Decenas de ciudadanos han salido de emergencia del país ante el incremento de la persecución de Nayib Bukele por sus posturas críticas a su administración.
La reconocida abogada, experta en corrupción y derechos humanos, fue detenida hace un año por las autoridades y todos los detalles sobre su caso se mantienen bajo reserva en el tribunal.
*Discurso de Angélica Cárcamo, directora de Infodemia y directora ejecutiva de la Red Centroamericana de Periodistas, en una audiencia en el Parlamento Catalán.
En el marco de la celebración del día de la madre, un grupo de mujeres, familiares de capturados durante el estado de emergencia, lanzaron frente a Catedral de San Salvador un movimiento de solidaridad ante la violaciones a derechos humanos.
En redes sociales, numerosos perfiles de la sociedad civil denuncian la reciente captura de una maestra en el marco del Régimen de Excepción, pero el caso no es nuevo.
El gobierno salvadoreño acusa al periódico de evasión de impuestos, aunque sus representantes rechazan las acusaciones y apuntan a represalia por sus investigaciones que exponen sus pactos con pandillas y casos de corrupción.
El excomisionado de DDHH, Andrés Guzmán, celebró el segundo lugar en ventas en Amazon de su libro para promocionar las polémicas medidas de Nayib Bukele para combatir las pandillas y la delincuencia, pero no todo está dicho.
Un tribunal superior libró a la Fuerza Armada a pedir perdón por su responsabilidad en el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses que fueron ejecutados durante una emboscada militar en el marco de la guerra civil en la década de los ochenta, acto que le hubiese correspondido al presidente Nayib Bukele al ser su comandante general.
Analistas cuestionan la decisión del Congreso salvadoreño que realizó una nueva reforma exprés a la Constitución para permitir que la diáspora cuente con diputados para su representación y despartidizar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Protectores del medio ambiente sostienen que en el país existe una persecución del Estado contra voces que se alzan contra el deterioro de los recursos naturales e inminentes proyectos extractivistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al Estado salvadoreño que la aplicación de cadena perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana.
La institución encargada de proteger los derechos humanos en El Salvador ha recibido miles de denuncias que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y capturas arbitrarias presuntamente cometidas por agentes del Estado durante el régimen de excepción de Bukele, pero ha guardado silencio.