La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará una audiencia pública el próximo martes 12 de noviembre para examinar las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y su impacto en la democracia y los derechos humanos.
En resumen:
- La CIDH realizará el 191 período de sesiones para discutir temas de importancia sobre derecho para los países del continente.
- En la audiencia pública relacionada para El Salvador participará el Estado y tres organizaciones civiles.
- Expertos en estado de derecho temen que magistrados de la Corte Suprema de Justicia incumplan sus funciones de amparar a la ciudadanía contra los “excesos del poder”.
Por Kenneth Delgado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo una audiencia pública la próxima semana para analizar las propuestas de reformas a la Constitución en El Salvador y su posible impacto en la democracia y derechos humanos en el país.
De acuerdo con el calendario, la CIDH realizará el 191 período de sesiones entre el 11 y 15 de noviembre con el objetivo de ofrecer un espacio para discutir temas de importancia para los países del continente.
“Estas sesiones permitirán el intercambio de información entre víctimas, sociedad civil y representantes del Estado, abordando temas urgentes en 17 países y en contextos regionales y regionales. También se dará seguimiento a peticiones y medidas cautelares”, dijo CIDH.
La sesión para El Salvador está programada para el martes 12 y en ella participarán representantes del Estado y de las organizaciones civiles, Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).
El 15 de septiembre de 2021, el vicepresidente Félix Ulloa dio a conocer “el proyecto de reforma constitucional”, que el presidente Nayib Bukele le había encargado un año antes, con 216 modificaciones a los 274 artículos de la Constitución vigente, según las publicaciones en el sitio oficial de la presidencia.
“Desde su llegada al poder en 2019, el gobierno de Nayib Bukele ha promovido, sin ningún debate público, reformas a la Constitución que apuntan a consolidar el poder del Ejecutivo sin contrapesos y que ponen en riesgo la democracia en El Salvador”, dijo DPLF en un comunicado de prensa.
La organización regional que busca promover los derechos humanos y el Estado de Derecho en América Latina teme que la actual conformación de magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia incumplan sus funciones de amparar a la ciudadanía contra los “excesos del poder”.
En mayo de 2021, los diputados oficialistas y sus aliados en la Asamblea Legislativa destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en un proceso polémico supuestamente porque bloquearon el trabajo gubernamental durante la pandemia de COVID-19 un año antes.
Los legisladores impusieron en su lugar a magistrados alineados con el oficialismo. Los jueces han sido claves para supuestamente favorecer las políticas impulsadas desde el Ejecutivo liderado por Bukele.
“La Sala de lo Constitucional, con esta nueva composición, ha emitido decisiones contrarias a derecho y favorables al gobierno, como la que dio paso libre a la reelección presidencial inmediata pese a estar prohibida por la Constitución salvadoreña. Asimismo, desde marzo de 2022 a la fecha, durante la vigencia de un prolongado estado de excepción, la Sala ha negado masivamente la protección judicial en procesos de hábeas corpus en casos de personas detenidas injustamente o desaparecidas”, dijo DPLF, que tiene su sede en Washington.
La audiencia en CIDH fue solicitada por DPLF y un grupo de abogados y abogadas constitucionalistas integrado por Sandra Santos, Gabriela Santos, Ruth López, Enrique Anaya, Rodolfo González y Abraham Abrego.
Te puede interesar:
