El decreto 803, que da pie a una sola causa para varios imputados, viola derechos fundamentales y constitucionales, aseguran las expertas.
En resumen
- Diputados aprobaron reformas transitorias para que el sistema judicial procese penalmente a todas las personas detenidas durante el régimen de excepción en audiencias masivas.
- Los imputados serán juzgados de forma colectiva y no individual, por lo que abogados defensores temen que paguen “justos por pecadores”.
- Organizaciones de DDHH señalan que autoridades detuvieron personas de forma arbitraria, por cuotas de capturas impuestas a la Policía o denuncias anónimas.
Por Nelson Rentería
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció a inicios de abril que las autoridades están por presentar en los tribunales de crimen organizado acusaciones contra 230 clicas, o unidades territoriales de la Mara Salvatrucha (MS-13), que operaban en el país, una declaración que ha levantado las alertas de abogadas defensoras ya que podría haber vulneraciones al debido proceso a personas inocentes.
Villatoro dijo que en las denuncias van a incluir casos de homicidios, posesión de droga, portación ilegal de armas de fuego y la utilización de menores de edad para cometer delitos en diferentes regiones del país entre 2012 y 2022.
“Son 230 clicas que en los próximos días estarán empezando a presentarse en los diferentes juzgados de crimen organizado; esto es para empezar a hacerle frente a este fenómeno”, señaló en la entrevista Frente a Frente el día 2 de abril.
Durante la misma intervención en el espacio televisivo, el funcionario expresó que en “algunos casos”, estos procesos podrían superar los 2.000 imputados en una misma causa porque las unidades de esta estructura están integradas por numerosos miembros.
Abogadas que defienden a víctimas de capturas arbitrarias y sin vínculos con pandillas, así como organizaciones de derechos humanos, temen que estos procesos prolonguen las detenciones por varios años y que luego miles de personas inocentes sean condenadas junto con miembros de pandillas, pese a no tener vínculos.
“(Las autoridades) se jactan que son 79,184 (detenidos) ¿y de todos esos cuántos son inocentes? ¿por qué no los liberan? Que se queden con todos los mareros, con todos los criminales que ellos quieran tenerlos, lo que nosotros queremos que la gente buena vuelva a casa”, dijo la abogada Jayme Magaña del equipo legal del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) durante la presentación de su informe de 2 años de régimen de excepción.
El SJH señaló que algunas personas llevan dos años detenidos y, que con la normativa vigente, se le sumarán otros dos años mientras dure la investigación de parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Su detención puede extenderse si en una audiencia preliminar, un juez decide mantener en prisión preventiva al procesado, con esto podrían pasar hasta 6 años en la cárcel sin tener una condena.
El 26 de julio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 803, referido a disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción, decretado a partir del 27 de marzo de 2022.
“Se faculta a la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo un procedimiento transicional con el objeto de agrupar por estructura a imputados en procesos en instrucción en diferentes tribunales, cuando se considere que los detenidos pertenecen a una misma estructura criminal, a efecto de determinar la sede judicial que conocerá de su proceso”, señala el artículo 2 del decreto.
Para las expertas, con la aplicación del decreto 803 lo que va a suceder es que los juicios de instrucción y de sentencia programados para este año se van a realizar hasta mediados de 2026, 2027, o incluso hasta 2028.
“Ahorita está suspendida la investigación, ese es el análisis que hacen los tribunales y los abogados, está como en suspenso ¿por qué? Porque están trabajando el tema de la territorialización. Si su familiar es de Altavista, donde hay control de una pandilla específica, resulta que (al inocente) lo van a meter con una de las clicas de allí”, dijo Ingrid Escobar, directora del SJH.
“El decreto 803 es criminal”, agregó.
En agosto de 2023, la abogada Roxana Cardona Ortiz presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 803, solicitando como medida cautelar la no aplicación del mismo por violación a derechos fundamentales y constitucionales.
“El ministerio público ha solicitado una interrupción del plazo de instrucción para ordenar en un solo proceso, solicitando dos años para ordenarlo, siendo hasta el 2025 y luego pedir otros dos años para la etapa de instrucción, donde los señores jueces están concediendo dicho plazo”, denunció en el escrito.
“JUSTOS POR PECADORES”
La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo de Nayib Bukele, aprobó el decreto 803 para realizar procesos penales masivos sin que fuera necesario individualizar las responsabilidades de las personas involucradas, una decisión que ha sido criticada por organismos de derechos humanos porque abre las puertas a condenas a personas inocentes.
“Para el sometimiento de imputados a una sola causa en virtud de su pertenencia a la organización, se tendrán en cuenta cualquiera de los siguientes criterios: estructura, denominación, funcionamiento, territorio u otros que resulten aplicables a criterio del fiscal y de acuerdo con los elementos indiciarios con que se cuente para ello”, señala el referido decreto.
Durante dos años de vigencia del estado de emergencia, que suspende algunas garantías constitucionales, soldados y policías han detenido a 79,184 personas, la mayoría bajo cargos de agrupaciones ilícitas.
Organizaciones civiles estiman que del total de detenidos, unas 26.000 son inocentes.
La Directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IHDUCA), Gabriela Santos, señaló que al principio del régimen de excepción se establecieron cuotas de capturas para soldados y policías o que son producto de denuncias anónimas y que el Estado no tiene la capacidad real para procesar toda esa cantidad de personas siguiendo los principios.
“La generalidad de las disposiciones (…) abre la posibilidad, y esto de los aspectos más graves, de sustituir la responsabilidad individual, que es básico en el derecho penal, es decir, cuando una persona es detenida en materia penal debe ser individualizada la participación que ha tenido en el cometimiento del delito y esto se sustituye por una responsabilidad colectiva, es decir que las personas sean acusadas, e incluso, potencialmente condenadas por una atribución genérica”, expresó durante su balance de dos años del estado de emergencia.
Además, señaló que esta normativa reduce los estándares de calidad de pruebas en los procesos porque no se establece con certeza los elementos probatorios.
“Vamos a estar con esta cantidad de personas inocentes, que no tienen ningún tipo de antecedente penal que van a estar guardando prisión, una medida que debe ser la última en ser aplicada y vamos a tener a las personas detenidas por cuatro años, si estamos considerando a las personas que fueron detenidas al inicio del régimen de excepción”, sostuvo Santos.
