En resumen
- La Comisión señaló que la cadena perpetua es desproporcionada frente a la finalidad de resocialización.
- Indicó que su aplicación, en un contexto de suspensión del derecho a la defensa, comprometería el debido proceso.
- La Comisión también reiteró el llamado a finalizar el régimen de excepción.
Lissette Lemus
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al Estado salvadoreño que la aplicación de cadena perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana.
“La imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena”, señaló.
El pasado 26 de marzo, la Asamblea Legislativa ratificó una reforma constitucional que permite la imposición de la cadena perpetua para delitos de homicidio, violación y actos de terrorismo, junto con un paquete de reformas en materia penal, procesal penal y de justicia juvenil para su implementación.
“La Comisión advierte que su aplicación, en un contexto de suspensión del derecho a la defensa, podría comprometer seriamente el debido proceso frente a la imposición de penas de máxima gravedad”, advirtió ese organismo interamericano.
Las nuevas reformas aprobadas incluyen la creación de Juzgados de lo Criminal que procesarán de manera exclusiva los delitos castigados con penas perpetuas. Además se encargaran de la revisión y cumplimiento de las mismas.
Pide fin del régimen de excepción
Por otra parte, la CIDH reiteró el llamado al Gobierno salvadoreño a poner fin al uso continuado del régimen de excepción, como parte de su política de seguridad.
La solicitud de la CIDH fue realizada cuando falta menos de una semana para que la Asamblea Legislativa apruebe la prórroga número 50 del estado de excepción.
Ese organismo internacional considera que la mejora de los índices de seguridad en el país indican “que no persisten las razones objetivas iniciales que justificaron la emergencia”.
“En este contexto, el Estado debe evaluar rigurosamente si la decisión de mantener esta medida excepcional resulta compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con los principios de temporalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad”, indicó.
A principios de este año, en una audiencia de esta misma Comisión, representantes del Estado aseguraron que el régimen de excepción ha contribuido a la reducción de la violencia y a la recuperación del control territorial que durante décadas estuvo en manos de las pandillas.
Según datos oficiales el índice de homicidios el año pasado fue de 1.3 por cada 100,000 habitantes, el más bajo desde que se lleva registros en la historia reciente del país.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que han documentado graves violaciones a derechos humanos y la existencia de un patrón de persecución penal contra personas defensoras de derechos humanos y voces críticas.
“La CIDH tomó nota de la información presentada según la cual el modus operandi de las graves violaciones de derechos humanos documentadas en el marco de la política de seguridad podría evidenciar la posible configuración de crímenes de lesa humanidad”, indicó la Comisión.
En ese sentido, el Estado salvadoreño rechazó que se comentan violaciones a derechos humanos en el contexto del régimen de excepción y negó la existencia de una política de persecución de voces críticas.
El régimen de excepción fue aprobado por primera vez el 27 de marzo de 2022, para contener una matanza de más de 80 personas en solo tres días, atribuida a las pandillas.
Desde entonces, más de 91,500 personas han sido capturadas bajo acusaciones de ser pandilleros o colaboradores y del total 8,000 han sido liberadas al no encontrarles indicios del cometimiento de algún delito.
