Infodemia solicitó la información relacionada con las solicitudes y entrega de pasaportes para inversionistas de bitcóin, pero las autoridades de Migración y Extranjería negaron su existencia.
Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2023, más de 1.9 millones de salvadoreños vivieron en pobreza el año pasado, 55,097 más que en 2022. Desde la llegada de Bukele al poder en 2019, la pobreza aumentó un 4.4%.
El presidente Nayib Bukele aseguró a través de su cuenta de X que el país continuará con el "programa" de compra diarias de bitcóin (BTC) y que ha almacenado una gran parte de sus reservas en una billetera fría, pero esto no garantiza una “máxima transparencia”, como han afirmado funcionarios del bukelismo.
Estudios de opinión revelan que las familias salvadoreñas señalan el aumento de la canasta básica, el incremento del costo de vida y el desempleo como sus mayores preocupaciones, poniendo en duda la afirmación de CID Gallup sobre la mejora económica familiar que existe en el país de acuerdo a su última encuesta
Solo la deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) generada por el Gobierno de Nayib Bukele desde abril de 2023, tras una reforma aprobada en la Asamblea Legislativa, asciende a $1 mil 247 millones.
Una diputada del partido NI afirmó en un programa radial que la billetera electrónica Chivo Wallet era la más utilizada para enviar y recibir remesas, pero cifras oficiales del BCR demuestran que apenas 1 de cada 10 salvadoreños reciben remesas a través de billeteras digitales.
De acuerdo con una publicación de la Asamblea Legislativa en su portal oficial, los titulares del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) afirmaron que el presupuesto de más 72.8 millones de dólares planificado para 2024 garantizará la seguridad alimentaria, a pesar que la asignación sería menor. Lo que es falso.
El Ministerio de Hacienda de El Salvador declaró la reserva de la propuesta presentada por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) para convertir la deuda de corto plazo en deuda de mediano plazo argumentando que hacerlo público generaría una “ventaja indebida”.
