Desde hace dos años, en Ciudad de México han surgido algunos campamentos de migrantes de varias nacionalidades que están estacionados en la urbe a la espera de una oportunidad para llegar a Estados Unidos. Entre todas estas personas conviven varios salvadoreños, incluídos niños.
En resumen:
- El presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido sus políticas migratorias y reforzó la seguridad en las fronteras.
- El número de salvadoreños encontrados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos durante enero cayó 46% frente al mismo mes del año previo, según datos de CBP.
- Los salvadoreños emigran principalmente por razones económicas y últimamente por el acoso de los cuerpos de seguridad durante el régimen de excepción.
Por Diego Rosales
En el corazón de la Plaza de la Soledad, en el centro de la Ciudad de México, miles de migrantes de varios países han levantado un improvisado campamento mientras esperan mejores condiciones para seguir su camino hacia Estados Unidos.
Venezolanos, africanos, haitianos y centroamericanos habitan bajo lonas descoloridas y tiendas de campaña rasgadas desde hace más de dos años, un paisaje que hace contraste con los edificios y casas de la llamada Ciudad de los Palacios. Para muchos, esta parada, que creyeron sería temporal, se ha convertido en una especie de limbo, puesto que observan con atención la implementación de las severas políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.
En ese lugar, a más de mil quinientos kilómetros y dos fronteras de distancia desde El Salvador, se encontraba Jorge Armando Muñoz, un militar en condición de retiro de 57 años de edad, oriundo de San Miguel. Narró que participó en el conflicto armado (1980-1992) tras enlistarse en el ejército en 1982 cuando era adolescente. Al concluir la guerra, Muñoz, como muchos otros veteranos, se sumó al comercio informal en las calles del Centro Histórico de San Salvador, donde vendía calzado infantil.
En 2021, cuando las autoridades municipales iniciaron el plan de revitalización de la caótica capital, el hombre vio una caída en sus ventas de al menos un 70% debido a los múltiples desalojos de varias cuadras de comerciantes informales y que hasta la fecha han desplazado a miles.
En marzo de 2022, pocos días después de implementarse el régimen de excepción, policías intentaron capturarlo en una de las entradas del popular mercado La Tiendona, argumentando que necesitaban verificar que no perteneciera a ninguna pandilla, algo que él niega. Algunos comerciantes que presenciaron la escena, intercedieron por él, asegurando que no tenía vínculos con grupos delincuenciales y lograron que lo dejaran ir.
“Considero que eliminar las pandillas era un tema urgente que el pueblo necesitaba. Pero también hay un daño a la población inocente”, expresó Muñoz a Infodemia.
Denunció que en las semanas siguientes sufrió acoso policial: lo seguían mientras vendía, lo buscaron en su casa alquilada en el Barrio San Jacinto y preguntaban por él en los lugares que frecuentaba. Tras dos meses de constante persecución, decidió regresar a su ciudad natal, San Miguel. Dice que allí se separó de su pareja y agudizó un padecimiento de ansiedad y depresión. También intentó reactivar su negocio de calzado infantil en las calles de la ciudad oriental, pero fracasó. Buscó ayuda en la banca privada, entre clientes, amigos, familiares e incluso en sus cinco hijos, ciudadanos estadounidenses, tampoco tuvo éxito.
El 21 de octubre de 2023, Jorge salió del país en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades. Llevaba 150 dólares, un regalo que le dio un exgeneral del ejército que había sido su superior. Compró un boleto de bus hacia Ciudad de Guatemala por 20 dólares y luego se desplazó en transporte público hasta Tecún Umán, en la frontera con México.
Días después, cuando Jorge llegó a Chiapas, se enteró por Internet de la organización de una caravana migrante llamada “Latinoamérica Unida”, que partiría el 30 de octubre. Se unió a los más de 8 mil migrantes de distintos países con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
Su destino final era Houston, Texas, donde un amigo de la infancia le había prometido trabajo como conductor de tráiler. Sin embargo, casi un año y medio después de su partida con el grupo, se instaló en uno de los tres campamentos de migrantes en Ciudad de México.
Construyó un pequeño cuarto improvisado con jabas de madera. Es un lugar de apenas dos por dos metros que utiliza para resguardar sus pocas pertenencias: una delgada frazada, un suéter, dos camisas, un pantalón, un par de zapatos, una gorra y unas chancletas, un lujo en comparación con el resto de las decoloradas y rasgadas tiendas de acampar de sus vecinos.
Desde entonces ha trabajado en diferentes áreas. En un carwash, como cargador en el Mercado de La Merced y como vigilante en un centro comercial repleto de marcas lujosas.
Muñoz también tiene achaques de salud. Una clínica local diagnosticó su estado de la siguiente manera: “Paciente de nacionalidad salvadoreña en calidad de migrante, acude con trastorno de ansiedad y angustia con 11 años de evolución, exacerbándose dichos síntomas en las últimas semanas. Se encuentra en campamento Plaza Soledad en regulares condiciones de higiene (baño y cambio de ropa cada tres días), con alimentación mala en cantidad y calidad”.
Pese a que su plan era quedarse en la Ciudad de México ahorrando dinero para emprender nuevamente su negocio de calzado infantil. No fue así. Jorge, un hondureño y un venezolano de 21 años que también salieron del campamento, se fueron juntos el miércoles 19 de febrero con destino a Apatzingán, estado de Michoacán, un territorio controlado por la organización criminal Familia Michoacana, considerado el quinto estado más inseguro de México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Jorge abordó el autobús y su rastro se perdió en la carretera.
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El campamento se encuentra frente a la parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, un templo con estilo neoclásico que fue erigido entre 1.774 y 1.787. En el lugar tradicionalmente ofrecen albergue a indigentes, personas marginadas y últimamente a migrantes a cambio de trabajo comunitario. Fue así que en las inmediaciones se fue creando el asentamiento poco a poco. Cada lunes, miércoles y viernes, los feligreses católicos reparten desayunos a quienes acampan frente a la iglesia.
Una de las encargadas de la logística, Rosario Calderón explicó a Infodemia que tras la emergencia sanitaria del COVID-19 hace cinco años hubo un aumento significativo de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos. Tras la enorme cantidad de personas que llegaron, el párroco, padre Benito Torres, decidió abrir las puertas de la iglesia temporalmente a familias que buscaban llegar hacia Estados Unidos.
Por ahora, al interior del albergue se encontraban seis familias, cinco de ellas de origen centroamericano. Según Calderón, muchos migrantes prefieren vivir en el campamento debido a la libertad que tienen para movilizarse. En las gradas de la plaza algunos se sientan durante el día a fumar marihuana o tomar alcohol.
Las numerosas tiendas y refugios temporales se extienden por las arterias y espacios, es habitual observar charcos de agua con detergente y ropa tendida. Algunas familias cocinan sus alimentos típicos a la intemperie, mientras el ruido del comercio aledaño, los gritos de niños jugando se mezclan con los diferentes idiomas que ahí se hablan. Los nombres no existen, la mayoría se identifica solo por su nacionalidad.
Los migrantes en la Plaza de la Soledad cuentan con seguridad jurídica para permanecer ahí estacionados luego de la decisión del Juzgado Segundo de Distrito que ordenó al gobierno capitalino ofrecer un alojamiento humanitario de emergencia de manera voluntaria, digna, ordenada y acompañada para los migrantes asentados en la Plaza de la Soledad.
En esa maraña de refugios habita una familia de salvadoreños que es originaria de Sonsonate. Está integrada por tres miembros: papá, mamá y una niña de 11 años. Salieron del país en agosto del año pasado por razones de acoso del régimen. También se unieron a una caravana que salió de San Pedro Buenavista, en Chiapas. Recuerdan que a veces iban caminando, a veces a bordo de un autobús, desplazándose por las noches y las madrugadas. Ahora están instalados en el campamento.
La madre aseguró que pueden bañarse gratis tres veces a la semana en la parroquia, pero que los días restantes deben buscar duchas públicas donde puede costar 40 pesos mexicanos por persona, unos 2 dólares. El esposo de 46 años trabaja como soldador en las cercanías del campamento, ella realiza labores domésticas en una choza elaborada por jabas de madera y lonas que personas en situación de calle venden desesperadamente para conseguir algo de dinero, mientras tanto la pequeña niña estudia en una preparatoria.
“En nuestros planes en ningún momento está regresar a El Salvador”, dijo a Infodemia la mujer de 33 años que antes se dedicó al comercio ambulante y que ahora espera una respuesta a una solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), institución a la que se han avocado otros 5.479 salvadoreños durante 2024.
Desde su llegada a la presidencia de EEUU en enero, Donald Trump, ha implementado duras medidas contra la migración irregular, entre ellas, reforzar la seguridad en la frontera sur, redadas y deportaciones masivas, promover la eliminación del derecho a la ciudadanía americana a hijos de inmigrantes sin estatus legal y la suspensión de una aplicación móvil para gestionar un ingreso legal al país. Expertos en el tema advierten de los riesgos de intentar cruzar irregularmente al país norteamericano por lo que consideran que el flujo ha disminuido.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el número de salvadoreños encontrados por la patrulla en los límites con México se redujó un 46% en enero, frente al mismo periodo del año previo, para un total de 1.968 personas.
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El salvadoreño José Rivera no le avisó a nadie de su casa que se iba a marchar rumbo a Estados Unidos. Manifestó que se fue por la pobreza. Hasta entonces vivía con su mujer y sus diez hijos en el cantón Cara Sucia, en Ahuachapán, a 15 minutos de la frontera con Guatemala. Habló con su esposa cinco días después de irse la tarde del 2 de mayo del año pasado. Ella le pidió que regresara, pero él continuó su camino. José también estuvo en el ejército desde 1986 hasta 1989, luego se ganó la vida cortando caña durante 24 años. En 2006 fue privado de libertad por posesión de marihuana para su consumo y cumplió su condena en 2012.
Sin mucho futuro en el país y con el sueño de comprar un carro y una casa, Rivera decidió emigrar. Llegó a la frontera de Tecún Umán pidiendo aventón, motivado por dos amigos que finalmente se quedaron en El Salvador. Cuando llegó a Tapachula, también se unió a una caravana, en la que viajó montando una bicicleta que le costó 300 pesos mexicanos, unos 15 dólares. Llegó hasta Saltillo, en el estado fronterizo Coahuila, pero las autoridades federales lo regresaron al sur de México.
El hombre de 55 años, que buscaba llegar a establecerse en Nueva Jersey donde un amigo que lo contrataría en su compañía de jardinería, no ha vuelto a intentar cruzar la frontera, permanece estacionado en el campamento.
Después de casi un año no tiene ni carro ni casa, en cambio ha conseguido una tienda y un trabajo como cargador de bultos que le deja 50 pesos mexicanos, equivalente a 2.50 de dólar por cada viaje que realiza en una pequeña carreta.
José sobrevive con 5 dólares diarios, producto de su trabajo. Dejó el alcohol y no ha tenido comunicación con su familia durante meses. Ya no le motiva construir una casa en el cantón Cara Sucia, tampoco le emociona la idea de tener un carro. Tras la llegada de Trump al poder, cree que es una causa pérdida hacer el intento de cruzar.
El 21 de febrero a José le dieron una paliza que le dejó sin visión en su ojo derecho. Según relató, un mexicano que trabaja en los alrededores del campamento lo golpeó en las piernas, los brazos y la cara porque se negó a entregarle dinero.
Regresar a El Salvador se ha convertido en una opción para José. Desea volver a jugar fútbol con su hijo de 13 años en la cancha del cantón. Desea ver a su madre de 96 años, quien lo ha olvidado debido al alzheimer. Desea ver a su esposa con quien cumplirá 33 años de estar juntos. Desea ver a sus hijos y volver a cortar caña, aunque ello no le dé suficiente dinero. José desea ser deportado porque no tiene los suficientes recursos y fuerzas para regresar a su país.
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