En resumen:
- El presidente Nayib Bukele afirmó que, “cuando en El Salvador mataban a 30 personas al día”, ninguna organización de derechos humanos se pronunció sobre la violencia.
- Entre 2016 y 2018, la CIDH, dos relatoras de la ONU y Amnistía Internacional emitieron comunicados, informes y recomendaciones sobre la violencia de pandillas en el país. Organizaciones salvadoreñas como FESPAD, el IDHUCA y Cristosal también alertaron sobre la violencia y el desplazamiento forzado antes de 2019.
- El mandatario omite decir que, en los años más violentos que vivió El Salvador, él era funcionario del FMLN, partido que gobernaba en ese entonces.
Redacción Infodemia
Es falso que ninguna organización internacional o salvadoreña se pronunciara sobre la violencia en El Salvador antes de 2019 y sus efectos sobre los derechos humanos de la población, como afirmó el presidente Nayib Bukele (13/10/2026).
Entre 2016 y 2018, organismos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y organizaciones salvadoreñas publicaron comunicados, informes y recomendaciones sobre la violencia de las pandillas y sus consecuencias.
“Cuando aquí mataban 30 personas diarias nadie decía nada. Nadie se pronunció. No hubo una organización de derechos humanos o una organización que haya dicho, ‘Eh, miren, en El Salvador hay que hacer algo’”, dijo Bukele, quien llegó a la Presidencia el 1 de junio de 2019.
El país vivió sus años más violentos durante la década pasada y en 2015 registró una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, la más alta desde el fin de la guerra civil.
Amnistía Internacional habló de zonas de guerra
El 14 de octubre de 2016, Amnistía Internacional presentó el informe “¿Hogar dulce hogar?”, que concluyó que la violencia era un factor clave en la huida de la población de El Salvador, Honduras y Guatemala.
“El Salvador, Guatemala y Honduras se han convertido prácticamente en zonas de guerra”, afirmó el entonces secretario general de la organización, Salil Shetty, según el comunicado de Amnistía.
El documento también advirtió que “los índices de homicidio en El Salvador han aumentado espectacularmente en los últimos tres años”, a medida que la población quedaba “atrapada en las despiadadas luchas entre maras rivales”.
La ONU envió dos relatoras
La relatora especial de la ONU sobre desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, visitó El Salvador del 14 al 18 de agosto de 2017.
“Los asesinatos son algo común y la extorsión está generalizada”, dijo al cerrar su visita, según Noticias ONU.
La relatora agregó que “El Salvador sufre una tragedia oculta de personas que han tenido que abandonar sus hogares” y que “si las personas están bajo amenaza de las pandillas, ellas y sus familias abandonan sus hogares”.
También advirtió que “los jóvenes están particularmente afectados por la violencia”.
Jiménez-Damary presentó sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un informe fechado el 22 de abril de 2018.
Del 25 de enero al 5 de febrero de 2018 visitó el país la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, en lo que fue
Fue la primera visita oficial de esa relatoría a El Salvador. En su informe final concluyó que “El Salvador, con una de las tasas más altas de homicidio en el mundo, debe tomar urgentemente medidas más efectivas para prevenir la privación arbitraria de la vida y poner fin al círculo vicioso de impunidad que hace posible estos crímenes”.
Sostuvo que los homicidios parecen ser una estrategia deliberada de las pandillas para asegurar el control territorial y su poder, según el seguimiento de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
El informe incluyó 51 recomendaciones dirigidas al Estado salvadoreño.
Callamard también cuestionó la respuesta estatal. “Es una guerra por parte de las fuerzas de seguridad contra los jóvenes y los pobres”, dijo al cierre de su visita, según EFE.
La CIDH expresó su preocupación
El 27 de octubre de 2017, la CIDH publicó el comunicado 170/17, firmado junto con la relatora de la ONU sobre desplazados, en el que se “reitera su preocupación por la violencia que ha afectado a El Salvador en los últimos años y sus consecuencias en términos de desplazamiento interno”.
El comunicado describe el desplazamiento como “una crisis significativa y en gran medida no reconocida en El Salvador”, que afecta a “miles de personas, familias y comunidades enteras”.
El 18 de diciembre de ese año, mediante la resolución 210/17, la CIDH otorgó medidas cautelares a una familia desplazada por la Pandilla 18 tras denunciar el asesinato de varios de sus integrantes. La Comisión consideró que sus miembros se encontraban en “una situación de gravedad y urgencia”.
Organizaciones salvadoreñas también alertaron
El 25 de enero de 2018, el IDHUCA, el Servicio Social Pasionista, Cristosal, COMCAVIS TRANS y FESPAD publicaron un comunicado conjunto ante la visita de la relatora Callamard. En él expresaron su preocupación por “la actual situación de violencia en el país” y por el “énfasis represivo de las políticas de seguridad del Estado”.
Cristosal también acompañó a una familia desplazada por la violencia en el amparo 411-2017.
La Sala de lo Constitucional dictó sentencia el 13 de julio de 2018 y ordenó a las autoridades atender el problema y en una resolución de seguimiento, el tribunal sostuvo que “un fenómeno tan complejo como el desplazamiento forzado causado por la violencia responde a causas estructurales”.
Bukele omite que en 2015 y 2016, los años más violentos del país, era alcalde de San Salvador por el FMLN, entonces partido de Gobierno, y cercano a su cúpula.
En Infodemia calificamos como FALSO una afirmación que es desmentida por datos verificables. En este caso, documentos oficiales de la ONU y la CIDH, así como informes de organizaciones internacionales y salvadoreñas, prueban que sí hubo pronunciamientos sobre la violencia en El Salvador antes de 2019.
