostienen que Bukele, como impulsor del régimen de excepción, es responsable de los abusos atribuidos a las fuerzas de seguridad durante la llamada “guerra contra las pandillas”. También señalan a Villatoro, Luna y Merino por su responsabilidad al frente de las instituciones encargadas de la seguridad y defensa.
En diferentes espacios, el gobierno salvadoreño niega las acusaciones en su contra.
En Canadá, los funcionarios extranjeros pueden ser objeto de sanciones económicas y financieras bajo la Ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos si se comprueba su responsabilidad o complicidad en graves violaciones a derechos humanos.
“Las sanciones dirigidas contra el presidente Bukele y otros miembros de su administración cerrarían una brecha crítica de rendición de cuentas”, afirmó Gila Cotler, directora ejecutiva del Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos que tiene su sede en Canadá.
Otros señalamientos en el pasado
La petición se suma a una serie de señalamientos sobre presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con la aplicación del régimen de excepción.
El 10 de marzo, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentó un informe elaborado por cinco expertos internacionales en el que afirmó que “existen motivos para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad” durante el régimen de excepción.
Según el documento, en El Salvador se habían registrado hasta marzo de 2024 más de 89.000 detenciones “masivas y arbitrarias”, 400 personas fallecidas bajo custodia estatal, 540 casos documentados de desaparición forzada y 814 casos de tratos crueles.
Asimismo, un informe de Amnistía Internacional publicado en julio de 2026 señaló que las detenciones arbitrarias, la falta de debido proceso, los tratos inhumanos en las cárceles y las muertes en centros penales “podrían” constituir delitos de lesa humanidad.
El informe, titulado “Seguridad sin derechos”, es resultado de una investigación de cuatro años, realizada entre 2022 y 2025. Para elaborarlo, Amnistía Internacional realizó 109 entrevistas con víctimas, familiares, abogados, especialistas y exmiembros de la Policía Nacional Civil, además de revisar expedientes y resoluciones judiciales.
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