El 2 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Fact Checking y este año desde la red latinoamericana de chequeadores, LatamChequea, queremos aprovechar este día para salir a decir algo muy claramente: el fact checking sirve. Y no lo decimos nosotros, lo muestra la evidencia.
Un grupo de religiosos acudió a la Asamblea Legislativa para pedir la derogatoria de la nueva ley de la minería metálica, pero el oficialismo los acusa de no pronunciarse en otros temas, como el de la inseguridad en el pasado.
Para la creación de la Constitución vigente se realizó una elección para que los salvadoreños eligieran a los integrantes de la Asamblea Constituyente y no hubo una autoproclamación como afirmó el vicemandatario electo.
La reforma exprés aprobada por la legislatura 2021-2024 en su última sesión plenaria, y que será ratificada más temprano que tarde, se erige como una nueva vía para atacar la libertad de expresión y prensa en El Salvador.
Expertos señalan que las acciones de los diputados ignoran sentencias de la Sala de lo Constitucional y que la misma Constitución prohíbe reformar ciertos artículos.
Mientras el vicepresidente Félix Ulloa dice que se está en el momento propicio para impulsar una reforma de la Carta Magna, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, señala que no lo están evaluando aún.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó el pasado 3 de enero que no hay ni una idea sobre reformar la Constitución. Esto es falso ya que el 15 de septiembre de 2021 se oficializó la entrega del proyecto de reformas a la Constitución liderado por el vicepresidente, Félix Ulloa.
El presidente Nayib Bukele presentó ante la Asamblea Legislativa a la designada a la Presidencia para que lo suplan en los próximos meses para correr inconstitucionalmente por la reelección inmediata. Esposa, hermanos, primos, tíos o cuñados lo tienen prohibido.
La posible reelección del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele se consolidó en varias acciones del mandatario y su gabinete oficialista que, de cara a las próximas elecciones el 2024, desafía a la Constitución que lo prohíbe en al menos 6 artículos.
