Hay un régimen de terror contra los empleados de gobierno que osan revelar las deficiencias en los sistemas de salud y educación, o simplemente ejercer el derecho a la libertad de expresión y contradecir de paso la propaganda gubernamental. Todo aquello que ponga en duda la eficacia o la imagen de la administración entra en el campo minado del crimen y del consecuente castigo. Espionaje, humillaciones y chantajes son algunos de los mecanismos de los que se vale el gobierno de Bukele para intentar reprimir reclamos de derechos laborales o señalamientos hacia todo aquello que controvierta el discurso oficial.
Instituciones de gobierno indican que el país centroamericano recibió 3,4 millones de turistas el año pasado, sin embargo, esta cifra tiene una discrepancia con las estadísticas de ONU Turismo, pero esto se debe a la inclusión de una variable adicional que según los expertos es correcta.
Los representantes legales y fundadores de estas empresas enfrentaron a la justicia por pagos de sobornos, malos manejos de fondos o contrataciones opacas. Sin embargo, eso no impidió que el Estado durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammatei siguieran requiriendo sus servicios y les inyectaran recursos con millonarios contratos de obra pública o adquisición de medicinas. Algunos de estos contratos sobreviven hasta el año 2024 cuando gobierna Bernardo Arévalo. Estas son las empresas que resistieron una embestida anticorrupción sin parangón en el país y que en conjunto han firmado contratos con el Estado de Guatemala por US$1.8 millardos (Q14 millardos).
Se registra un aumento de 10.1% de las jefaturas femeninas en 17 años. Según expertas consultadas, este fenómeno está vinculado a la violencia, pero, además, a las actuales políticas de seguridad, principalmente el régimen de excepción.
No hay evidencia estatal que sostenga que el estado de excepción hondureño, decretado hace casi dos años, haya tenido éxito en acabar con las extorsiones pandilleras y reducir la violencia. Lejos de eso, los casos de abusos policiales cometidos bajo estos “súper poderes” otorgados a los uniformados van desde tortura, agresiones sexuales, desapariciones e incluso asesinato.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará una audiencia pública el próximo martes 12 de noviembre para examinar las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y su impacto en la democracia y los derechos humanos.
Previo a una visita oficial del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Costa Rica, su homólogo Rodrigo Chaves declaró a la prensa al menos dos afirmaciones que entran en la categoría de Falso.
Óscar Alexis Arévalo, un joven de 19 años, fue encontrado recientemente en una fosa clandestina. Organizaciones sociales denuncian reserva de información y falta de voluntad política en casos de personas desaparecidas.
En resumen:
La inflación llevó a muchas familias salvadoreñas a reducir o dejar de comprar insumos esenciales de la canasta básica.
El Gobierno creó una red...
Luego de 17 años, el Gobierno de El Salvador presentó los resultados de un censo de población y vivienda en el cual registró un aumento de las personas que se autodefinen como indígenas y afrodescendientes, grupos étnicos tradicionalmente discriminados.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se negó a proporcionar los índices de información reservada, argumentando que estos se pueden consultar a través de los Portales de Transparencia de cada entidad obligada, lo que es falso.
Un reciente informe de expertos forenses, solicitado por Human Rights Watch (HRW), reveló serias fallas en la atención médica y en la posterior investigación posterior a la muerte del exasesor de seguridad del gobierno salvadoreño, Alejandro Muyshondt.
